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Política

Alberto Fernández nombró a una abogada de su confianza al frente de la Oficina Anticorrupción

Se trata de Verónica Gómez, quien ocupará un puesto clave en medio de un año electoral, ya que conducirá el organismo que debe controlar potenciales hechos de corrupción y declaraciones de bienes patrimoniales de los funcionarios.

Tras meses de estar acéfala, la dirección de la Oficina Anticorrupción (OA), finalmente quedó a cargo de la abogada Verónica Gómez, por decisión del presidente de la Nación, Alberto Fernández.

Al dar a conocer la noticia, el Gobierno destacó la trayectoria profesional de la letrada y resaltó que: “la nueva titular de la Oficina Anticorrupción ha desarrollado su carrera en diversos ámbitos de la esfera pública. Fue directora general de Empleo y Capacitación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Durante su carrera en la función pública, Gómez, se desempeñó como asesora en materia de derecho constitucional, derechos humanos y género en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Además, fue legisladora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se desempeñó como presidenta del bloque del Partido Socialista entre 2005 y 2009, así como también fue asesora en la Cámara de Diputados de la Nación.

La abogada reemplazará en el cargo a Félix Crous, quien había presentado su renuncia a fines de 2022, para volver a ocupar su cargo previo en el Ministerio Público Fiscal. Dejando vacante la cabeza del organismo.

El funcionario había sido muy cuestionado en sus acciones al frente de la OA, cuando retiró las querellas contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, en el marco de las causas que investigaban irregularidades en la obra pública de Santa Cruz, que luego llevaron a una codena de seis años de prisión a la ex mandataria.

 

Por su parte, Gómez, se reunió esta mañana con el Presidente en Olivos para oficializar su nombramiento al frente del organismo que debe controlar potenciales hechos de corrupción en la administración nacional, además de las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios y posibles conflictos de interés.

 

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