Siete consorcios quedaron en carrera por las represas del Comahue y el Gobierno define la privatización

El proceso para volver a privatizar las cuatro represas hidroeléctricas del Comahue entró en su tramo decisivo.

El Gobierno habilitó a siete consorcios para avanzar a la instancia final de la licitación que definirá quiénes se quedarán con la operación de Alicurá, El Chocón–Arroyito, Piedra del Águila y Cerros Colorados, un paquete estratégico que concentra alrededor del 15% de la generación eléctrica del país.

Tras evaluar la documentación técnica, legal y financiera, el Ministerio de Economía resolvió qué oferentes cumplían con los requisitos mínimos para continuar en competencia.

De los consorcios interesados, quedaron en carrera los actuales operadores Enel, AES Argentina, Central Puerto (en alianza con Central Costanera) y Orazul, además de los grupos encabezados por Edison; Aluar junto a Genneia; y Pampa Energía.

La resolución oficial dejó afuera a IPS Renewal por no acreditar antecedentes suficientes como operador de grandes centrales, además de incumplir exigencias técnicas y legales, según informó TN. Si bien en la etapa inicial se habían informado nueve propuestas, luego se confirmó que algunos jugadores optaron por fusionar ofertas para reforzar su posicionamiento.

La cita clave será este viernes, cuando se abran los sobres con las ofertas económicas mediante la plataforma CONTRAT.AR. Allí se conocerán el canon comprometido por cada operador y los planes de inversión que presentaron para modernizar equipos, obras de seguridad y mantenimiento.

El diseño del pliego limita a un máximo de dos centrales por empresa, con el objetivo de evitar una concentración excesiva del negocio.

En el Palacio de Hacienda mantienen la expectativa de que el proceso supere los cálculos iniciales de recaudación. En una primera estimación, el Gobierno proyectaba ingresos por unos US$500 millones, pero el nivel de interés despertado en el sector empujó esa cifra a un rango cercano a los US$700 u US$800 millones, según fuentes oficiales y privadas del mercado energético.

Si no hay dilaciones administrativas, la preadjudicación se anunciaría en los primeros días de diciembre. Luego se abrirá la ventana para eventuales impugnaciones y, cumplido ese plazo, se avanzará con la adjudicación definitiva. El cronograma prevé que los nuevos concesionarios tomen el control de las represas durante los primeros meses de 2026.

Las centrales que ahora vuelven a licitarse habían sido concesionadas por 30 años y sus contratos expiraron hace más de dos años. Desde entonces, siguieron operando bajo prórrogas excepcionales mientras se rediseñaba el esquema de reprivatización. El Ejecutivo apunta a un modelo con reglas estables de largo plazo que garantice inversiones, eficiencia operativa y previsibilidad tarifaria dentro del sistema eléctrico.

En paralelo a este proceso, el Gobierno ya trabaja en la siguiente etapa del programa hidroeléctrico. A través de Enarsa, lanzó una auditoría técnica para evaluar el estado de otras siete represas cuyos contratos vencen entre fines de 2025 y mediados de 2026: Futaleufú, Cabra Corral, El Tunal, Ullum, El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo. El relevamiento permitirá estimar inversiones necesarias y definir las condiciones de futuras concesiones.

Desde el Gobierno sostienen que la decisión de avanzar con estas privatizaciones responde a la necesidad de atraer capital y profesionalizar la operación del parque hidroeléctrico. En el sector, en cambio, el debate combina expectativas por la llegada de inversiones con interrogantes sobre precios, control estatal y el impacto en el mercado mayorista de energía.