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Política

A pesar de favorecer a CFK en la causa Vialidad, Rodolfo Barra seguirá al frente de la Procuración

El procurador del Tesoro asesoró a la ex vicepresidenta en el caso que la condenó a seis años de prisión, y desde la Coalición Cívica habían pedido su renuncia, pero la Oficina anticorrupción lo ratificó en su cargo.

Luego de haber sido referenciado por la ex vicepresidenta Cristina Kirchner en el juicio de la causa vialidad, el procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, fue reiterado en su cargo, pero se le solicitó que no intervenga en ningún caso relacionado a la líder de Unión por la Patria.

Así lo determinó la Oficina Anticorrupción (OA) que intervino tras una presentación realizada por representantes de la Coalición Cívica (C.C) en donde solicitaban que se aparte el funcionario por un grave “conflicto de intereses”, ya que el rol de Barra es el de instruir a los abogados que tiene el Estado.

En este sentido, el organismo estatal que conduce Alejandro Melik, intervino en el caso concluyó que el Procurador continúe en su rol, pero que “se abstenga de intervenir en temas vinculados” a la ex mandataria.

“Se representaría una confrontación entre el interés público y los intereses privados del doctor Barra, es decir, cuando este tiene intereses personales que podrían influir indebidamente sobre el desempeño de sus deberes y responsabilidades. Es imposible ocultar dichos intereses con el dictamen al que accedió la ciudadanía”, indicaba el texto firmado por Mariana Zuvic y Maximiliano Ferraro.

El dictamen de Barra, que Cristina utilizó como defensa ante la Cámara de Casación Penal que revisa su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por corrupción en la obra pública de Santa Cruz, sostenía que la ex presidenta no tuvo ninguna responsabilidad institucional en los procesos irregulares a través de los cuales el empresario Lázaro Báez se enriqueció.

Además, Barra atribuyó al jefe de Gabinete “la competencia constitucional para ejercer la administración general del país y ejecutar el presupuesto nacional”, y opinó que la Dirección Nacional de Vialidad “es autónoma y sujeta a controles del Ministerio de Economía, pero no recibe instrucciones directas del Presidente”.

Por lo que el actual funcionario de Javier Milei concluyó que “no hay responsabilidad penal objetiva del Presidente por el decreto ni por posibles delitos relacionados con contratos u obras, ya que el Congreso y la Auditoría General de la Nación aprobaron cuentas relacionadas con la gestión, respaldando la legalidad”.

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