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Política

Desvío de fondos públicos hacia el Polo Obrero: allanaron varios domicilios en busca de documentación

Las acciones fueron dirigidas por el juez Sebastián Casanello. La investigación se originó el 20 de diciembre con una denuncia anónima tras la primera movilización de piqueteros contra Javier Milei.

La Justicia Federal llevó a cabo una serie de allanamientos en el marco de la investigación sobre el supuesto desvío de fondos públicos hacia el Polo Obrero y otros movimientos sociales. Los operativos, dirigidos por el juez Sebastián Casanello, buscan identificar a los responsables detrás de al menos cuatro sociedades comerciales “fantasma” involucradas en la ruta del dinero.

Los allanamientos, realizados ayer, incluyeron una imprenta y un departamento en la Ciudad de Buenos Aires, así como un edificio de oficinas previamente investigado por presunto lavado de activos, operaciones financieras ilegales y emisión de facturas falsas.

El objetivo principal es recabar documentación sobre la firma MinisioTrade SRL, vinculada a otras sociedades sospechosas como Recinsur SA, VSP Consulting SA, Ciriaco Shoes SRL y Coxtex SA. Estas empresas figuran en los registros de facturas apócrifas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), conocida como la “base APOC”.

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Las sospechas sobre Coxtex SA aumentaron luego de que sus socios, al ser allanados, negaran cualquier relación con la empresa. Uno de los socios vive en condiciones precarias, lo que refuerza la hipótesis de que se trataba de una pantalla. Además, estas personas aparecen como socios de otras tres empresas creadas en 2020, todas reportadas por la AFIP como una usina de facturas truchas.

Un grupo de profesionales, incluyendo un escribano, un abogado y dos gestores, están siendo investigados. Sus documentos, computadoras y celulares están bajo análisis para esclarecer quiénes están detrás de estas sociedades, especialmente de Coxtex SA, ligada directamente al expediente.

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El gobierno ha mostrado un interés activo en esta causa. El Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Capital Humano están involucrados, junto con la Unidad de Información Financiera y la Oficina Anticorrupción, que han solicitado ser querellantes. La agrupación civil Poder Ciudadano también pidió ser parte de la querella.

Declaraciones del Juez Casanello

El juez Casanello declaró: “Diversas personas, nucleadas bajo las figuras asociativas ‘Asociación Polo Obrero’ y ‘Cooperativa El Resplandor Ltda.’, habrían administrado de manera indebida recursos estatales en convenios con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el programa ‘Potenciar Trabajo’”. Además, afirmó que se emplearon facturas apócrifas y se simularon gastos no concretados para disfrazar el uso real de los fondos.

La empresa Rumbos SRL también está bajo sospecha, con irregularidades que indican el uso de facturas falsificadas. Estas incluían facturaciones sospechosas por kits de seguridad y resmas de papel, y domicilios legales vinculados a aportantes del Partido Obrero, sugiriendo que la empresa era un vehículo para desviar fondos hacia gastos de campaña.

La investigación se originó el 20 de diciembre con una denuncia anónima tras la primera movilización de piqueteros contra Javier Milei. El fiscal Pollicita, encargado de la investigación, se enfocó en 45 denuncias de la Capital Federal, localizando a siete personas dispuestas a declarar.

En los próximos días, el juez Casanello continuará con la indagatoria del líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y otros referentes, además de la inhibición de sus bienes. La ronda de allanamientos continuará hasta el 25 de junio, culminando con la presentación de Belliboni ante el magistrado.

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