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Política General

El Gobierno pidió ayuda a EEUU para investigar a tuiteros que apoyaron a Campagnoli

La investigación -en la que participa el Homeland Security norteamericano, que tiene la potestad de detener personas- surgió a raíz de una denuncia por supuesto hostigamiento en las redes por parte de la sucesora de Campagnoli

El gobierno argentino pidió colaboración a los Estados Unidos para investigar a los usuarios de Twitter que denuncian la existencia de una persecución política contra el fiscal que lucha para no ser destituido.

La denuncia que dio pie a la investigación la realizó en el mes de enero Cristina Caamaño -sucesora de Campagnoli en la fiscalía de Núñez-Saavedra- quien hizo una denuncia contravencional contra un grupo de internautas que, según la denuncia, la hostigaba a través de la mencionada red social. [pullquote position=”right”]El Gobierno pidió ayuda a EEUU para investigar a usuarios de Twitter que apoyaron a Campagnoli[/pullquote]

A raíz de ello, la fiscal Daniela Dupuy solicitó al jefe de la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal que “arbitre todos los medios a su alcance con el objeto de recabar todos los datos” de los siguientes usuarios: @SergioFDoormann, @richito18, @eleduMOP, @ProcuLegitima, @Vigoroth92, @CarlBonifatti74%, @mariaFerrante, @anamagarupstre, @scarlet1864, @anabelochio, @ignacioRodrigu1 y @andres_rimoldi, según consignó el portal Infobae.

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El pedido de ayuda del Gobierno a los Estados Unidos para investigar a los tuiteros se conoció luego de que  los usuarios hicieron saber que el 16 de junio recibieron una solicitud de información enviada por el departamento legal de Twitter, motivada por un requirimiento del Homeland Security norteamericano, que se creó tras el atentado a las Torres Gemelas y que tiene la potestad de detener personas.

El pedido del Gobierno fue cursado a través de Cancillería.

En ese contexto, Ignacio Rodríguez Varela y Andrés Rimoldi -propietarios de dos de las cuentas investigadas e integrantes del equipo de Campagnoli- presentaron un habeas corpus preventivo para conocer de dónde provenía el requerimiento y averiguaron que el punto de partida había sido la acción de la fiscal Caamaño.

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En defensa de los investigados intervino la abogada Daniela Portino González -socia de Ignacio Irigaray, defensor de Campagnoli en el jury de enjuiciamiento-, quien hizo una presentación legal ante la embajada de los Estados Unidos y logró que la investigación se frenara.

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