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Judiciales

“Se va a denunciar a todos”: el Gobierno volverá a ser querellante en causas de corrupción

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, confirmó que se hará a través de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera

El gobierno de Javier Milei decidió retomar un rol activo en la lucha contra la corrupción al presentarse como querellante en causas emblemáticas, como aquellas relacionadas con la ex vicepresidenta Cristina Kirchner, el empresario Lázaro Báez y el ex presidente Mauricio Macri. Esta decisión será llevada a cabo a través de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera (UIF), como parte de un mensaje contundente contra la corrupción.

Se va a denunciar a todos. Cualquiera sea su signo político, incluyendo a los responsables del gobierno, porque no lo den impunidad” expresó el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona.

Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia

Durante el gobierno de Alberto Fernández, la Oficina Anticorrupción y la UIF se retiraron como querellantes de 32 causas, algunas de ellas vinculadas a la exvicepresidenta. El ministro de Justicia que volver a involucrarse responde a la necesidad de cumplir con la función estatal de combatir la corrupción, el narcotráfico y la trata de personas, pero sin desnaturalizar el papel de los organismos estatales como la UIF y la OA, que “no son organismos de persecución”.

La presencia de la UIF en estas causas es crucial, ya que no solo impulsa el trabajo de la Fiscalía, sino que también puede contribuir a decomisar bienes de origen ilícito de manera anticipada. Expertos han destacado la importancia de que los organismos de control retomen su rol querellante en casos de corrupción, y consideran que esta medida puede fortalecer la lucha contra la impunidad y contribuir a la transparencia en la gestión pública.

Cúneo Libarona con los jueces de la Corte Suprema

La decisión del gobierno de Milei de volver a ser querellante en casos de corrupción ha sido recibida con interés y expectativa, especialmente por aquellos que abogan por una mayor transparencia y rendición de cuentas en la gestión estatal. Se espera que esta medida marque un nuevo rumbo en la lucha contra la corrupción en Argentina y contribuya a fortalecer las instituciones democráticas del país.

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