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Judiciales

Causa Ciccone: Lo que Boudou no pudo explicar en la indagatoria

El vicepresidente detalló con amplitud argumentos para contrarrestar las acusaciones, pero dejó dudas al responder sobre el alquiler de un departamento suyo donde supuestamente pernoctó Vandenbroele

Luego de hablar durante casi seis horas, excepto para ir al baño tres veces y consultar en un aparte con sus abogados, en la indagatoria Boudou aceptó contestar preguntas, y en su respuestas aparecieron las fisuras, dijeron funcionarios cercanos al caso que evaluaron la indagatoria.

Boudou organizó su indagatoria en bloques temáticos con los que pretendió responder los principales puntos de la acusación: que se quedó con parte de la ex Ciccone, que lo hizo a través de The Old Fund, de Alejandro Vandenbroele , la empresa que refinanció la deuda de Formosa cuando él era ministro de Economía; para el juez ambos eran conocidos; que influyó en la AFIP para que le dieran un plan de pagos, que se encargó de frustrar una licitación para reequipar la Casa de Moneda, para no tener competencia en la impresión de billetes.

Los principales puntos oscuros que dejaron sus explicaciones a la luz de la acusación son:

1) Su relación con Vandenbroele: Boudou negó, en preguntas de su abogado Diego Pirota, que lo conozca. Aseguró que “es obvio que no” sabe quién es. “Y a esta altura del debate creo que el juzgado llevó adelante una pesquisa muy incisiva en busca de pruebas que nunca aparecieron”, chicaneó.

Sin embargo, hay dos puntos del interrogatorio referidos a Vandenbroele sobre los que no conformaron las respuestas del vicepresidente. Le preguntaron cómo era que la línea telefónica de su departamento del edificio River View de Puerto Madero, que alquiló al abogado que vive en Madrid Fabián Carosso Donatiello, pasó a figurar a nombre de Alejandro Vandenbroele, a quien jura desconocer.

Para explicar esta situación, el vicepresidente dijo que el teléfono nunca estuvo a su nombre, sino al de la persona a la que él le compró el inmueble. Que muchos inquilinos ponen los servicios a su nombre para evitar arrastrar las deudas que estuvieran a nombre del propietario. “Tengo entendido que Carosso Donatiello residía en España y su familia en Rosario, no me parece extraño que hubiera delegado en una persona que conociera o fuera de su confianza la tramitación del alta de los servicios”, declaró. Así adujo que Carosso Donatiello es de confianza de Vandenbroele y por eso el dueño de The Old Fund terminó siendo titular de su línea telefónica.

The Old Fund y su consultoría en Formosa: Boudou dijo que cuando la consultora refinanció la deuda de Formosa y él era ministro de Economía no conocía de quién era la empresa que se encargó de la ingeniería financiera. The Old Fund cobró por esa tarea con la factura N°3 de la empresa 7,5 millones por ese trabajo. Otra pregunta que ahondó en ese vínculo se relacionó con saber por qué The Old Fund pagó viajes a Sebastián Boudou, hermano del vicepresidente. Dijo que “por una cuestión de facturación”, porque la firma necesitaba tener IVA a su favor.

Otro nexo entre Boudou y The Old Fund lo determinaron los cruces de llamadas. Le preguntaron por qué desde un teléfono de su secretario Eduardo Romano llamaron a una línea registrada a nombre de The Old Fund, pero Boudou dijo que lo consultó con su asistente y que le dijo que “no había hablado nunca con The Old Fund ni con Vandenbroele”.

Un accionista: Negó todo, del mismo modo, cuando le preguntaron por Sergio Martínez, supuesto viejo amigo marplatense de Boudou que figura como accionista minoritario de The Old Fund. Dijo que no lo conoce.

