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Política

Potenciar Trabajo: el Gobierno dio de baja los planes de más de 4500 empleados públicos

El Ministerio de Capital Humano anunció la suspensión del pago a los empleados públicos que eran titulares del programa. Hasta el momento, son 14 las provincias investigadas por irregularidades.

El Ministerio de Capital Humano, bajo la dirección de Sandra Pettovello, informó la suspensión del pago a más de 4500 empleados públicos beneficiarios del programa Potenciar Trabajo en 14 provincias. Esta decisión se enmarca en una investigación conducida por el fiscal Guillermo Marijuan, que indaga sobre posibles irregularidades en el otorgamiento del programa de asistencia social.

Según la cartera de Capital Humano, tras un entrecruzamiento de datos entre los beneficiarios del Potenciar Trabajo y la nómina de empleados públicos en 14 provincias, se identificaron 4588 casos que presentarían incompatibilidades para acceder al plan.

Las provincias investigadas hasta el momento son Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta y Santa Cruz. Esta medida se suma a una auditoría integral que el Gobierno nacional inició en todos los planes Potenciar Trabajo, que involucra a más de un millón de beneficiarios.

El portavoz presidencial Manuel Adorni confirmó el martes pasado que el Gobierno Nacional había iniciado una auditoría en todos los planes Potenciar Trabajo “para detectar irregularidades o planes asignados que no tengan justificación correcta”. En su diaria conferencia de prensa en Casa Rosada, el vocero señaló que, según investigaciones judiciales como la llevada adelante por el fiscal federal Guillermo Marijuan, llegarían ser 160 mil los casos en los que se registraron irregularidades de diversa índole.

Respecto a la investigación que lleva adelante el fiscal Guillermo Marijuan, por supuesta defraudación en el otorgamiento de beneficios del programa Potenciar Trabajo, se determinó que son más de 8000 los empleados públicos de diez provincias que perciben el plan, lo cual resulta incompatible.

La investigación judicial se inició después de que la AFIP remitiera un informe al Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Victoria Tolosa Paz, señalando incompatibilidades entre los requisitos para recibir el salario social complementario y las condiciones impositivas de más de 250.000 beneficiarios. 

En ese análisis, el organismo tributario analizó la situación de casi 1,4 millón de personas con la información de los contribuyentes y detectó inconsistencias en un porcentaje elevadísimo.

De los 1.383.279 beneficiarios de planes sociales analizados surge que: 44.235 recibieron ingresos en los últimos seis meses mayores a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil; 63.211 registran gastos o consumos con tarjeta de crédito o débito o billetera mayor a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil; 253.184 presentaron declaración jurada de bienes personales; 52.987 son propietarios de más de un inmueble, automotor, embarcación o aeronave; 10.477 registran un automotor de menos de un año de antigüedad; 835 pertenecen al régimen simplificado categoría C o superior; 8.019 son titulares de jubilaciones, pensiones o retiros; 209 poseen medicina prepaga o cobertura social; 35.398 percibieron divisas en el mercado de cambios dentro de los seis meses de percibir la asignación; 39.874 son titulares de establecimientos comerciales abiertos al público o explotación agrícola o ganadera; y 2.870 perciben el subsidio a pesar de encontrarse fallecidos.

Hasta el momento, el fiscal Marijuan ha denunciado penalmente a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y al dirigente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, por presuntas irregularidades en el otorgamiento del Plan Potenciar Trabajo. La fiscalía investiga posibles delitos de “violación de deberes” de funcionarios públicos por omisión de controlar y “defraudación”.

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