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Notas de Opinión

Drogas: documento de la Iglesia

La Iglesia alertó ayer sobre la “creciente tolerancia social” frente al consumo de drogas y denunció la “ausencia histórica y estructural del Estado” en la atención de una grave problemática que afecta a toda la sociedad. La Comisión Nacional sobre Drogadependencia, dependiente del Episcopado, advirtió que “no hay que criminalizar al adicto” y que el problema de la adicción tiene una magnitud “alarmante”.

“Con total naturalidad, hoy se admite que los chicos se droguen en la calle y en las plazas, y algunos identifican la venta de drogas con cualquier trabajo legítimo”, dijo el presidente de la Comisión de Pastoral Social del Episcopado, monseñor Jorge Lozano, al presentar el documento No criminalicemos al adicto.

“Antes daba vergüenza ser narcotraficante. Hoy se justifica esta actividad ilícita y se argumenta que si uno no lo hace, lo hace el otro”, denunció monseñor Lozano, acompañado por el padre Pepe Di Paola, uno de los principales referentes de los llamados curas villeros, que atienden diariamente a innumerables jóvenes afectados por el consumo del paco y por otras adicciones.

El padre Pepe, que realiza hoy su acción pastoral en las villas de José León Suárez, citó al papa Francisco, quien al inaugurar en 2008 un centro de rehabilitación de adictos en la villa 21-24, de Barracas, advirtió que “la sociedad anula a las víctimas de las drogas y las hace sobrantes”.

“Más allá de los avances significativos en materia de inclusión social en los últimos tiempos, notamos que falta mucho”, dice el documento, al plantear crecientes urgencias. Y añade: “Quienes viven al margen de la sociedad muchas veces buscan salidas alternativas para satisfacer sus necesidades básicas. Por ello nos conmueve y vemos con dolor que muchos jóvenes son empujados a la marginalidad, al sálvese quien pueda y como pueda, a la ruptura de los vínculos con su familia, a la violencia, al delito, a la droga”.

“Hoy la sociedad no alcanza a proponer a los jóvenes un ideal de vida, un proyecto de futuro”, dijo el obispo Lozano, al explicar que el problema es transversal y afecta a distintos sectores sociales: “Falta garantizar el acceso a una vivienda digna, a una educación adecuada y a una atención de la salud”.

El titular de Pastoral Social observó, además, signos de contradicción en la sociedad: “Hay un mensaje verbal de tolerancia frente al consumo y, al mismo tiempo, una actitud de marginación a los adictos, se los relega”. La comisión episcopal expresó que la despenalización del consumo de drogas, planteada en los proyectos legislativos del año pasado, fue el fruto de “un análisis apurado y superficial” y llamó a una prevención a través de una acción educativa, para que “aquellos que aún no entraron en contacto con las drogas o estén en un camino de iniciación no terminen pensando que son inocuas”.

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Notas de Opinión

Sin líderes consensuados, una crisis como las de 1989 o 2001 es más probable

Un descontrol total de la economía, dicen los expertos, es todavía improbable. Pero como nuestros partidos carecen de líderes que los unifiquen y orienten, la incertidumbre política agrava la incertidumbre económica

Columna publicada originalmente en Todo Noticias

Tanto el oficialismo como la oposición se abrazan a una expectativa: cuando lleguen las PASO van a poder relegitimar sus liderazgos, y podrán entonces superar la actual fragmentación y dispersión. Hasta entonces, no queda otra que soportar el chubasco de la crisis con lo que hay: coaliciones y partidos muy divididos, que no tienen forma de dirimir sus internas. Así, las estiran y enredan, y a lo único que pueden aspirar es a evitar rupturas de efectos irreversibles.

Las PASO, las primarias abiertas simultáneas y obligatorias, aparecen en esta descripción como la llave para resolver los problemas que hoy enfrentan las fuerzas políticas. Tanto el de sus divisiones, como el decisivo de la creciente falta de confianza de la sociedad. Pero más allá de que eventualmente esa votación pueda ofrecer una salida, lo cierto es que, de momento y hasta que ella se concrete, agrava esos problemas, pues prolonga inconvenientemente los tiempos para dirimir la cuestión.

