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Política

El Gobierno se presentará como querellante en la causa contra Fernández por los contratos de seguros

La Oficina Anticorrupción pidió ser parte del proceso judicial que investiga la presunta malversación de fondos a través de la contratación de seguros durante la gestión anterior.

El gobierno nacional, a través de la Oficina Anticorrupción, decidió intervenir en el caso del escándalo de los contratos de seguros durante la administración de Alberto Fernández. Esta tarde, la Oficina Anticorrupción se presentó en Comodoro Py para tomar conocimiento de la causa judicial, que quedó bajo la supervisión del juez Julián Ercolini.

Paralelamente, se está preparando una segunda presentación para solicitar ser querellante en el proceso. La denuncia inicial fue realizada por la abogada Silvina Martínez contra Alberto Fernández y Alberto Pagliano, ex titular de Nación Seguros, por presuntos delitos de violación a los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.

Denunciaron a Alberto Fernández por malversación en la contratación de seguros para los jubilados de Anses

En la causa, se denuncia que la Nación subcontrató otras aseguradoras y a un broker, con una comisión tres veces mayor a la del mercado. Allí, aparece como intermediario Pablo Torres García, un empresario y bróker financiero, y Héctor Martínez Sosa, otro bróker que está casado con una ex secretaria de Alberto Fernández, María Cantero.

Asimismo, Martínez Sosa mantiene otro vínculo con el ex presidente. Según declaró Alberto Fernández en su última declaración jurada, el bróker le debe $102.240. A su vez, Sosa también está vinculado al automovilismo. De hecho, se trata de uno de los principales sponsors de Agustín Canapino, uno de los mejores pilotos de la actualidad. 

El esquema de intermediarios y de comisiones millonarias se replicó en otros organismos como es el caso del Ministerio de Seguridad, donde fue rápidamente desbaratado por la ministra Patricia Bullrich.

El puntapié de la maniobra habría sido el decreto 823/2021, que estableció que “las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional deberán implementar la contratación de las pólizas de seguros que requieran en el ejercicio de su gestión a través de Nación Seguros S.A. en todas las ramas en las que esa institución opera”. En este sentido, el monopolio lo tenía Nación Seguros y luego aparecían los brokers.

Por sorteo, la denuncia penal le tocó al juez Ercolini pero el oficialismo pedirá ser querellante para poder ofrecer pruebas y empujar el desarrollo de la investigación.

La Oficina Anticorrupción busca intervenir activamente en este caso, buscando aportar pruebas y acelerar la investigación. Este movimiento se enmarca en una estrategia más amplia del gobierno para combatir la corrupción, con la intención de ser querellante en casos emblemáticos. La UIF también se sumará a este esfuerzo, retomando un papel protagónico en causas de lavado de dinero relacionadas con la corrupción.

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