Obligados ante la ola de violencia en Santa Fe, Diputados debaten una reforma en la Justicia

El Gobierno y la oposición buscan dar dictamen del proyecto de fortalecimiento de la justicia penal federal en Santa Fe, como respuesta ante el reclamo popular por la crisis de violencia narco en Rosario. La iniciativa, que espero su dictamente en la comisión de Presupuesto y Hacienda será tratada, en caso de contar con el aval correspondiente, la próxima semana en Diputados.

Propone crear 27 fiscalías federales, 15 en Rosario, nueve defensorías y seis juzgados federales. Además de seis cargos de juez penal federal con funciones de revisión, con la meta puesta en la agilización de las causas penales.

El proyecto plantea que “quienes sean titulares de las Fiscalías Federales ante los Juzgados, Cámaras y tribunales orales de la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, podrán desempeñarse simultáneamente ante los jueces con función de garantía, revisión, de juicio y ejecución del Distrito fiscal correspondiente a su asiento”.

El debate es en la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, liderada por el legislador K, Carlos Heller, y tiene como objetivo emitir dictamen de la iniciativa que implica el refuerzo de fondos para Santa Fe con el fin de implementar la reforma judicial.

La semana pasada la Oficina de Presupuesto del Congreso publicó el informe de la incidencia económica que tendría la iniciativa, que es de unos $1106 millones anuales, a partir de la creación de 50 cargos, 36 en el Ministerio Público y 14 en el Poder Judicial, y aclaró: “Sin prever el detalle de las estructuras que los contienen”.

Según el organismo se prevén $1564 millones en gastos de personal, “parcialmente compensados por el ingreso de aportes y contribuciones a la Seguridad Social y el pago de Impuesto a las Ganancias que quedan en la Administración Nacional”.

Una de las claves de la propuesta es el impulso la implementación del sistema acusatorio, que asegura una división de roles entre jueces y fiscales, con el objetivo de agilizar los procesos.
Con este régimen la investigación de los delitos queda a cargo del fiscal, que es quien promueve la acción penal contra los autores y partícipes de una causa, que luego deberá ser probada en un juicio oral y público. El juez garantizará que se cumpla la ley durante el procedimiento penal, además de controlar el respeto de las garantías constitucionales.