La crisis exige flexibilidad y rapidez de respuesta, y el sistema de internas vigente desde 2009 les impide a los partidos proveérselas. La comparación con lo que ellos hicieron en las dos crisis más graves de la etapa democrática, las de 1989 y 2001, sirve para echar luz sobre el problema.

En los años ochenta aún teníamos partidos capaces de defender su rol y atender sus desafíos. Gracias a lo cual, aunque la crisis económica escapó por completo de control del gobierno de Alfonsín, el sistema logró generar rápidamente un recambio, y nuestra democracia se mantuvo a flote.

¿Qué fue lo que hicieron los partidos entonces? Simple: adelantaron primero sus internas y luego también las elecciones generales.

El PJ eligió su candidato en julio de 1988, un año y medio antes de la fecha inicialmente prevista para las presidenciales. Como se recordará, Carlos Menem derrotó en esa ocasión a Antonio Cafiero, en una competencia ejemplar que legitimó un nuevo liderazgo entre los peronistas, gracias al voto masivo y directo de sus afiliados. Fue en gran medida gracias a esas internas que el peronismo lograría mantenerse unido durante los tres años de feroz inestabilidad económica que siguieron.

A raíz de esa elección, además, el radicalismo entonces en el poder estuvo obligado a acelerar también su proceso se selección de candidatos. Y Alfonsín fue el primero en comprenderlo. Así que le levantó la mano al aspirante que tenía más chances, Eduardo Angeloz, con quien no se llevaba muy bien que digamos, pero eso no lo detuvo: necesitaba cerrar las disputas intestinas en su partido cuanto antes, porque si ellas se prolongaban, debilitarían aún más a su gobierno.

En suma, los principales partidos argentinos y sus líderes actuaron con responsabilidad y se mostraron flexibles y atentos a lo que mandaba la coyuntura que enfrentaban. Que exigía de ellos respuestas rápidas e innovadoras.

Adelantar la selección de candidatos fue la mejor forma que encontraron, tanto el oficialismo como la oposición de entonces, para evitar que la incertidumbre política que por sí misma generaba la sucesión presidencial, se agravara y alimentara aún más la ya desatada carrera de los precios, el dólar y la fuga de la moneda.

Si ambas fuerzas hubieran podido además cooperar mínimamente entre sí, hasta hubieran podido evitar la hiperinflación. Para tanto no les dio, pero al menos lograron procesar la alternancia y evitar que el desacalabro económico se estirara en el tiempo, deslegitimara al sistema en general y se llevara puestas las jóvenes instituciones republicanas.

Un poco más de una década después estos mismos partidos se enfrentarían, mucho más débiles, a una nueva catástrofe económica: el derrumbe de la Convertibilidad. Las divisiones en el PJ y la UCR contribuyeron y mucho a agravar esa crisis. Y explican en gran medida tanto la caída de De la Rúa como la sucesión de cinco presidentes en los días finales de 2001.

Los radicales esta vez no tuvieron forma de resolver sus disputas internas, y eso los condujo a sufrir dos profundos cismas y atravesar una larga y profunda crisis, de la que todavía están recuperándose. Pero al menos los peronistas lograron evitar sus propias internas, recurriendo a una solución ad hoc: que cada sector presentara su candidato a la elección general de 2003, con lo cual Eduardo Duhalde, en colaboración con Alfonsín, lograría mantener a flote el gobierno de emergencia el tiempo suficiente para que se estabilizara la economía y se generaran las condiciones para la recuperación. La década de expansión que siguió se forjó en esos cruciales meses de 2002 gracias, de nuevo, a la flexibilidad y rapidez con que se encararon los problemas de liderazgo en los partidos.

