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Judiciales

Juez riojano anula investigación contra Milani, por supuestas torturas en la última dictadura

En julio de 2013 Ramón Alfredo Olivera ratificó en la Justicia que, en la década del 70′, Milani participó en la detención de su padre y lo hostigó a él en un interrogatorio mientras permanecía detenido

La Justicia federal de La Rioja declaró nula la investigación que se realizaba sobre el jefe del Ejército, teniente general César Milani, en la causa sobre la detención del ex preso político Ramón Alfredo Olivera, ocurrida en 1976 durante la última dictadura militar.

Así lo decidió el juez federal riojano Daniel Herrera Piedrabuena, quien además dispuso la apertura de una nueva pesquisa, por lo cual el caso vuelve a foja cero.

En julio de 2013 Olivera ratificó en la Justicia lo que había declarado ante la comisión provincial de derechos humanos en 1984, cuando sostuvo que Milani cuando era teniente del batallón de Ingenieros de Construcciones 141 de La Rioja, en la década del 70′ participó en la detención de su padre y lo hostigó a él en un interrogatorio mientras permanecía detenido durante la dictadura. [pullquote position=”right”]Juez riojano anula investigación contra Milani, por supuestas torturas en la última dictadura[/pullquote]

La decisión del magistrado fue tomada luego de que el fiscal federal Horacio Salman aceptara los argumentos de la defensa de Milani. El propio Milani en mayo pasado se defendió remarcando: “Se probó que cuando ocurrieron los hechos contaba con 21 años de edad y que el día 12 de marzo de 1977 no estaba a cargo, ni pude haber participado, del procedimiento que concluyó con la detención del señor Pedro Adán Olivera (padre del denunciante)”.

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La fiscalía actuó en primer término a través de otro titular, Martha Kunath, ante la inhibición del titular, Darío Illanez, y recién luego recayó en Salman. Según trascendió, Herrera Piedrabuena argumentó que la fiscalía no había cumplido con “las mínimas garantías constitucionales”.

Tras la orden del juez, Olivera aseveró a la prensa: “Me preocupa quién va a investigar a partir de ahora”. En La Rioja se aguarda que la Procuración de la Nación designe un nuevo fiscal en este caso, si es que Salman se aparta.

Olivera había declarado ante los estrados judiciales: “Me hicieron como simulacro de fusilamiento, en todo momento, al empezar el interrogatorio, era como que me iban a fusilar. Cuando me sacan a declarar, aparentemente, ellos me sacaron de la cárcel porque anduvieron mucho tiempo en vehículo, pero después me vuelven a la cárcel, yo creo que finalmente declaré en la cárcel. Me decían que yo tenía que colaborar, que ellos ya estaban en el Gobierno e iban a estar 40 años”.

“Milani me dijo ‘a vos te cortamos la carrera’ aludiendo que me habían cortado la carrera de guerrillero”, denunció Olivera en su declaración ante la justicia riojana. Además, el actual titular del Ejército tiene una causa en Tucumán por a desaparición del soldado Agapito Alfredo Ledo, ocurrida el 17 de junio de 1976, cuando Milani lo tenía a cargo durante el denominado operativo ‘Independencia”.

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En reiteradas veces Milani insistió en su inocencia en las acusaciones que pesen en su contra por su presunta participación en delitos contra los derechos humanos durante la década del 70 cuando estuvo destinado en Tucumán y La Rioja.

Por su parte, el juez federal Daniel Rafecas tiene una causa en la que se investiga a Milani por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, luego de que una investigación periodísticas señalara que el jefe militar cobraba un sueldo 15 mil y, sin embargo, posee un lujoso chalet en el barrio La Horqueta, del partido de San Isidro, así como coches de alta gama y otros bienes, entre ellas cuatro propiedades en Cosquín, Córdoba.

Judiciales

Marcelo Balcedo solicitó refugio en Uruguay para no ser extraditado a la Argentina

El ex titular de SOEME fue condenado en el país vecino a cuatro años y ocho meses de prisión por lavado de activos, contrabando y tráfico de armas

Novedades desde el ámbito judicial. Durante las últimas horas, Marcelo Balcedo y su mujer, Paola Fiege, presentaron un pedido para convertirse en refugiados en Uruguay y evitar de ese modo su extradición a la Argentina

El ex titular Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (SOEME) está acusado por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y malversación de fondos públicos.

Fiege confirmó al diario uruguayo El Observador el pedido presentado ante el vecino país, dado a conocer por Telenoche.

Fuentes cercanas al caso dijeron al canal TN que la notificación formal de la solicitud de refugio al Uruguay llegó ya a la justicia argentina.

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Por ello, quedó suspendida la entrega de ambos en el marco de la extradición solicitada por la Argentina. Además, la justicia uruguaya determinó la retención del pasaporte de Fiege, quien no podrá salir del país.

La CGT se mete en la carrera electoral y exige más “amplitud” al kirchnerismo para el armado de las listas

En la Argentina, Balcedo está procesado en una causa que investigó el desvío de casi 600 millones de pesos que correspondían a los aportes de los afiliados del SOEME entre 2012 y 2018.

