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Política

La Universidad Madres se resiste a la auditoría y el Gobierno denuncia caos administrativo

El Gobierno advierte sobre irregularidades graves en la institución, que se niega a ser auditada. El subsecretario de Políticas Universitarias alerta sobre un desorden generalizado en la institución.

La Universidad Madres de Plaza de Mayo enfrenta fuertes acusaciones del Gobierno tras resistirse a una auditoría que busca esclarecer su estado administrativo y financiero. Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, fue categórico al denunciar que la universidad está sumida en un caos administrativo, con prácticas que carecen de transparencia y control.

En una entrevista radial, el funcionario detalló que la situación dentro de la institución es preocupante, con empleados cuyos sueldos se liquidan manualmente y una administración que desconoce la cantidad exacta de personal contratado. “Hay un temor evidente a lo que podamos descubrir una vez que revisemos los estados contables”, afirmó, insinuando que la resistencia de la universidad a la auditoría podría deberse al ocultamiento de irregularidades.

Además, el subsecretario mencionó que la universidad ha estado operando bajo la dirección de rectores no autorizados, lo que agrava aún más la desorganización. Este caos administrativo ha sido señalado como uno de los principales motivos por los cuales la gestión de Javier Milei decidió intervenir la institución y nombrar a Eduardo Maurizzio como rector normalizador.

La Universidad Madres de Plaza de Mayo recibió USD 2 millones durante el gobierno de Alberto Fernández

La Universidad Madres de Plaza de Mayo, que recientemente obtuvo su estatus de universidad nacional, recibió más de 1500 millones de pesos durante la gestión de Alberto Fernández. Sin embargo, los resultados son desalentadores: solo el 0,62% de los estudiantes matriculados logró egresar, lo que levanta aún más sospechas sobre la gestión de los recursos.

El subsecretario Álvarez también cuestionó la calidad académica de la institución, criticando la inclusión de materias como “Derecho Penal de los Ricos” en la carrera de Abogacía. Según el funcionario, este tipo de contenidos no solo carecen de rigor académico, sino que también envían un mensaje equivocado a los estudiantes.

El conflicto entre la universidad y el Gobierno se intensifica mientras ambas partes se mantienen firmes en sus posiciones. Por un lado, la institución se resiste a ser auditada, y por otro, el Gobierno avanza con sus denuncias de irregularidades, aumentando la tensión en el sector educativo.

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