Hoy, ninguna de las principales fuerzas en pugna puede hacer algo así. Debido a un sistema demasiado rígido, inadecuado para enfrentar las situaciones de crisis, y que tiende por lo tanto más bien a agravarlas.

Nos referimos, claro, a las PASO, inventadas hace más de una década por Néstor Kirchner precisamente para complicar la posible sucesión del liderazgo en el PJ, y que de muy poco han servido hasta aquí. Pero en medio de una crisis de gobernabilidad económica, que cada vez se parece más a la de fines de los ochenta, puede que terminen mostrando que no solo son bastante inútiles y caras, sino que pueden ser incluso muy dañinas.

Y es que el sistema es demasiado rígido: obliga a todos los partidos y alianzas a dirimir sus candidaturas con una misma regla, en una sola fecha, y la establece muy cerca de los comicios generales. Cuando los partidos y frentes están alineados detrás de un liderazgo que controla los principales resortes de poder, sirven de poco. Básicamente para dificultar aún más la competencia: a las PASO se presentan listas únicas, ya digitadas desde el comando de las fuerzas políticas, subordinando o excluyendo a los disidentes. Es lo que sucedió entre 2011 y 2019.

Cuando los partidos y frentes están desunidos, pero no se elige gobierno y no hay crisis aguda, pueden ser medianamente útiles, aunque siguen siendo muy caras y engorrosas, como se observó en el caso de JxC en 2021. Pero si se llega a dar que están desunidos y encima hay crisis, el sistema es no solo inútil, sino nocivo: impide a las fuerzas políticas reaccionar anticipadamente ante el debilitamiento de la autoridad y la confianza pública, y obstaculiza la búsqueda de mecanismos más flexibles y mejor adaptados a las circunstancias. Es lo que está pasando en estos momentos.

El dato que mejor pinta el escenario resultante es que las internas de los partidos y alianzas se estiran y complican cada vez más, y lo único que atinan a hacer los protagonistas de tanto enredo es esperar a las PASO: “Ya lo vamos a resolver, cuando legue el momento de votar, dentro de un año y unos meses”. No suena eso a una respuesta muy razonable, dadas las urgencias que vive la sociedad, así que ella castiga a los dirigentes por estar “solo atentos a sus problemas e ignorar los de la gente”.

Es cierto que muchos de estos dirigentes son propensos al error, y por sí mismos se meten en más problemas. No se trata de disculparlos. Pero tal vez no sean peores que los de fines de los ochenta o comienzos de los dos mil, ni tampoco sea cierto que “solo les interesan sus internas”. Sucede que no logran sacárselas de encima, como sus antecesores hicieron en las situaciones de crisis con que tuvieron que lidiar, porque chocan con un límite estructural y muy difícil de remover: reglas de juego muy rígidas y muy lentas.

¿Hay alguna solución para este cuadro de bloqueo de un sistema de partidos que tendría que estar acomodándose mucho más rápido a la coyuntura que enfrenta? ¿Podrían una parte del oficialismo y de la oposición cooperar para flexibilizar esas reglas de juego? Deberían participar porciones importantes del FdeT y JxC, y trabajar contra reloj, porque mientras más se profundice la crisis de esos dos espacios, más difícil va a ser llegar a cualquier acuerdo. Pero por varios motivos es improbable que siquiera lo intenten.

Una reforma de las PASO exigiría la mayoría especial de ambas cámaras, porque se trata de una cuestión electoral. Reunir hoy 129 votos en Diputados y 37 en el Senado es casi imposible.

Además, expectativas cruzadas en el oficialismo y la oposición conspiran contra la búsqueda de una solucion de este tipo. En el Ejecutivo aún piensan que “lo peor ya quedó atrás”, así que mientras más tiempo pase, mejor. Creen que van a tener más chances de que la economía remonte, y remonte también la imagen de los integrantes del Gobierno, si hacen todo lo contrario de lo que hicieron Alfonsín, Menem y Duhalde: así que se sientan a esperar. Una vana esperanza, porque lo más probable es que lo peor aún nos esté esperando. Pero como se suele decir, quienes no tienen nada, aún tienen esperanza.

