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Economía

Por la baja recaudación de Ganancias e IVA, el 2023 cerró con una caída en las transferencias a las provincias

Los gobernadores del interior le piden al nuevo Gobierno una compensación para el 2024.

El año pasado concluyó con una significativa disminución de las transferencias automáticas a las provincias argentinas, marcando una caída del 14% en términos reales, según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). Este declive, que interrumpió dos años de crecimiento, se atribuye al bajo rendimiento en la recaudación del impuesto a las Ganancias y los niveles bajos de ingresos por IVA. A pesar de la reducción con respecto a 2022, los giros siguen siendo los más altos de los últimos siete años.

Guillermo Francos, ministro del Interior de Javier Milei

En medio del ajuste fiscal propuesto por el presidente Javier Milei para 2024, las transferencias a las provincias se convierten en un punto de disputa. Los gobernadores buscan compensación por la reducción de Ganancias votada durante la campaña electoral. El gobierno nacional espera revertir los cambios en el tributo y compartir el costo político con los gobernadores, incluyendo una reducción en los envíos de fondos discrecionales para alcanzar el déficit cero.

Según el Iaraf, las transferencias automáticas agregadas en 2023 ascendieron a $13.101.00 millones, con una caída real del 14%. La coparticipación disminuyó un 3,5% en términos reales, totalizando $13.092.000 millones. Las leyes complementarias y compensaciones cayeron un 12,1%, alcanzando $1.264.000 millones. El impacto varía entre provincias, destacándose CABA, Buenos Aires y Córdoba como las menos afectadas, y Tierra del Fuego, Formosa y Catamarca como las más perjudicadas.

Javier Milei, presidente de la Nación

La disputa central se centra en la coparticipación y la compensación por la quita de Ganancias a unos 800.000 contribuyentes. A pesar de la resistencia de los gobernadores a coparticipar el impuesto al cheque, el gobierno busca reducir giros discrecionales como parte de su estrategia de ajuste fiscal. La reversión de Ganancias, aún no enviada al Parlamento, se plantea como moneda de cambio en las negociaciones con los gobernadores y podría influir en las votaciones de proyectos clave como la Ley Ómnibus y el DNU para desregular la economía local. El costo fiscal estimado es de $2,9 billones, con $1,7 billones resignados por las provincias.

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