La cifra representa más del 75% de los ingresos de la Dirección General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires.

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Judiciales

Comodoro Py: se retira otro juez y se amplían las vacantes en los tribunales que investigan los casos de corrupción

Se trata de Luis Rodríguez, que deja su cargo tras once años y ya son cuatro los puestos vacantes en uno de los fueros más controversiales del país.

Luego de tomarse unos días de licencia, el magistrado Luis Rodríguez anunció su retiro como titular de uno de los juzgados federales de Comodoro Py. Con la salida del juez, ya son tres quienes dejan su cargo, en el fuero que lleva adelante las causas por delitos de corrupción, entre otros.

Actualmente, de los 12 juzgados federales que hay en Comodoro Py 2002, tres están vacantes, uno de ellos lo ocupaba el fallecido juez Claudio Bonadio; otro, el renunciado juez Rodolfo Canicoba Corral, y el tercero, el juez Sergio Torres, quien pasó a ocupar una de las vocalías de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

Con la jubilación de Rodríguez una cuarta silla quedará libre, en el emblemático tribunal. “No se sabe cuándo, pero para abril ya no estará más. Quizás antes”, indicaron fuentes cercanas al funcionario judicial, que al parecer tomó la decisión por un grave problema familiar.

Si bien el desembarco de Rodríguez a la justicia federal, en 2012, generó una fuerte controversia, ya que su concurso quedó envuelto en un escándalo político, el magistrado bajó su perfil y se ocupó de pocas tareas, y desde la pandemia dejó de acercarse a los tribunales y de presentarse a concursos de subrrogancia.

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Vale destacar que sin el apoyo de PRO, el magistrado no hubiera logrado los votos necesarios para pasar de ser un juez de instrucción a convertirse en juez federal tras el concurso 140, tildado de irregular. Además, Rodríguez contaba con el apoyo determinante del auditor general Javier Fernández, cercano al entonces jefe operativo de los servicios de inteligencia, Jaime Stiuso.

La polémica se dio cunado circuló la versión de que el juez había accedido a las preguntas de las pruebas que se tomarían en el examen, ya que había solicitado acceso a uno de los casos que entrarían en el temario, finalmente el funcionario obtuvo 90 sobre 100 en el resultado del análisis.

Entre los casos más resonantes en los que se involucró el juez, se encuentran las causas por amenazas de muerte que había recibido el fiscal Alberto Nisman, también elevó a juicio una causa por antisemitismo contra el dirigente Luis D’Elía y sobreseyó por enriquecimiento ilícito a Carlos Liuzzi, el ex subsecretario de Legal y Técnica.

También procesó al periodista de Clarín Daniel Santoro, en sintonía con las sucesivas denuncias judiciales motorizadas por el kirchnerismo, aunque luego fue sobreseído.

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Judiciales

La Justicia rechazó el pedido para que prescriba la causa por la valija de Antonini Wilson

La medida había sido presentada por los ocho imputados en la investigación que irá  juicio el próximo 8 de marzo, entre ellos el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray y el ex funcionario k, Julio De Vido.

La Justicia rechazó un pedido de anulación presentado por las defensas de ocho ex funcionarios del gobierno de Néstor Kirchner, en el marco de la causa que investiga el intento del empresario venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson, de introducir unos 800 mil dólares a la Argentina en un vuelo privado en 2007.

De este modo, el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1, desestimó una medida introducida por el ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, para declarar prescripta la causa que lo involucra.

A través de un fallo unipersonal, el juez Luis Losada dispuso “diferir el tratamiento de la extinción de la acción penal solicitada a favor del imputado Ricardo Echegaray por lesión al plazo razonable para ser juzgado a las resultas del próximo debate”.

Es que Echegaray, deseaba que se le otorgue la proscripción antes del inicio del juicio oral, que tiene fecha para el próximo 8 de marzo, en donde deberá enfrentar los cargos que se le computaron en 2018.

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La investigación estuvo a cargo del juez Pablo Yaradola, quien fue recusado ante el Consejo de la Magistratura, por haber participado del viaje secreto de magistrados y funcionarios porteños a la estancia del magnate británico Joe Lewis, en Lago Escondido.

Por su parte, el tribunal que juzgará a Echegaray y a los demás imputados, entre los cuales estarán Antonini Wilson y el ex ministro de planificación federal, Julio de Vido, estará integrado además de Losada, Diego García Berro e Ignacio Fornari, y el fiscal será Marcelo Agüero Vera.

Siendo inminente la celebración del debate no resulta razonable su tratamiento con antelación, atento a no resultar evidente la existencia de tal extinción, sino sujeta a amplia contradicción entre las partes”, indica el fallo que ratificó el inicio del juicio.

Vale recordar que el caso sucedió en la madrugada del 4 de agosto del 2007, cuando Antonini Wilson intentó ingresar una valija con 790.550 dólares disimulados como libros en su equipaje de mano, que traía en un avión contratado por la empresa Energía Argentina SA (ENARSA), proveniente desde Caracas, Venezuela.

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