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Judiciales

El Procurador consideró que la Corte Suprema debe revisar la reforma constitucional de Jujuy

Tras un pedido del Gobierno nacional, Eduardo Casal dictaminó que la modificación llevada adelante por el gobernador Morales debe ser analizada por el máximo tribunal y un grupo de expertos.

Sigue el conflicto entre el Gobierno nacional y el mandatario de Jujuy, Gerardo Morales, por la reforma de la Constitución provincial que derivó en una serie de violentos incidentes y protestas en las primeras semanas de julio.

Este mediodía, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, determinó que la Corte Suprema de Justicia, debe revisar la constitucionalidad de la reforma de la impulsada por el gobernador radical y precandidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta.

La decisión llegó luego de que el Ministerio de Justicia a cargo de Martín Soria, se presentara ante el Máximo Tribunal con un reclamo para que se revisen las reformas aprobadas a fines de junio pasado en medio de un clima de protestas y feroz represión en territorio jujeño.

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Eduardo Casal, actual procurador

“A mi modo de ver, en atención a la naturaleza de las partes que han de intervenir en el pleito, la causa corresponde a la competencia originaria de la Corte”, indicó Casal al respecto.

En ese sentido, el jefe de los fiscales agregó que: “En efecto, toda vez que el Estado nacional, que tiene derecho al fuero federal (…), demanda a la provincia de Jujuy (…) entiendo que la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciar la demanda en esa instancia, cualquiera sea la materia del pleito”.

La resolución, de tres carillas, arranca con un repaso de los puntos centrales que había presentado el ultra cristinista ministro de Justica, en su demanda del 4 de julio pasado, donde le exigía a la Corte que suspenda la aplicación de la reforma constitucional.

Entre los puntos más polémicos y cuestionados por la administración nacional, estaban las modificaciones a los artículos 67 incisos 4, 94 y 95, que “vulnerarían los derechos a la participación política, libertad sindical, a huelga, libertad de asociación, reunión y el derecho a la libertad de expresión, entre otros derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional”, según se quejó Soria.

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De hecho, la ola de protestas desatadas en el norte del país fue producto de la aprobación de estos puntos, que contó con el apoyo del PJ jujeño, por lo que el presidente Alberto Fernández, dictaminó una intervención del partido, a cargo del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández y el ex intendente de Merlo, Gustavo Menéndez.

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