Denuncian que Kicillof y Berni habían cerrado un centro de monitoreo en La Matanza dejando zonas liberadas

Luego de la agresión de este lunes al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, al asistir a la protesta que realizan los compañeros de Daniel Barrientos, el chofer de la línea 620 que fue asesinado en la madrugada del lunes mientras conducía el micro, los voceros del Gobierno salieron a dar explicaciones, pero encontraron un culpable a quien tirarle la responsabilidad: las empresas, que según los funcionarios se comprometieron a la instalación de las cámaras pero no cumplieron.

El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, sostuvo que el gobernador Axel Kicillof lo instruyó para que “esto funcione lo antes posible con un centro de monitoreo para poder prevenir y no solo para tener grabado al agresor”.

Según el funcionario de la provincia, las empresas vienen intimadas desde principios de enero para completar las instalaciones faltantes y que para poner en marcha el sistema se invirtieron 2.500 millones de pesos.

“Se va a formar una Comisión de Seguimiento con Unión Tranviarios Automotor (UTA) para terminar de instalar las cámaras”, aseguró el funcionario del Gabinete bonaerense.

Respecto de la responsabilidad empresarial, sostuvo que “se va intimar a la empresas para que las coloquen donde faltan además de poner en marcha el Centro de Monitoreo con Inteligencia Artificial (IA) y toda la tecnología”.

La idea, entonces, es que las cámaras puedan ser vigiladas en vivo por un operador que al detectar una situación de posible peligro para choferes y pasajeros pueda dar aviso a la policía.

Pero, más allá de los dichos del Gobierno, desde la web de SEPRIN denuncia que “en La Matanza hay 9 zonas liberadas sin cámaras para que actúen los delincuentes y reportan directamente con la recaudación al poder político de ese distrito”, afirman.

“Ahora que no digan que no hay soluciones mágicas. Las había y las desmantelaron”, expresan en un artículo publicado en su página oficial.

“Mucha gente no sabe esto y seria bueno que un fiscal actuare de oficio y lo llame a declarar a Ritondo y a Berni para saber realmente si no fue una orden política para hacer caja desmantelar este sistema de protección para los choferes y pasajeros”, subrayan al final en una nota firmada por Héctor Alderete.