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Judiciales

Polémica en la UBA por contrataciones directas a empresas vinculadas con sus autoridades

La Justicia investiga a 40 funcionarios de la Universidad de Buenos Aires, entre ellos el vicerrector Emiliano Yacobitti, por desvío de fondos, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

En medio de la pelea entre el Gobierno y las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA), por el recorte de fondos públicos para el sector educativo como parte del plan de ajuste fiscal que lleva adelante el presidente Javier Milei, salieron a la luz graves causas judiciales contra miembros del directorio académico.

Según pudo recabar el medio El Disenso, en una de sus investigaciones existe una denuncia en la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), contra las autoridades de la UBA, entre ellos el vicerrector y actual diputado nacional, Emiliano Yacobitti, por contratos espurios con empresas vinculadas al personal jerárquico.

La causa se inició en 2015 cuando la oficina de la Procuración inició un expediente por delitos incompatibles, administración infiel, enriquecimiento ilícito y lavado de activos entre los líderes de la UBA y firmas cercanas a las propias autoridades, incluso en algunos casos los directivos eran socios directos de esas compañías.

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“Los imputados habrían utilizado el alto cargo jerárquico desempeñado en la casa de estudios para desviar millonarias contrataciones (..) Hacía proveedoras de insumos y medicamentos con las cuales estaban directamente vinculados”, sostiene la causa judicial a la que accedió el medio antes mencionado y que sigue sin resolverse nueve años después.

Tramitado en los tribunales federales de Comodoro Py, el expediente que está parado desde el 2017, tiene como imputados a 40 funcionarios de la UBA. Entre ellos a Yacobitti que en ese entonces era una de las tres principales autoridades denunciadas.

Es que en 2015, el actual legislador y uno de los principales referentes de la lucha contra el Gobierno libertario por el ajuste en la educación pública, era el Secretario de Hacienda y Administración de la UBA, por lo que estaba a cargo de las contrataciones, que en muchos casos estaban relacionadas con empresas pertenecientes a amigos o socios cercanos y que hasta el día de hoy siguen prestando servicio y llevándose una gran tajada del presupuesto de la Universidad.

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Otro dato curioso que destapó la investigación periodística, es que desde la unidad académica no existen registros públicos, ni brinda información de transparencia requerida. Además no se puede acceder a las declaraciones juradas de sus funcionarios, no están los presupuestos públicos y la sección de compras y contrataciones no tiene los pliegos de licitación.

En la causa figura por ejemplo, un contrato con la firma Lokarcat SRL, de la cual Adolfo Reichemberg y Alfredo Moisés Cardozo, son los propietarios. Lo curioso es que esta empresa recibe contrataciones directas millonarias desde el rectorado de la UBA, específicamente desde la Subsecretaría de Hacienda. Reichemberg es el actual Subsecretario de Gestión Operativa de la UBA.

 

 

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