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Judiciales

La Justicia detectó facturas falsas por 18 millones de pesos que eran dirigidas al Polo Obrero

En una investigación que abarca el período entre 2020 y 2023, la imprenta Rumbos emitió facturas por un total de $20 millones al espacio liderado por Eduardo Belliboni.

La Justicia está investigando si el Polo Obrero defraudó al Estado nacional desviando parte de los fondos recibidos como unidad de gestión del programa Potenciar Trabajo a dos empresas que emitían facturas falsas. 

Las empresas bajo sospecha son la imprenta Rumbos S.A. y Coxtex SRL, a las cuales el Polo Obrero habría desviado $25 millones entre 2020 y 2023. De acuerdo a los investigadores, se sospecha que parte de ese dinero fue destinado a financiar al propio Partido Obrero, que forma parte del Frente de Izquierda, cuyos referentes son Gabriel Solano y Romina Del Plá.

Según datos proporcionados al juez federal Sebastián Casanello por la Cámara Nacional Electoral, el Partido Obrero recibió entre 2020 y 2023, $18 millones en aportes de la empresa Rumbos S.A., fundada en 2017 por Christian “El Colo” Rath, un exdirigente del partido, y Roberto Adrián Albornoz, citado a indagatoria para el 25 de junio.

En esta línea, los investigadores encuentran correlaciones entre los montos involucrados: entre 2020 y 2023, Rumbos S.A. facturó al Polo Obrero alrededor de $20 millones, mientras que la misma empresa realizó aportes al Partido Obrero por $18 millones en el mismo período. 

Ahora, gracias a este nuevo descubrimiento, la Justicia deberá determinar si estos aportes se realizaron mediante un fraude al Estado, utilizando fondos destinados a la adquisición de herramientas y ropa para los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo.

A su vez, los investigadores sospechan que Rumbos S.A. contrataba agencias de publicidad, que luego colaboraban con la campaña del Partido Obrero o pagaba otras actividades logísticas relacionadas. En este sentido, la Justicia cree que el Polo Obrero, como unidad de gestión, financiaba al Partido Obrero mediante estas maniobras.

La Asociación Civil Polo Obrero, en su rol de unidad de gestión del programa Potenciar Trabajo, tenía la responsabilidad de asegurar condiciones laborales adecuadas para los beneficiarios del programa. Durante esos años, recibió $360 millones del Estado Nacional a través de varios convenios, de los cuales solo se ha rendido cuentas por $113 millones, según información proporcionada por Capital Humano a la Justicia. Por el momento, se desconoce el destino de una suma de $247 millones.

De los $113 millones rendidos ante el Ministerio de Desarrollo Social, aproximadamente $25 millones fueron dirigidos a la imprenta Rumbos SRL y a la firma Coxtex S.A., que presuntamente emitían facturas falsas para simular gastos. Coxtex S.A. figura en una lista de la AFIP de empresas dedicadas a emitir facturas apócrifas.

El Polo Obrero desvió alrededor de $5.000.000 a Coxtex a través de dos cheques, y los investigadores creen que este dinero luego se redirigió a otras empresas relacionadas con la organización para ocultar su destino final. Se espera que en los próximos días se tomen medidas para localizar estos fondos.

Las facturas que investiga la Justicia. Créditos: TN.

Las facturas que investiga la Justicia. Créditos: TN.

Los investigadores tienen fuertes sospechas sobre la autenticidad de las facturas emitidas por estas empresas. Durante los allanamientos se encontraron anomalías, como el hecho de que la imprenta Rumbos haya emitido 25 facturas en un mismo día, todas por el mismo monto pero por conceptos diversos como impresión de papel, kits de seguridad e incluso “transporte de mercadería”, una actividad no asociada con la empresa. 

Además, todos los montos facturados eran números “redondos”, lo cual resulta inusual dado que el IVA generalmente genera montos impares. Estas discrepancias han generado dudas sobre la legitimidad de los documentos.

La imprenta Rumbos tiene su sede en la calle Palestina 542, en Almagro. Durante el allanamiento, los efectivos fueron recibidos por un joven, quien se supo más tarde que era el hijo del legislador porteño de izquierda Marcelo Ramal. Según una fuente, la ubicación parecía ser “un PH en donde no parecía funcionar una imprenta”.

Ahora, el juez Casanello ha solicitado a la AFIP que analice todas las facturas emitidas para detectar posibles irregularidades, no solo las relacionadas con los $25 millones destinados a Coxtex y Rumbos, sino también aquellas vinculadas con los otros convenios. 

Para el juez, estas acciones de defraudación al Estado fueron acompañadas por intimidaciones, extorsiones y amenazas por parte de los líderes del movimiento hacia los beneficiarios del programa. 

Según explican en la causa, esta segunda línea de acción es particularmente grave, ya que las pruebas recopiladas demuestran que se exigía a los beneficiarios del Potenciar Trabajo contribuciones monetarias, se les obligaba a participar en marchas y, en caso de negarse, se les negaba el acceso a los alimentos básicos. Incluso, quienes no asistían a estas movilizaciones debían pagar multas de hasta $10.000.

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