Siempre el nexo que Boudou admite tener con Vandenbroele o The Old Fund es indirecto, a través de su socio y amigo José María Núñez Carmona. Dijo que Núñez y Vandenbroele se conocían desde la década del 90 y su amigo hizo un viaje a Estados Unidos. Pero aclaró que no le otorgó facultades a Núñez Carmona para que hiciera nada en su nombre: “Las relaciones personales, por más cercanas que sean, en ningún caso han influido en mi actividad pública. Ni siquiera comparto los temas de trabajo y llevo adelante en conversaciones o reuniones del ámbito personal”.

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Denuncian penalmente a Juan Zabaleta y al “Chino” Navarro por destinar subsidios millonarios a organizaciones sociales amigas

La abogada Jimena Castiñeira Arce presentó una denuncia ante la Justicia por el destino de más de 6.500 millones de pesos en cuatro meses a distintas agrupaciones cercanas al Gobierno.

La abogada Jimena Castiñeira Arce, en representación de la agrupación “Equipo Banquemos”, presentaron una denuncia penal contra el Ministro de Desarrollo social, Juan Zabaleta, el funcionario Fernando “Chino” Navarro y Juan Grabois por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, violación a los deberes de funcionario público y tráfico de influencias.

En base al informa periodístico presentado en el programa La Cornisa, que conduce Luis Majul, en donde se demostró que “entre enero y abril de este año, el Ministerio de Desarrollo Social destinó más de 6.500 millones de pesos a fundaciones y organizaciones sociales”.

Queda en evidencia que existe predilección por parte del Gobierno, para con algunas fundaciones, cooperativas y asociaciones, que mantienen un vínculo cercano a los funcionarios, por lo que los denunciantes esperan avances en la causa penal en lo inmediato, la cual ha quedado a cargo del titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 4, Ariel Lijo.

Según el informe periodístico, la fundación “La Garganta Poderosa recibió $82.213.379,7 en los primeros cuatro meses del año”. Este flujo de fondos públicos se canalizó mediante giros que tuvieron como protagonista a Julián Mur Ríos, quien firmó los cheques como titular de la asociación.

Mur Ríos fue nombrado coordinador de Inclusión Laboral de la Dirección Nacional de Políticas Integradoras del Ministerio de Desarrollo Social, sin embargo, desde la popular revista señalaron que el firmante de los cheques ya no forma parte de la organización.

Otro de los beneficiados por estos subsidios millonarios, fue Juan Grabois, ya que el 12 de enero, el Ministerio de Desarrollo Social concretó dos giros a organizaciones vinculadas al líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

Se trata de la Asociación Mutual Senderos, a donde se destinaron $20.371.869,13, y la Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada con unos 70 millones de pesos. Ambas funcionan en Constitución, donde está la sede de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que tiene al abogado como uno de sus principales referentes.

También, en dos pagos, la Fundación Conurbano recibió $106.650.000. Se trata de una organización de Lomas de Zamora que tiene nexos con Fernando “Chino” Navarro, secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete y uno de los líderes del Movimiento Evita.

El titular de la Fundación Conurbano es Alfredo Luis Fernández, que es secretario de Hábitat de la Municipalidad de Lomas de Zamora, territotio de Navarro y del intendente en uso de licencia Martín Insaurralde, actual jefe de Gabinete bonaerense.

 

 

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Polo Obrero: denunciaron a dirigentes que reconocieron retener un dos por ciento de los planes

El fiscal federal Guillermo Marijuan impulsó la causa penal contra Gabriel Solano y Eduardo Belliboni por los presuntos delitos de “amenazas y extorsión”

Novedades en el mundo judicial. El fiscal federal Guillermo Marijuan denuncio al legislador porteño Gabriel Solano del Partido Obrero y a Eduardo Belliboni, el líder del Polo Obrero (PO) por los presuntos delitos de amenaza y extorsión porque “obligaban a las personas que reciben el subsidio ‘Potenciar Trabajo’ a hacer un aporte mensual” del 2% de los haberes que reciben por parte del ministerio de Desarrollo Social.

