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Judiciales

Casación resolvió que la causa de Lago Escondido se investigue en Comodoro Py

El juez Sebastián Ramos, estará a cargo de la investigación por la filtración de supuestos chats, entre funcionarios porteños, jueces, fiscales y directivos de medios de comunicación.

En las últimas horas, la Cámara Federal de Casación Penal, resolvió que la causa penal por el caso de Lago Escondido, se investigue en los tribunales de Comodoro Py, quedando a cargo del juez federal Sebastián Ramos.

De este modo, se definió un conflicto de competencia que se había generado con la justicia federal de Bariloche, donde se inició la causa. Tras una denuncia que involucraba a funcionarios porteños, jueces, fiscales y directivos del Grupo Clarín, en un encuentro en la estancia propiedad del empresario británico Joe Lewis.

Según fuentes judiciales, la decisión la tomaron los jueces de la Sala I de la Cámara de Casación, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña. El tribunal también está integrado por Carlos Mahiques, que es uno de los que viajó a Lago Escondido y está bajo investigación, por lo que se excusó de intervenir en el caso, lo que fue aceptado por sus colegas.

El expediente investiga los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y aceptación de dádivas, a partir de la denuncia del abogado Marcelo Hertzriken Velasco. Y tiene como imputados el ex ministro de Seguridad y Justicia de CABA, Marcelo D’Alessandro, junto a funcionarios judiciales, empresarios y dirigentes vinculados a la Secretaría de Inteligencia.

Si bien, la denuncia había sido radicada en octubre pasado, recién cobró repercusión cuando se conocieron unos supuestos audios en donde los participantes del vuelo hablaban de la difusión de esa noticia y cómo manejarse en consecuencia para hacer pasar que pagaron el viaje y la estadía cuando en realidad no lo habían hecho.

Dichas conversaciones habrían sido sustraídas de un hackeo al teléfono celular del ex funcionario porteño, que terminó renunciando a su cargo por el escándalo, denunciando una “operación ilegal de inteligencia”, que lo alejó de la administración de Horacio Rodríguez Larreta.

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