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Política

El Gobierno oficializó el traspaso de las funciones del Ministerio de Infraestructura a Economía

El Ejecutivo otorgó el poder del disuelto ministerio al titular de Hacienda, Luis Caputo, y al jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Aún se espera la formalización de la renuncia de Guillermo Ferraro.

El Gobierno de Javier Milei dispuso, mediante un nuevo decreto (195/2024), el traspaso de todas las funciones del disuelto Ministerio de Infraestructura al Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo. 

El DNU, que ya está publicado en el Boletín Oficial y consta de 14 páginas, establece que “los compromisos y obligaciones asumidos por el Ministerio de Infraestructura estarán a cargo del Ministerio de Economía, considerándose transferidos los créditos presupuestarios, unidades organizativas, bienes, personal con sus cargos y dotaciones vigentes a la fecha, hasta tanto se apruebe la estructura organizativa del citado Ministerio de Economía”.

Esta decisión se produce tras el despido del titular del Ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, quien fue desplazado de su cargo en enero por filtraciones a la prensa. Aunque Ferraro renunció, su salida aún no ha sido oficializada. De hecho, su firma está delegada en el ministro de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, e incluso la semana pasada se conocieron tres nombramientos con la misma.

La decisión fue anunciada ese jueves 25 y el sábado siguiente se confirmó mediante un mensaje publicado en la cuenta oficial de la Oficina del Presidente, en la red social X. Sin embargo, sólo el Boletín Oficial es el único órgano válido para formalizar ese despido.

De izquierda a derecha: Nicolás Posse, Luis “Toto” Caputo, y Javier Milei.

Cuando se creó, Infraestructura había absorbido tres carteras de la administración anterior: Transporte, donde quedó al frente Franco Mogetta, un funcionario cordobés aportado por el schiarettismo; Obras Públicas, a cargo de Luis Giovine; y Vivienda y Hábitat, en la que asumió Héctor Lostri. Además, había sumado otra área como Comunicaciones y Conectividad, en manos de Ignacio Cingolani.

Entre los considerandos el Gobierno sostuvo que el decreto se debe a que “por razones de gestión resulta necesario suprimir el Ministerio de Infraestructura y efectuar diversas modificaciones respecto de las atribuciones asignadas al Jefe de Gabinete de Ministros y competencias otorgadas a los siguientes Ministerios: del Interior, de Economía, de Justicia y de Capital Humano”.

El traspaso de funciones tras la salida de Ferraro del Gobierno le otorgará más poder a Caputo, quien ya había incorporado las secretarías de Energía y Minería bajo su área de influencia. 

Ahora, de acuerdo con el artículo 20, entre las atribuciones que tendrá el titular de Hacienda dice que “compete al Ministerio de Economía asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias, en todo lo inherente a la política económica, presupuestaria e impositiva; a la administración de las finanzas públicas; a las relaciones económicas, financieras y fiscales con las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; al desarrollo productivo, la industria, el comercio y la agricultura, la ganadería y la pesca; a la elaboración, propuesta y ejecución de la política nacional en materia de energía y minería; a la elaboración de las políticas en materia de obras públicas e infraestructura; a la política hídrica nacional; al transporte aéreo, ferroviario, automotor, fluvial y marítimo; a la actividad vial; a la política de desarrollo de viviendas, hábitat e integración urbana y a la concesión de obras de infraestructura y servicios públicos”.

Además, se destaca que el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena también pasará a depender de Economía. En tanto, Jefatura de Gabinete asumirá competencias relacionadas a telecomunicaciones, servicios de comunicación audiovisual, desarrollo satelital y servicios postales. 

Por su parte, el Programa Nacional de Protección de Testigos, que antes se encontraba bajo la órbita de Justicia, y el Consejo Federal y el Comité de Lucha Contra la Trata, pasan al Ministerio de Seguridad.

En el artículo 3° también se consigna la incorporación de un nuevo inciso, al artículo 16 del Título V de la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificatorias. En este, queda establecido que bajo el ala de la Jefatura de Gabinete de Ministros quedará la función de “ejercer el control tutelar y supervisar el funcionamiento de Corredores Viales Sociedad Anónima, de Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AYSA) y de la Administración General del Puertos Sociedad del Estado (AGPSE), sin perjuicio de las atribuciones previstas en los incisos 21, 22, 23, 24 y 25 del presente artículo”.

La idea es que Jefatura se ocupará de una parte de la Administración de Puertos y otra, la conducción y el gerenciamiento quedará en manos de Economía.

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