Horacio Rosatti denunció cuatro líneas telefónicas a su nombre que no pidió en Misiones

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, denunció que en Misiones activaron cuatro líneas de teléfono a su nombre sin que él lo supiera.

El funcionario judicial hizo la presentación en Comodoro Py 2002, y Marcelo Martínez de Giorgi es el juez federal a cargo, con la intervención fiscal de Paloma Ochoa.

Las fuentes judiciales informaron al sitio Infobae que las líneas telefónicas fueron habilitadas en enero, algo que el juez del máximo tribunal se enteró casi por una mera casualidad.

Llegaron a su casa en Santa Fe reclamos de la empresa telefónica por falta de pago. El delito denunciado habla de falsificación de documento destinado a acreditar identidad.

Además de ser un escándalo grave en sí mismo, el episodio Rosatti coincide en el tiempo y el espacio con dos noticias de fuerte impacto institucional: el proceso de juicio político que el gobierno impulsa contra todos los ministros de la Corte, iniciado a fines del año pasado, y la investigación por el hackeo ilegal del teléfono de Marcelo D’Alessandro, el ahora ex ministro de Seguridad porteño separado de su cargo por la filtración de supuestos chats robados de su celular.

Según indica el periodista Claudio Savoia en Clarín, desde al menos dos décadas, Misiones viene repitiéndose como una plaza importante para el espionaje ilegal.

Varias causas judiciales revelaron pedidos de intervención de líneas telefónicas firmados por magistrados de esa provincia sin que existieran fundados motivos procesales para hacerlo, o vinculaciones entre los acusados en las causas y los teléfonos que se pedían intervenir.

Cristina Kirchner le respondió al senador de Estados Unidos que pidió que fuera sancionada por estar condenada

Misiones también tiene un lugar estratégico por su cercanía geográfica con Paraguay, desde donde han operado -según especialistas en seguridad siguen operando- varias organizaciones y empresas privadas que bajo distintas fachadas legales hacían tareas de espionaje electrónico.

Alguna de ellas, incluso, fue vinculada a personal de Inteligencia del Ejército retirado luego de que Cristina Kirchner abandonó el poder en 2015.