A pesar de buscar diálogo con los gobernadores, Javier Milei vetó la ley de distribución de los ATN

El presidente Javier Milei firmó el veto de la ley que establecía la distribución automática de los ATN entre las provincias, una iniciativa impulsada por los gobernadores para sustituir el reparto discrecional de esos fondos. La medida se da tras observar las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica en el Garrahan, que también fueron vetadas por el Ejecutivo.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó la decisión de Milei y defendió que cada uno de los vetos tiene justificaciones presupuestarias. Dijo que la ley de ATN sancionada el 21 de agosto “va a ser anulada” porque, en la visión del Gobierno, las normas que implican gasto deben tener “una explicación, ya sea presupuestaria o para evitar medidas populistas”.

El Gobierno recibió a los gobernadores aliados para intentar recomponer el vínculo

Las provincias reaccionaron con fuerte dureza. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, dijo que el veto “no debe ser una solución”, y alertó que vetar una ley consensuada por todos los gobernadores mientras se convoca a una “mesa de diálogo” es contradictorio. Sáenz sostuvo que “ceder no significa claudicar, se pueden buscar muchas soluciones alternativas antes de vetar … El veto no debe ser una solución”.

El argumento central de la Casa Rosada para vetar fue el llamado “equilibrio fiscal”. El Gobierno reclama que las leyes que comprometen gastos automáticos —como las del financiamiento universitario, la emergencia pediátrica y ahora la distribución de los ATN— tienen un efecto presupuestario que consideran insostenible si no se identifican fuentes de financiamiento claras. En palabras de Adorni: “No existe solución mágica” y el Ejecutivo “continuará explicando que cada uno de los vetos tiene una explicación … presupuestaria”.

El veto al reparto automático de los ATN marca un punto de tensión política fuerte entre el Gobierno nacional y las provincias. En paralelo, el Ejecutivo insiste con abrir un diálogo con mandatarios provinciales, pero la medida es vista por muchos gobernadores como un gesto de intransigencia.