Además, pesa en contra de un eventual adelantamiento de las PASO la experiencia de 2019, cuando un resultado muy malo en esa votación para las listas oficiales debilitó la capacidad del Ejecutivo de controlar la economía en los meses que le quedaban de mandato, y sepultó sus chances para las elecciones generales. En las actuales circunstancias, por más que eventualmente las PASO servirían para dirimir la batalla entre Alberto y Cristina, seguro los resultados debilitarían a ambos, así que ninguno de los dos, ni sus seguidores, tienen mayor incentivo para apurar el trago.

En la oposición, en particular en JxC, mientras tanto, hay cada vez menos chance de llegar a acuerdos, en particular sobre la selección de candidatos. La estrategia de Macri parece ser la contraria: impulsa, incluso, romper acuerdos legislativos que se habían alcanzado, por ejemplo, sobre la ley de alquileres, contra todos los esfuerzos del resto de los aliados por mostrarse construyendo consensos programáticos.

Y, como si les faltaran, se siguen sumando aspirantes a la presidencia. Que repiten “nos vemos en las PASO”, como si fuera la solución mágica para todos los problemas. Una esperanza también vana, porque al ritmo que vamos cada vez es más difícil saber en qué condiciones nos van a encontrar las benditas PASO, y crecen las posibilidades de que, para cuando ellas lleguen, ya sea demasiado tarde para unos cuantos que hoy tienen, además de esperanzas, posibilidades, ideas y alguna capacidad de liderazgo.

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Notas de Opinión

Finanzas personales: estafa o incumplimiento contractual

Cuando vale la confianza. Inversiones en pozo y criptomonedas

Nota publicada originalmente en Infobae

En tiempos de crisis muchos inversores se ven inmersos en situaciones complejas. Ladrillos para los más conservadores, criptoactivos para los más osados, fueron opciones de inversión muy recurridas en los últimos tiempos. Ambos casos, sujetos a los avatares de fortuna y -muy especialmente- a la diligencia o negligencia empresaria, pueden frustrar un plan o sueño, personal o familiar.

En el primer caso, muchos de los que apoyaron a las constructoras para el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios bajo la modalidad “de pozo”, no ven cumplidas las entregas pactadas, ni en tiempo ni en forma. De esa manera, las dilaciones, frustraciones y disgustos se acumulan, y la demora para acceder a la vivienda propia puede, muchas veces, provocar un descalabro en las finanzas familiares, así como en la relación entre sus miembros: la frustración del sueño.

En tiempos en que muchos -algunos experimentados y otros no tanto- se han volcado al desarrollo inmobiliario como actividad comercial, hay que señalar que no son todos (constructoras o desarrolladoras) la misma cosa. Por más obvio que parezca, es importante resaltar que construir no es solo apilar ladrillos y materiales.

Indudablemente, aquellas desarrolladoras que supieron forjar un buen nombre y reconocimiento en el mercado, interesadas en conservarlos inyectan parte del capital recaudado durante las épocas doradas del sector, y de tal firma se imponen cumplir en tiempo y forma las entregas pactadas en sus obras, honorando la trayectoria y marca.

Muchas otras pretenden ampararse en situaciones de crisis -que por cierto existen-, amparándose en circunstancias de índole comercial, contractual o de abastecimiento que demoran entregas y el fin de las obras.

Algunos de estos casos llegan a conocimiento de abogados, que en ocasiones pueden demostrar la existencia de desvíos de fondos realizados fraudulentamente para exhibir un balance o estado de situación patrimonial a los inversores, que no es el real. O sea, no siempre se trata de aislados incumplimientos o demoras, ni son meras dilaciones contractuales, sino que puede existir una cuestión de índole penal, que a veces se conforma de entramados societarios complejos, facturas apócrifas, falsas declaraciones en calidad o especie de las cosas, que, por no haberse tomado la conciencia debida, puede provocar una sanción severa para sus responsables.

