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Judiciales

El Gobierno pide que los detenidos por los daños en el Congreso paguen más de 130 millones de pesos

El Ministerio de Seguridad presentó ante la Justicia los costos del operativo de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura Naval. Además, planean sumar los gastos médicos de los oficiales heridos.

El Ministerio de Seguridad de la Nación entregó el viernes pasado al fiscal Carlos Stornelli un detallado desglose de los gastos del operativo desplegado durante la intensa manifestación frente al Congreso y sus alrededores, en protesta por la Ley Bases que fue finalmente aprobada en el Senado. El objetivo es que los manifestantes detenidos asuman los costos, los cuales superan los 130 millones de pesos.

Los documentos enviados al tribunal, en el marco de la investigación a cargo de la jueza María Servini, detallan minuciosamente los gastos incurridos por la Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval. El informe presentado por el comisario Gustavo Hernán Oviedo de la PFA incluye todos los detalles, desde el consumo de combustible y otros consumibles de los móviles policiales hasta el seguro y los costos de mantenimiento asociados.

Además de los gastos durante la manifestación, se incluyeron también los costos generados por el acampe realizado en la Plaza de los Dos Congresos el día anterior a la sesión de la Ley Bases.

“Si se computan los gastos de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval, se llega a la suma de: $130.706.982 (Ciento treinta millones setecientos seis mil novecientos ochenta y dos pesos). Eso incluye la suma de $13.613.500 (Trece millones seiscientos trece mil quinientos pesos) que la Policía Federal reportó en concepto de daños a sus vehículos y equipamiento”, declaró el Ministerio mediante un comunicado.

Se espera que esta cifra aumente en los próximos días, ya que se agregarán los gastos médicos para los agentes heridos durante los enfrentamientos con los manifestantes.

Hoy por la mañana, los 35 detenidos por los disturbios y daños ocurridos el miércoles pasado en la zona del Congreso comenzaron a ser interrogados en los tribunales de la avenida Comodoro Py, bajo la supervisión de la jueza María Romilda Servini y el fiscal Carlos Stornelli, según fuentes judiciales.

Ayer, Stornelli los acusó de delitos contra el orden público, sedición y acciones terroristas, en línea con las declaraciones previas de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien optó por no presentar una querella adicional. Posteriormente, Stornelli solicitó prisiones preventivas para los acusados.

El miércoles pasado, un operativo que contó con la participación de 1500 efectivos, entre personal de la Policía de la Ciudad y las cuatro fuerzas federales, según estimaciones de fuentes oficiales citadas por Infobae, tuvo lugar frente al Congreso. Durante el mismo, diputados como Carlos Castagnetto, Eduardo Valdés y Leopoldo Moreau sufrieron el impacto de gases. 

Ocho policías resultaron heridos con lesiones leves. Además, diez manifestantes necesitaron atención hospitalaria en hospitales porteños como el Castagneto y el Ramos Mejía debido a queratitis provocada por gas pimienta o golpes de tonfas. En este contexto, Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, calculó que los costos de las reparaciones por los daños ascienden a 278 millones de pesos.

Según información proveniente de fuentes policiales durante el incidente, los acusados, 13 de los cuales fueron arrestados por la Policía Federal y otras fuerzas federales, y los restantes 22 por la fuerza porteña, fueron detenidos en flagrancia por varios delitos. 

Entre ellos, Lucas Ezequiel Bálsamo y Dylan Gustavo Gómez, ambos desempleados y residentes de Isidro Casanova en La Matanza, fueron capturados por la PFA bajo acusaciones de saquear pertenencias de un auto incendiado. David Sica, de 33 años y en situación de calle según sus propias declaraciones, también fue detenido.

Además, Cristian Fernando Valiente, de 41 años y oriundo de Buenos Aires, ex trabajador de un supermercado chino, fue arrestado con una lata de gas antitumulto de Fabricaciones Militares. Según las autoridades, Valiente tenía antecedentes por presuntos robos y posesión de estupefacientes en comisarías de la ciudad.

Piqueteros incendiaron un móvil de Cadena 3 durante los disturbios en el Congreso

Patricia Daniela Calarco Arredondo, de 39 años y residente en Llavallol, empleada de una empresa marplatense, fue detenida bajo sospecha de haber incendiado varias bicicletas pertenecientes al Gobierno porteño. 

Aún no se ha revelado qué cargos específicos enfrentarán los detenidos; por ahora, solo se conocen las declaraciones generales de Stornelli al respecto. En tanto, la identidad de los individuos responsables de actos violentos como el incendio del vehículo periodístico de Cadena 3 durante la protesta aún no ha sido confirmada.

Juan Ignacio Spinetto, delegado del sindicato docente ADEMYS, fue arrestado por la Policía de la Ciudad. “Libertad inmediata a Juan Ignacio Spinetto, afiliado y delegado de nuestro sindicato. Basta de perseguir a los que luchan”, escribió el sindicato en su cuenta de la red X.

Sasha Jazmín Lyardet, de 24 años y residente en Pilar, junto con Nicolás Mayorga y Camila Juárez Oliva, son estudiantes de la UNSAM (Universidad Nacional de San Martín), según confirmó Carlos Greco, rector de la institución.

Nicolás Mayorga, estudiante de Ciencias Políticas, y Sasha Jazmín Lyardet, quien además es parte del MST dentro del Frente de Izquierda, fueron mencionados en un comunicado emitido en redes sociales que exigía su liberación.

En sus argumentos, el fiscal Stornelli determinó que el caso examina las acciones y conductas que podrían haber estado organizadas, con la intención de incitar a la violencia colectiva contra las instituciones, imponer sus ideas mediante la fuerza o el temor, generando temor público y provocando tumultos o desórdenes. 

Asimismo, se considera que estas acciones podrían constituir un levantamiento potencial contra el orden constitucional y democrático, con el objetivo de perturbar o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de las facultades constitucionales de los representantes en la Cámara Alta del Congreso durante su sesión.

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