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Judiciales

Citan a indagatoria a los hermanos Schoklender por quedarse con la casa de una mujer

La causa es una derivación del caso de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Una ex socia de los Schoklender en un restaurant, los denunció por haber puesto a nombre de ellos una casa que la mujer hipotecó para aportar dinero a la sociedad

Los hermanos Schoklender deberán presentarse a declaración indagatoria ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien investiga una presunta estafa de ambos a una mujer con la que compartieron un negocio gastronómico y los acusa de haberse quedado con su vivienda.

María Alejandra Artacho fue socia de los hermanos que administraron la Fundación Madres de Plaza de Mayo en un restaurante de San Telmo y la sociedad llegó a su final con una denuncia por estafa contra los Schoklender. [pullquote position=”right”]Citan a indagatoria a los hermanos Schoklender por quedarse con la casa de una mujer[/pullquote]

Según Artacho, Sergio y Pablo Schoklender pusieron a nombre de la firma Antártica Argentina -compañía que les pertenece- la casa que la mujer hipotecó para aportar dinero a la sociedad.

Además, en la denuncia, Artacho vincula la estafa con la Fundación Madres de Plaza de Mayo. La mujer tiene en su poder varios remitos de materiales de construcción comprados para el emprendimiento pero que fueron remitidos a nombre de la Fundación. La sospecha inicial, según explica el periodista de judiciales Omar Lavieri, era que el dinero provenía del Estado, desviado de la Fundación para el restaurante.

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Junto a Sergio y Pablo Schoklender, también aparece como socio de la firma Docamer Enrique Rodríguez, ex ministro de Trabajo durante el mandato de Carlos Menem y ex ministro de Producción en el gobierno de Jorge Telerman en la Ciudad de Buenos Aires.

Este último será el primero en ser indagado por el juez Martínez de Giorgi; luego lo harán los hermanos Schoklender.

Judiciales

La Justicia desestimó el pedido de Cristina Kirchner y ratificó a Capuchetti al frente de la causa por el atentado

La magistrada seguirá al frente del expediente, aunque la investigación la llevará a cabo el fiscal Carlos Rívolo.

La Cámara Federal rechazó el pedido de recusación presentado por Cristina Kirchner, contra la jueza María Eugenia Capuchetti, quien seguirá estando a cargo de la causa por el atentado contra la Vicepresidenta.

Aunque la investigación había sido delegada por la magistrada, en el fiscal Carlos Rívolo, tras la acusaciones de imparcialidad por parte de la defensa de la ex mandataria.

El fallo del camarista Leopoldo Bruglia, sostiene que: “Por el momento no se desprende en el marco de estas actuaciones, acto alguno por parte de la magistrada interviniente que pueda inferir un objetivo y concreto dato de parcialidad”.

Asimismo, indica que se profundice en la investigación de la “pista Milman”, ya que los representantes legales de la ex mandataria acusaron al legislador del PRO, de ser el autor intelectual del ataque ocurrido el pasado primero de septiembre, en el barrio porteño de Recoleta.

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La propia Cristina había utilizado sus redes sociales, para apuntar contra el diputado opositor, y contra la líder del PRO, Patricia Bullrich,  señalándolos como los instigadores del hecho.

Según el fallo del juez Bruglia, los abogados de la titular del Senado, no lograron evidenciar la ausencia de imparcialidad por parte de la magistrada Capuchetti, que denunciaron en el planteo.

“Se dirigen a manifestar su disconformidad –pueda ser acertada o no- con ciertas aristas relacionadas con el modo de llevar adelante la presente investigación, pero de ningún modo concreta una evidencia que demuestre la ausencia de imparcialidad invocada”, indica el escrito presentado por el camarista.

A lo que agrega que, “Por el momento no se desprende en el marco de estas actuaciones, acto alguno por parte de la magistrada interviniente que pueda inferir un objetivo y concreto dato de parcialidad”.

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En tanto, el magistrado dejó en su fallo un llamado de atención al abogado José Manuel Ubeira, por considerar sus dichos como “improcedentes” e “impropios”, luego de que en la audiencia del miércoles pasado dijo que si algo le ocurriera a Cristina Kirchner o a sus hijos en el futuro sería responsabilidad de Capuchetti, por no haber tomado las medidas que ellos, como querellantes, solicitaron en la causa.

 

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Judiciales

Cristina Kirchner insiste con su sobreseimiento en la causa por el Memorándum con Irán

Los abogados de la Vicepresidenta realizaron la presentación ante Casación Federal, para evitar el juicio oral, que piden los familiares de víctimas del atentado a la AMIA y la DAIA.

La Vicepresidenta de la Nación, insiste en que se confirme su sobreseimiento en el marco de la causa por el Memorándum con Irán, que garantizó la impunidad a los imputados por el atentado contra la AMIA, para evitar el juicio oral.

Es que los abogados de Cristina Kirchner, solicitaron ante la Cámara de Casación que se confirme su sobreseimiento en la causa, mientras se realizaba la segunda audiencia donde expusieron de manera oral, algunas de las partes.

