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Judiciales

Detuvieron a otra banda que conseguía planes sociales: cobraba 3 millones de pesos de los beneficiarios

Al igual que Chocolate Rigau, la organización delictiva retiraba el sueldo de supuestos “ñoquis” directamente de cajeros automáticos con varias tarjetas de débito.

Cayó una nueva organización delictiva que cobraba el sueldo de supuestos “ñoquis”, formada por dos personas que extraían dinero de cajeros automáticos con varias tarjetas de débito.

La investigación, en la que intervino la fiscal Marcela Sánchez, se inició los primeros días de diciembre de 2019, pocas horas después de la situación advertida por el policía Diego Barone en el sector de cajeros automáticos de la sucursal del Banco Nación situada en Callao al 100, en el barrio porteño de San Nicolás.

En principio, llamó la atención de los investigadores la cantidad de operaciones y de un policía que recorría la zona para prevenir delitos, lo que derivó en una pesquisa que puso al descubierto una asociación ilícita que conseguía planes sociales y se quedaba con la mitad del dinero que recibían los beneficiarios.

Así surge de un expediente judicial donde en las últimas horas la jueza en lo criminal y correccional porteña Alejandra Provítola procesó a tres sospechosos de integrar la organización ilícita que con la operatoria se habría beneficiado con 3.000.000 de pesos.

Procesaron a personas que conseguía planes sociales y les cobraban una comisión a los beneficiarios

“Los sospechosos realizaban las acciones necesarias para captar a los posibles beneficiarios del programa bajo las condiciones exigidas por la organización, gestionar su ingreso y luego, obtenido el ingreso, ir con cada uno de ellos a retirar la tarjeta de débito y los tickets de la primera extracción, a fin de poder rendir cuentas a los organizadores y/o jefes que les daban las indicaciones, para luego, continuar percibiendo de forma mensual e ilegítima, la mitad de cada uno de esos haberes, y lograr que la cantidad de víctimas y de asistentes a las manifestaciones sociales creciera”, sostuvo la jueza Provítola en un documento reciente que publicó La Nación.

“Barone, quien se encontraba cumpliendo tareas de prevención de ilícitos en esa zona, observó que dos hombres habían ingresado a dicha entidad bancaria y habían comenzado a operar en los cajeros automáticos que allí se encontraban emplazados con diferentes tarjetas de forma consecutiva, retirando dinero. Barone, al declarar como testigo, dijo que luego de ello, los imputados se habían retirado del lugar y, tras dos o tres minutos, habían ingresado nuevamente y se dirigieron a los cajeros automáticos y habían continuado operando con diferentes tarjetas, extrayendo dinero de cada una de las operaciones. Que frente a ello, en el entendimiento de que las operaciones realizadas podían encontrarse relacionadas con tarjetas robadas, hurtadas y/o clonadas, había procedido a la identificación de los imputados, a fin de constatar su identidad y determinar si las tarjetas que se encontraban operando eran de su propiedad”, según explica el expediente judicial.

“Los tres imputados habrían defraudado y/o extorsionado a unas 25 personas, que percibían planes sociales de los programas Argentina Trabaja, después llamado Potenciar Trabajo, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Para ello, se habrían aprovechado de la situación de vulnerabilidad de las víctimas y habrían obtenido unos 3.000.000 pesos”.

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