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Política

El Ejecutivo cederá el control de los fondos fiduciarios al Ministerio de Economía

En medio del conflicto con las provincias, Javier Milei firmará un decreto para que Hacienda se encargue de la gestión de los fideicomisos.

En un movimiento destinado a consolidar el control sobre los fondos fiduciarios, en un clima de tensión con las provincias por las deudas que mantienen con la Nación, el presidente Javier Milei firmará un decreto para transferir la administración de estos fideicomisos al Ministerio de Economía, aumentando así el poder de Luis Caputo en el gabinete. 

Según precisaron fuentes oficiales a Infobae, una auditoría reciente reveló que son más de 30 los fideicomisos en uso, lo que llevó al gobierno a considerar cómo desmantelarlos. “Son todas cajas negras de la política. Eso hay que terminarlo. Eso pone muy nervioso a muchos. Hay muchos agentes de la política que viven de eso”, manifestó el propio jefe de Estado en una reciente entrevista.

Si bien inicialmente el Gobierno evaluó la posibilidad de eliminarlos directamente, esto resultó complicado debido a que solo nueve de ellos podían ser eliminados por decreto presidencial, mientras que el resto requería una ley para su disolución.

Desde la Casa Rosada, además, remarcaron que en muchos casos es complejo terminar con estos financiamientos ya que sirven, por ejemplo, para obras de infraestructura que aún se mantienen en pleno desarrollo y con contratos vigentes con distintas empresas.

Por estos motivos, en lugar de eliminarlos, el gobierno optó por un enfoque que les permitirá controlarlos y gestionarlos directamente. A través de un decreto único, el Ministerio de Economía se convertirá en el fiduciario de todos los fondos existentes, manteniendo el control sobre ellos y asegurando que se cumplan los términos originales del contrato.

Según precisaron, esta medida quitará el poder de decisión sobre el dinero a los actuales fiduciarios, que suelen ser funcionarios provinciales, y lo trasladará directamente a Luis Caputo. 

A diferencia de las partidas que se encuentran en la ley de Presupuesto, sancionada todos los años por la Cámara de Diputados y el Senado, estos fondos no pueden ser modificados ni destinados a ningún otro objetivo que no sea el que estableció el contrato.

Por lo tanto, el dinero en cuestión es gestionado por los funcionarios que son designados para esa tarea, pero que no se tienen que someter a los mismos mecanismos de control que demandan otras formas de financiamiento para garantizar su transparencia.

De izquierda a derecha: Nicolás Posse, Luis “Toto” Caputo, y Javier Milei.

Milei quiere terminar con este mecanismo de financiamiento desde hace varios meses y, de hecho, la decisión de algunos sectores de la oposición de no acompañar el artículo que establecía su eliminación, fue lo que motivó la caída de la Ley Ómnibus que, a su vez, desató una batalla judicial con los gobernadores.

Además de esta medida, Caputo sigue sumando poder en el gabinete, absorbiendo áreas que anteriormente estaban bajo la órbita del Ministerio de Infraestructura. 

En estos momentos, el ministro se encuentra en Brasil, con motivo de la organización de la próxima reunión del G20 y, en ese marco, se reunió con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Kristalina Georgieva.

De acuerdo con lo que detallaron, aunque el FMI ofreció ampliar el crédito, el gobierno rechazó la oferta, argumentando que “la única manera de que nosotros tomemos deuda es si se utiliza para terminar para siempre con el problema del Banco Central, no necesitamos plata para los gastos corrientes”. 

La actual gestión mantiene conversaciones con el organismo internacional y sus funcionarios resaltan que el monto que se requiere para dolarizar, el objetivo máximo de Milei, no es muy superior al que le ofrece el organismo conducido por Georgieva, por lo que siguen las negociaciones.

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