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Judiciales

Investigan a más de 200.000 beneficiarios de planes sociales que viajaron al exterior con dinero estatal

Según el fiscal Guillermo Marijuan, el Estado destina más de $10 mil millones mensuales a casi 160 mil personas que perciben el Potenciar Trabajo, pero que no deberían cobrarlo.

Una investigación reciente del Fiscal Federal Guillermo Marijuan determinó que en los últimos 14 años -desde 2009 a 2023- el Estado derivó subsidios millonarios a, por lo menos, a 211.977 personas que salieron del país” en cruceros, barcos, aviones, micros y autos “mientras percibían un beneficio estatal”. De ese total, 159.919 corresponden al período 2020-2023.

Y reciben, todos los meses -a valor de octubre- $66.000, esto es la mitad del Salario Mínimo Vital y Móvil, por cuatro horas de labores que realizan en una Unidad de Gestión. Esta puede depender de las cooperativas de trabajo de los movimientos sociales, intendencias, gobernaciones ONG y hasta iglesias.

El fiscal Guillermo Marijuán está a cargo de la investigación

El cálculo del fiscal es directo y cruel. El Estado “debe disponer de un total de $10.554.654.000 mensual. Al multiplicar este monto por todos los meses transcurridos desde, al menos, principios del año 2020 estamos hablando de una suma multimillonaria que habría perjudicado a las ya debilitadas arcas de la Nación”, destaca el fiscal en su investigación.

Si se convierte esa cifra multimillonaria a dólares, tomado el cambio oficial del Banco Nación de $365,50; el valor mensual que el gobierno de Alberto Fernández destina a beneficiarios del plan social que no deberían cobrarlo es de USD 28.877.302. Valor que anualizado se eleva a USD 346.527.627.

Para Marijuan, la inequidad de destinar miles de millones de pesos a personas que no serían vulnerables, y dejar fuera del plan -porque no es universal- a quienes sí lo necesitan, se debe a “la falta de control de las personas que ingresan a este Programa como asimismo la ausencia de cualquier tipo de monitoreo sobre las que se encuentran inscriptas”.

Para el fiscal esto “demuestra un desprecio absoluto por parte de los funcionarios púbicos que manejan esta cartera tan importante del Estado Nacional”. Y recordó que: “Esta responsabilidad no solo recae sobre lo acontecido, pues en la medida en que no cesen estas conductas ilícitas, se continuarán pagando beneficios que no corresponden”.

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