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Política

La reducción de cargos confirmada representa el 1,2% de los más de 8000 “ñoquis” del Estado

Hasta el momento, el reciente recorte de ministerios y secretarías aún no impacta significativamente en la reducción del tamaño del Estado.

El recorte de casi el 50% de ministerios (de 18 a 9) y secretarías (106 a 54), y del 23% de las subsecretarías (de 182 a 140), anunciado por el gobierno de Javier Milei, no reduce directamente el tamaño del Estado, sino que implica una redistribución de áreas. 

La reorganización busca eficiencia y ahorro, pero la magnitud del impacto se verá en futuras decisiones. Para eso, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, delegó a los titulares de cada cartera elaborar una propuesta de organigrama para sus áreas que implique la eliminación de subsecretarias, direcciones nacionales y gerencias, entre otros.

De izquierda a derecha: Nicolás Posse, Luis “Toto” Caputo, y Javier Milei.

Según información pública que pudo ser recopilada por LA NACION, existían por lo menos 8678 cargos jerárquicos vinculados a la administración central al 9 de diciembre. Con el achique ya anunciado, la reducción de cargos es del 1,2%, lo que representa a 102 personas menos, entre ministros, secretarios y subsecretarios. 

Respecto al ahorro estimado en salarios de estos cargos de alto rango es de aproximadamente $310 millones de pesos por mes. Sin embargo, la mayoría de los recortes se concentran en cargos de menor jerarquía, entre los que están directores nacionales, directores generales, coordinadores, administradores, titulares, gerentes, subgerentes y responsables.

Sin embargo, aunque la intención de eliminar cargos políticos parece también una necesidad, es una realidad que el gobierno entrante aún no encuentra personas con las que ocupar los asientos. Es por este motivo que muchos de los exfuncionarios de la administración Fernández continuarán por un tiempo más o podrían quedarse hasta próximo aviso. 

De esta manera, el desafío del gobierno estará en la eliminación de áreas específicas y en la revisión de contratos. 

Aunque no hay muchos detalles sobre el proceso de reducción de cargos, la fusión de áreas con misiones similares es un primer paso, pero la disolución de entidades creadas por ley requerirá consideraciones legales adicionales. Principalmente si se considera la posibilidad de cerrar o privatizar instituciones como el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) o el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), según lo planteado por Javier Milei anteriormente. 

La revisión de contratos de quienes ingresaron al Estado en el último año busca evaluar la necesidad y eficiencia de estos empleados. Según datos del Indec, actualizados en octubre, la cantidad total de empleados en la administración pública nacional ha mostrado poca variación en el último año. Dos meses antes, contaba con 338.392 empleados mientras que, un año atrás, con 339.949. 

Por lo tanto, excepto que el ingreso haya crecido exponencialmente (lo que, según fuentes, no ocurrió “en blanco”), o que las auditorías reflejen inconsistencias con lo publicado por el gobierno saliente, el personal que estará en la mira sería mínimo en proporción al total.

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