A lo largo de la presentación, la defensa de la ex mandataria, a cargo del abogado Carlos Beraldi, hizo un repaso de las principales causas abiertas contra Cristina Kirchner y apuntó a los jueces del tribunal.

“La actuación de Hornos y Borinsky no solo fue cuestionada por las defensas, sino también por el Fiscal General Javier De Luca y por la jueza Ana María Figueroa, quienes pusieron de manifiesto que su intervención en el caso era totalmente irregular”, sostiene el texto presentado por la defensa de CFK.

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En tanto, Beraldi volvió a insistir en que no hubo delito con la firma del Memorándum, tal como sostuvo el juez Daniel Rafecas al comienzo de la causa, y reclamó que “se deberá́ dictar en esta instancia un auto de sobreseimiento respecto a todas las personas injustamente acusadas en el proceso, por la misma causal, con expresa mención de que la formación de esta causa en nada afectó su buen nombre y honor”.

De este modo, la titular del Senado, busca evadir el juicio oral, como lo hizo con la presentación para que se confirme su sobreseimiento, y el de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, en la causa denominada Hotesur-Los Sauces.

La causa se deriva de cuando Argentina e Irán firmaron en 2013 un memorándum sobre la causa del atentado a la AMIA. El acuerdo establecía que ante la negativa de Irán de extraditar a los acusados de ser los autores del hecho, el juez y el fiscal del caso, entonces Rodolfo Canicoba Corral y Alberto Nisman, podían viajar a ese país a indagar a los acusados.

También creaba una comisión de la verdad, pero el acuerdo fue objetado políticamente y ante la justicia que lo declaró inconstitucional. En enero de 2015, Nisman denunció a Cristina Kirchner y otros funcionarios de su gobierno por el acuerdo porque señaló que se hizo para encubrir a los acusados y hacer caer las órdenes de detención internacional.

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La causa primero fue archivada por el juez Daniel Rafecas por inexistencia de delito pero luego la Cámara de Casación la reabrió y pasó al juez Claudio Bonadio, que procesó a la ex presidenta y otros 11 acusados, entre ellos el actual senador nacional Oscar Parrilli, el dirigente social Luis D´Elia, el fallecido ex canciller Héctor Timerman, el viceministro de Justicia Juan Martín Mena, y el procurador del Tesoto de la Nación Carlos Zannini, entre otros.

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Judiciales

Irregularidades en el Potenciar Trabajo: Juan Manzur tendrá que dar explicaciones ante la Justicia

El fiscal Marijuán citó al jefe de Gabinete el próximo 28 de noviembre, en el marco de la investigación por los beneficiarios de planes sociales que compraron dólares y declararon bienes personales.

Sigue su curso la causa judicial que investiga las irregularidades en los planes Potenciar Trabajo, es que el fiscal Guillermo Marijuán, llamó a declaración indagatoria al Jefe de Gabinete, Juan Manzur, para que de las explicaciones correspondientes.

La cita es para el próximo 28 de noviembre próximo a las 11 de la mañana, en el marco de la causa iniciada tras el informe de la AFIP, que detectó que unos 250 mil beneficiarios habían comparado dólares y declarado bienes personales en los últimos seis meses. Algo que es incompatible con la ayuda social.

En este caso, el funcionario deberá dar explicaciones acerca del funcionamiento y control del mayor programa de asistencia que posee el Gobierno nacional, y que gestiona el ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Victoria Tolosa Paz.

Del mismo modo, también fue citado a declaración testimonial al titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Carlos Castagneto, quien fue el responsable de la elaboración de los dos informes que revelan las “incompatibilidades” en el cobro del Potenciar Trabajo de miles de beneficiarios.

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En tanto, el fiscal que lleva adelante la investigación, tambien libró un oficio a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, para que “se informe la nómina de personal que presta funciones en la Secretaría de Economía Social a cargo del Sr. Emilio Pérsico, debiendo especificar los cargos que desempeñan tales personas”.

Vale destacar que el funcionario y líder del Movimiento Evita, fue denunciado por el desvió de fondos públicos hacia cooperativas que él mismo administra, además su agrupación es la que cuenta con mayor porcentaje de beneficiarios de subsidios que otorga el Estado.

En el requerimiento, Marijuán le pide a Manzur que se presente en la fiscalía “acompañado de la documentación respaldatoria labrada o tomada en consideración por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para no atender u observar los dos informes de la Administración Federal de Ingresos Públicos solicitados por ese organismo en fechas 30/06/2022 y 10/11/2022, en relación al control y/o auditoria del Programa Potenciar Trabajo”.

Durante el análisis de la AFIP, se detectó la compra de dólares, personas que tienen más de una propiedad, autos de menos de un año de antigüedad, beneficiarios que poseen medicina prepaga o cobertura social, que son titulares de jubilaciones, pensiones o retiros, e incluso que seguían percibiendo el subsidio a pesar de haber fallecido.

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Según el informe del organismo recaudatorio, de un padrón de 1.383.279 titulares del plan estatal, unos 250 mil presentaban alguna incompatibilidad con los requisitos impuestos por el Gobierno. Sin embargo, la propia Tolosa Paz, anunció en conferencia de prensa que solo se les quitaría el beneficio a unos 2.243.

 

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