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Judiciales

Causa Vialidad: Cristina Kirchner reclamó su absolución y exhibió el respaldo del Procurador General

Mientras se lleva adelante la sexta jornada de audiencias para revisar la condena a la ex mandataria Cristina Kirchner en el marco de la causa vialidad, la defensa presentó el pedido de absolución por considerar que el fallo fue “arbitrario” y utilizó como respaldo la opinión de un funcionario de Javier Milei.

A través de su abogado, Carlos Beraldi se presentó ante la sala VI de la Cámara de Casación Federal, que revisa la sentencia a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la ex titular del Senado y varios ex funcionarios y el empresario santacruceño Lázaro Báez, por desvió de fondos en la obra pública.

En su presentación el letrado argumentó que los magistrados que condenaron a CFK “incurren en gravísimas irregularidades desde el punto de vista de la aplicación del derecho procesal y violaron todo tipo de garantías procesales”.

“Lo que pedimos a la Cámara de Casación, es que corrija todos esos vicios porque es una sentencia arbitraria, y pedimos que absuelva a Cristina Kirchner”, agregó la defensa de la referente de Unión por la Patria en su alocución ante el tribunal.

Lo más llamativo de la presentación fue que la defensa de Cristina presentó como respaldo ante lo que calificó de “arbitrariedad monumental”, un dictamen del jurista Rodolfo Barra, actual Procurador del Tesoro de Javier Milei, en donde justifica la falta de responsabilidad de la ex mandataria respecto de los posibles delitos cometidos por funcionarios de su gobierno.

“El presidente no tiene responsabilidad administrativa ni penal en el caso, ya que es ajeno a la administración general, función a cargo del jefe de Gabinete. La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) es autónoma y sujeta a controles del Ministerio de Economía, pero no recibe instrucción directa del Presidente. No hay responsabilidad penal objetiva del presidente por el decreto ni por posibles delitos relacionados con contratos u obras. El Congreso y la Auditoría General de la Nación aprobaron cuentas relacionadas con la gestión respaldando la legalidad”, indica la conclusión de Barra sobre el caso.

 

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