El Gobierno busca influir en la Justicia laboral y abre diálogo con jueces críticos para herir al sindicalismo

En un contexto marcado por tensiones políticas y desafíos judiciales, el Gobierno ha decidido intensificar sus esfuerzos para influir en la Justicia laboral, un espacio tradicionalmente dominado por el sindicalismo. La estrategia se centra en la inclusión de jueces laborales que han mostrado críticas hacia las reformas propuestas, buscando abrir un canal de diálogo que permita avanzar en la agenda de reformas.

Julio Cordero, secretario de Trabajo y exabogado del Grupo Techint, ha sido clave en esta maniobra, según detalla La Nación. Esta semana, invitó a Mario Fera, un juez que previamente falló en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, a participar en la mesa de Diálogo Social. Esta iniciativa, que reúne a empresarios y representantes del ámbito laboral, busca encontrar puntos en común para la implementación de una reforma laboral más amplia que la aprobada en el Congreso.

La inclusión de Fera, junto a otros jueces como Manuel Diez Selva, que ya había participado en reuniones anteriores, muestra un claro intento del Gobierno de suavizar las tensiones con el Poder Judicial, mientras busca modificar las normativas laborales sin pasar por un extenso debate legislativo.

En paralelo, las recientes sentencias de la Corte Suprema que instan a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo a revisar los intereses en juicios por indemnización han acelerado las conversaciones entre Cordero y otros jueces laborales. Estas sentencias, que critican los “desproporcionados” intereses establecidos en algunas causas, subrayan la necesidad de revisar y posiblemente reformar la normativa vigente en un contexto económico volátil.

Tensiones en la CGT y el rol de Recalde

El avance del Gobierno en este terreno no ha pasado desapercibido en la Confederación General del Trabajo (CGT), donde las divisiones entre los sectores “duros” y “dialoguistas” se han profundizado. La inclusión de representantes sindicales en la mesa de Diálogo Social, encabezados por Argentino Geneiro, ha sido vista como un intento de Cordero de romper la unidad sindical y de atraer a aquellos dispuestos a negociar.

Sin embargo, el contexto no es sencillo. Las tensiones internas en la CGT, sumadas a la influencia persistente de figuras como Héctor Recalde, exdiputado y abogado vinculado al kirchnerismo, complican el panorama. Recalde sigue siendo una figura influyente en la Justicia laboral, con aliados en al menos cinco de las diez salas de la Cámara de Apelaciones.

La iniciativa del Gobierno de acercarse a la Justicia laboral también se enmarca en el contexto de las propuestas de reforma laboral impulsadas por Javier Milei. Desde la génesis de su plataforma electoral, Milei ha buscado disminuir la influencia sindical en este fuero. La reciente propuesta de traspasar la Justicia laboral al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, controlada por el PRO, ha sido uno de los movimientos más comentados, aunque su implementación parece lejana y enfrenta posibles obstáculos constitucionales.

A medida que avanza la agenda de reformas, las tensiones entre Cordero y otros actores dentro del Gobierno, como Federico Sturzenegger, también se han hecho evidentes. Las recientes designaciones de asesores por su parte, algunos con vínculos cercanos al sindicalismo, han levantado sospechas y renovado la desconfianza entre los sectores involucrados.