Indudablemente, cualquier empresa atraviesa desavenencias en estos tiempos de crisis, pero este ha sido el escudo de muchos, que deliberada y premeditadamente recogieron dineros para el desarrollo de uno o varios emprendimientos que acaban perjudicando, en su propio provecho.

La cuestión penal aparece cuando mediante ese ardid o engaño, alguien se compromete a entregar un producto determinado, en fechas ciertas, sabiendo que no va a poder cumplir, ya sea en las características de la cosa o en el tiempo.

Sabido es que construir un buen nombre puede llevar toda una vida o varias generaciones, y en poco tiempo algunos pueden arruinarlo para siempre; siendo irremontable cuando se estafó en la confianza.

Estrategias deshonestas

Vivimos un contexto en el cual algunos prometen obras faraónicas, otros -por ejemplo- garantizan rentabilidades extraordinarias por participación en mercados ligados a criptomonedas, asunto por demás popular en estos tiempos. Oímos a diario sobre promesas de rentabilidad y hasta de garantías de retorno de inversión en un mercado altamente volátil e imprevisible.

Las denuncias sobre fraude en la administración y disposición de criptomonedas han acrecentado sustancialmente en los últimos tiempos, y todo indica que seguirá ocurriendo, en tanto se sigan promocionando esas actividades comerciales de forma masiva, abierta y empleando las mejores técnicas de marketing para captar “clientes”.

Estos, atraídos por el mensaje encantador (muchas veces engañoso o falso) de sujetos populares o bien considerados socialmente que obran con llamativa temeridad -cuanto menos-, terminan siendo víctimas que en pos de no perder su patrimonio deben acudir a una investigación penal profunda, sofisticada y muchas veces costosa, para determinar la existencia del delito y aspirar a recuperar sus dineros o resarcir sus derechos.

Indudablemente las conductas delictivas marcarán por siempre a las empresas y personas cuando se trate de marcas familiares, en tiempos en que un incumplimiento grave se hace viral, y -sin ninguna duda- la buena publicidad o la mala reputación quedarán para siempre.

Nota en colaboración con Federico Cabuli

Columna publicada originalmente en Infobae

 

 

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Notas de Opinión

El Presidente, la fiesta y un cheque será un misil al sistema de derecho penal

La solución que ofreció Alberto Fernández para terminar con la causa penal que se le sigue por el festejo en la quinta presidencial podría generar un antecedente para que se extingan miles de causas.

Columna publicada originalmente en La Nación.

Hay una primera lectura que dispara la propuesta del presidente Alberto Fernández para extinguir la acción penal por su festichola en Olivos. Es poco o mucho 1,6 millones de pesos para finalizar el pleito y resarcir el daño. Pero quedarse apenas con esa mirada menuda es perder de vista el daño irremediable que la solución presidencial le hará al derecho penal argentino.

Si finalmente, el Jefe de Estado arrima el cheque para cancelar el pleito, se confirmará un antecedente que podría inundar de pedidos la justicia penal. Además, y quizá lo más graves, es que se consagraría una de las situaciones más injustas que se podría esperar de una sistema normativo que tiene penas privativas de libertad: la posibilidad de que quienes tengan dinero podrán desactivar sus acusaciones penales.

Pero como se dijo, quedarse apenas con la oferta presidencial es una mirada incompleta. La secuencia que se dio desde aquella publicación de la foto que sacó a la luz en LN+ Guadalupe Vázquez fue un compendio de ataques la la institucionalidad que podría terminar con un misil al sistema penal. Por un lado, impactaría porque la jurisprudencia podría usarse para miles de casos en los que se terminaría la acción penal. Por otro, porque se da una particularidad propia de los monarcas: el emisor de norma aplica la ley a sus súbditos pero no a si mismo. El Presidente destrozó una legislación no sólo que él mismo redactó sino que fue con la que construyó el único verano de aceptación que tuvo con la opinión pública.

