La Justicia inició una causa penal por los contratos de Capital Humano con la OEI

El fiscal Ramiro González inició una causa penal por posibles irregularidades en la contratación de funcionarios en el Ministerio de Capital Humano. La investigación comenzó tras una denuncia presentada por la ministra Sandra Pettovello contra el exfuncionario Pablo De la Torre, quien presuntamente utilizó un convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para pagar salarios de empleados.

Según las fuentes judiciales a las que TN tuvo acceso, González solicitó todos los contratos de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia desde el 10 de diciembre hasta la fecha, con el objetivo de determinar cómo se realizaban los pagos y quiénes eran los responsables.

En este contexto, el fiscal ha convocado a declarar como testigo al subsecretario de Gestión Administrativa de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Alejandro Schiavi, el jueves de la próxima semana.

En su dictamen, a su vez, González afirmó que se pretende establecer si hubo conductas penalmente relevantes y, de ser así, identificar a cada una de las personas involucradas en la maniobra.

Pablo De la Torre y Sandra Pettovello.

La denuncia, presentada el lunes, alega que a fines de mayo, Federico Fernández, un funcionario de la Secretaría, informó que en una reunión en enero un grupo de funcionarios contrató personal a través de la OEI. El dinero recibido se convertía a dólares y una parte era para De la Torre. En este sentido, se sospecha que se trataba de contrataciones falsas para obtener esos fondos.

En su declaración como testigo, la subsecretaria legal de Capital Humano, Leila Gianni, aseguró: “Nos cuenta que había muchas personas que por temas impositivos no podían facturar. Entonces buscaron a otras que facturen en su nombre. Así, la OEI les transfería a esos consultores, previa certificación de servicios de funcionarios de la Secretaría de Niñez”.

Asimismo, Gianni también exoneró a Pettovello de las acusaciones. “Ni la ministra ni nosotros estábamos al tanto de esta situación”, defendió. La funcionaria también añadió que la persona que podía proporcionar más información sobre los contratos era Schiavi, en su rol de subsecretario de Gestión Administrativa.

En respuesta, el fiscal solicitó un listado detallado de todos los empleados y funcionarios que han prestado servicios en la Secretaría desde el 10 de diciembre de 2023 hasta la fecha, “con detalle de fecha de alta y en su caso de baja, modo de contratación y tareas asignadas”.