En una entrevista radial, Marijuan sostuvo que “existen informaciones públicas acerca de que se estarían pidiendo porcentajes de los planes sociales”, y agregó: “No se puede pedir exigencia alguna por estar, permanecer o conseguir un plan”.

El Polo Obrero había reconocido públicamente el cobro del porcentaje y explicó que lo destina a solventar los gastos en alquileres, servicios y alimentos de los comedores de la organización. Señalaron que se trata de un aporte voluntario votado en asambleas.

“Esto tiene que ver con la falta absoluta de control que existe por parte del Estado Nacional respecto de la situación de las personas que tienen planes sociales”, dijo el fiscal. En la misma línea, afirmó: “Llegamos a esta situación donde muchas personas están registradas para recibir un plan social y no tienen el debido control”.

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Marijuan también habló sobre quién controla los beneficiarios de planes sociales: “En la norma actual el Estado nacional le delega a organizaciones no gubernamentales el control de estos planes”.

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La denuncia recayó en el juzgado de la jueza federal María Servini y la causa quedó registrada con el número 2078/2022.

“Solamente de manera provisoria, las conductas habrán de encuadrarse en los delitos de amenaza y de extorsión”, indicó el fiscal. “Según se desprende de la información periodística, los beneficiarios del plan ‘Potenciar Trabajo’ deben entregar a punteros políticos, en forma mensual, la suma de $500 de los $19.000 que cobran, debiendo además asistir a manifestaciones”, abundó.

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Ganancias y Bienes Personales: la Justicia ordenó a la AFIP suspender los vencimientos

Una jueza federal aceptó una medida presentada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas porteño, que había pedido aplazar las presentaciones previstas para los próximos días

Novedades en material judicial: la Justicia aceptó el amparo del Consejo Profesional de Ciencias Económicas porteño para que se aplace el vencimiento anual del pago y la presentación de los impuestos a las Ganancias y a los Bienes Personales establecido para los próximos días.

La jueza Macarena Marra Giménez dispuso que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) postergue esta fecha.

En su decisión, la magistrada declaró “formalmente admisible la acción colectiva deducida” y reconoció “idoneidad al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como representante del colectivo involucrado en defensa de los derechos de los/las profesionales matriculados/as en Ciencias Económicas en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Además, ordenó “establecer como objeto procesal de la causa que se ordene a la AFIP-DGI prorrogar el vencimiento de la presentación y el pago de las declaraciones juradas determinativas del impuesto a las ganancias – incluyendo el impuesto cedular- y del impuesto sobre los bienes personales del Período Fiscal 2021 de las personas humanas cuyo vencimiento está previsto actualmente para los días 23 a 27 de junio, hasta después de transcurridos 60 días desde que fueron puestos a disposición los sistemas web necesarios para cumplir dicha labor, es decir a partir del día 12 de julio en adelante”.

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“Atento la proximidad del vencimiento de los plazos para la presentación de las declaraciones juradas involucradas -para los días 23 a 27 de junio-, y de conformidad con las facultades otorgadas por el art. 4 inc. 1º párrafo 3º de la Ley 26.854, corresponde ordenar como medida interina y hasta tanto se resuelva la medida cautelar peticionada en autos, la suspensión del vencimiento para la presentación y el pago de las declaraciones juradas determinativas del impuesto a las ganancias – incluyendo el impuesto cedular- y del impuesto sobre los bienes personales del Período Fiscal 2021 de las personas humanas, establecido por la Resolución General AFIP Nº 5192/2022″.

Además, dispuso requerir “a la demandada Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General Impositiva (AFIP-DGI) que, en el término de 3 días, produzca el informe previo establecido por el art. 4º de la Ley n° 26.854 y la publicación en su página web institucional de los datos de la presente causa, su objeto y la medida interina que aquí se ordena”.

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