El presidente, Alberto Fernández, junto a Fabiola Yáñez, en la presentación de su hijo Francisco

La primer reacción de Olivos fue matar al mensajero. En esa zona de confort del kirchnerismo, las voces que salían desde la cercanía de Alberto Fernández apuntaban a la malicia de la prensa y dejaban correr la certeza de que se trataba de una foto trucada.

Se podría trazar una ilusión y pensar que todo el país haya creído que se trataba de una manipulación fotográfica. Eso hubiera sido posible. Pero hay una certeza: los participantes de la acalorada y prohibida mesa sabían que aquella estrategia era mentira. Ellos y sólo ellos, con el Presidente incluido, sabían que esa escena efectivamente había ocurrido. Fue el engaño y la agresión al periodismo la primer reacción para ocultar el escándalo.

Tras el fracaso de la mentira se intentó con la culpa. Como esta vez no podía usarse el “Ah, pero Macri”, el Presidente utilizó otra línea argumental: “Fue Fabiola”.

El tiempo pasó y la tercera solución ya no es ante la opinión pública sino ante la Justicia: se optó por pesos. Y es aquí donde el Presidente tirará un misil contra el sistema penal argentino.

En principio, se debe encuadrar el hecho y la solución planteada. El origen del asunto es el nuevo Código Procesal Penal, que ya rige plenamente en Sala y Jujuy. El 13 de noviembre de 2019, la Comisión Bicameral de Implementación del Código del Congreso dispuso poner parcialmente en funcionamiento el sistema a través de la aplicación de ciertos institutos procesales en el ámbito de la justicia federal y nacional. Autorizó, así, la utilización del algunos artículos.

Ese código se inclina por un sistema denominado acusatorio en el que, que a diferencia del anterior llamado inquisitivo, el fiscal asume la investigación de los delitos. Justamente, esta nueva función más aquellos artículos del nuevo código son los que se utilizaron para que el Presidente intente terminar con la acusación. Y acá empiezan el camino de las secuelas que podría dejar la solución del 1,6 millones.

Como se dijo, hay varios artículos que se aplican en todo el país. En este caso, aplican dos. El primero es el 31, que habla de los “criterios de oportunidad. La norma le entrega al Fiscal la posibilidad de extinguir o limitar la acción penal si se dan algunas de las siguientes condiciones. La primera, si se “tratase de un hecho que por su insignificancia no afectara gravemente el interés público”.

Una Comisión Bicameral puso en vigencia varios artículos del nuevo Código Procesal Penal de la Nación

La segunda, “si la intervención del imputado se estimara de menor relevancia, y pudiera corresponder pena de multa, inhabilitación o condena condicional; y la tercera “si el imputado [el Presidente y su pareja, en este caso] hubieran sufrido a consecuencia del hecho un daño físico o moral que tornara innecesaria y desproporcionada la aplicación de una pena; y finalmente, “la pena que pudiera imponerse por el hecho careciera de importancia en consideración a la sanción ya impuesta”.

Podrá el lector sacar sus conclusiones, sin necesidad de ser abogado, respecto de la posibilidad de encuadrar o no la errática conducta del Presidente y sus invitados a entonar el feliz cumpleaños en Olivos. Pocas cosa son más relevantes para el ordenamiento jurídico de una sociedad moderna que la necesidad de que sus autoridades respeten las normas que hacen cumplir a sus administrados. Eso, claro, sin llegar al extremo de pensar que el infractor es el emisor de ley.

Pero en el supuesto caso que el fiscal haya visto que la aquel hecho se podría encuadrar en ese artículo, pues viene el segundo. El 34 es el que dispone la conciliación: “El imputado y la víctima pueden realizar acuerdos conciliatorios en los casos de delitos con contenido patrimonial cometidos sin grave violencia sobre las personas o en los delitos culposos si no existieran lesiones gravísimas o resultado de muerte. El acuerdo se presentará ante el juez para su homologación”.

Ahora bien, la primer pregunta que seguramente el Fiscal no llegó a hacerse es quién es la víctima. El delito contra la salud pública que el Presidente cometió es de los llamados de “peligro abstracto”. Es decir, no hay un damnificado directo sino que van contra el bien jurídico protegido. En este caso, como se dijo, “la salud pública”. Para que se entienda, son también de peligro abstracto, por ejemplo, la tenencia de armar o la de estupefacientes. En ninguno de los dos casos hay una víctima concreta sino que lo que busca el derecho al penar esas conductas es una suerte de protección social.

A diferencia de los delitos llamados de resultado, donde claramente es necesaria la acción que lo produzca o lo intente producir, los de peligro abstracto no tienen víctima. Las irregularidades brotan por donde se analice la solución planteada por el Presidente y aceptada por el Fiscal. Justamente esta conciliación fue diseñada para realizar acuerdos conciliatorios suponen un imputado y una víctima, que, suponen delitos patrimoniales cuya reparación se limite al contenido económico.

A la hora de interpretar el derecho a la manera del poder, el Presidente usó un vericueto más para eludir el peso de la ley. Si bien Comisión Bicameral no ha puesto en vigor a todo el Código, hay una pauta que no puede soslayarse ya que que sienta los principios y la base interpretativa del sistema. El artículo 30 dice: “No puede prescindir ni total ni parcialmente del ejercicio de la acción penal si el imputado fuera funcionario público y se le atribuyera un delito cometido en el ejercicio o en razón de su cargo”.

Es posible que el Presidente diga que esa torta prohibida se comió en el marco de su vida privada y no en el ejercicio de su cargo. Sin embargo, cada uno de los que llegó a Olivos esa noche donde todo el país se quedaba quieto por pedido, justamente, del anfitrión, pudieron circular por ir a la casa presidencial.

El presidente Alberto Fernández anuncia nuevas restricciones durante la pandemia

Llegado el caso de que la solución se acepte, pasará algo mucho más grave que la devaluación moral la figura del Presidente y de la Justicia. Quedará estampado un antecedente que se podría utilizar en miles de casos donde el delito sea de peligro abstracto. Las defensas de quienes delinquen podrían aducir esta jurisprudencia para arreglar causas por tenencias de armas o de drogas. Exclamarán “Gracias Presidente” a los gritos. Porque ya no sólo irán por evitar la cárcel para sus defendidos sino que podrán apuntar a la extinción de la acción penal.

Y si este desatino es poco, una cosas más: se instalará la Justicia de la billetera ya que sólo será posible la extinción para los solventes. O los que puedan conseguir un crédito, como dijo el Presidente que hará en el caso de que acepten su fallida solución.

Para el final, Tom Tyler un enorme profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Yale. Su trabajo apunta a la obediencia del derecho. Su axioma es fácil de entender: “El estado de derecho solo será posible si los ciudadanos se sientan obligados -no solo jurídicamente- a cumplir con las normas. Esta es y será la condición más importante para hablar de Estado de Derecho”. Pero el hombre agrega algo más: “El cumplimiento por parte de los ciudadanos no es un acto de fe; y si los ciudadanos respetan las normas es porque además de conocerlas y tener noción de la importancia de su cumplimiento, saben que tienen un origen democrático, que están orientadas a salvaguardar sus derechos y que no están diseñadas para el beneficio de las autoridades o los poderosos”. El profesor, agrega, además, una gran verdad: “El cumplimiento se basa en que los ciudadanos sepan que los funcionarios son los primeros en cumplirlas”.

Como se dijo al principio, todo va mucho más allá que los millones de pesos que ofreció el Presidente; las consecuencias de semejante interpretación del derecho son mucho más profundas. Afectan el sistema normativo y particularmente, el ordenamiento penal. Se trata, quizá, de un compendio de miserias y egoísmos que, lamentablemente, la Argentina toma como naturales.

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