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Política General

Juicio político a la Corte: descubren red de vínculos de Rosatti

Los hilos que salieron a la luz en la Comisión de Juicio Político podrían valerle al titular del Máximo Tribunal una denuncia penal por tráfico de influencias, según confirmaron fuentes judiciales a este medio

La Comisión de Juicio Político ha descubierto una red vínculos entre Rosatti y personas que litigan en la Corte que podrían provocar un nuevo tembladeral. Según pudo reconstruir este medio, el presidente del colegio de abogados de la calle Montevideo, que impulsó el 2×1 y que fue el que demandó la inconstitucionalidad de la ley del Consejo, tiene a su hijo en la secretaria donde tramitan los juicios y a otro en el despacho del propio Rosatti.

Además, la Coalición Cívica tiene a una persona en la presidencia del Consejo, la cual fue designada por Rosatti. Pero los vínculos no terminan allí: Silvio Robles, que dirige la vocalía de Rosatti, tuvo a su hijo designado en la CABA y a su mujer contratada como consultora.

Todos estos vínculos muestran la influencia que ejerce un sector del poder sobre el presidente de la Corte. NEXOFIN consultó a dos abogados sobre las incompatibilidades de estos cruces, y la respuesta fue tajante: “Esos vínculos dan fundamento no sólo al juicio político, sino también a la responsabilidad penal por tráfico de influencias, según se desprende del Art 256 y siguientes del Código Penal”.

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Nombre por nombre, los vínculos problemáticos

Los Garay. La Comisión de Juicio Político citó a Guillermo Garay que trabaja como letrado en la vocalía de Rosatti y a Sebastián Garay, que trabaja en la Secretaría de juicios Originarios de la Corte.
En ambos casos se estudia la posible comisión de delitos vinculados a los nexos con una de las partes de un proceso judicial. ¿Cuál es la razón? Sebastian Garay trabaja en la secretaría de juicios originarios de la Corte Suprema. En esa secretaría es donde tramita el juicio de coparticipación entre la CABA y el Estado Nacional. Garay es el hijo de Alberto Garay, Presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad, y un hombre clave de la estrategia de coparticipación de la CABA y estrechamente vinculado a la Coalición Cívica.

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Alberto Garay se ha mostrado como un fervoroso militante en defensa de los intereses del presidente de la Corte. Por ejemplo, se ha quejado públicamente de que a un Juez no se lo puede juzgar por la sentencia, protegiendo de esa manera a Rosatti. Pero Garay no opinión lo mismo cuando el Juez Daniel Alonso dictó una sentencia. En ese caso escribió un artículo el 18 de Abril de 2022, publicado en Infobae, donde dijo que Alonso debía ser denunciado al Consejo de la Magistratura.

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Una prueba clara de la influencia de Garay, es que impulsó juzgar a un Juez por la sentencia y la Corte le dio la razón.

En la sentencia del 18 de abril de 2022, la Corte fulminó la sentencia que había dictado el Juez de Paraná, a pedido del diputado Marcelo Casaretto. Ese expediente surgió porque el 13 de abril se presentó el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires ante la Corte. ¿Quién era el presidente del Colegio? Garay. ¿Quién estaba en la Corte en ese caso? Su hijo.

La Corte falló inmediatamente, diciendo que la sentencia del Juez Alonso se dictó en ausencia de jurisdicción y se entrometió en la competencia de la Corte (firmada por Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda).

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Luego dijo que la decisión de ese juez es nula y decidió denunciarlo al Consejo de la Magistratura: “Esa decisión de la Corte, que ordena juzgar a un juez por su sentencia, basándose en que invadió la jurisdicción de otro órgano, es el fundamento que usará la comisión para acusar a los jueces de la Corte”, especularon fuentes judiciales ante este medio.

La Coalición Cívica y CABA en el Consejo

Rosatti designó a Fernando Javier Rivas, de 43 años, en la vocalía de la presidencia del Consejo de la Magistratura. Es un cargo muy importante porque maneja la agenda del Consejo. ¿Quién es Rivas?

Rivas es una persona del PRO, que trabajó de asesor en la CABA y está vinculado directamente a la Coalición Cívica.

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El señor Rivas es asesor de Cecilia Ferrero, que es diputada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ferrero, según su perfil, trabajó “durante seis años como asesora en la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados de la Nación”. Asesora de la diputada Carrió. Miembro de la Coalición Cívica. También asesoró a Fernando Sánchez.

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Se trata de un dato que, de manera llamativa, pasó desapercibido. No es normal que una persona de la Coalición Cívica y con lazos en CABA sea nombrado en el Consejo, justamente cuando lo acusan a Rosatti de tener vínculos con funcionarios de peso en la Ciudad.

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Monayer

La comisión citó también a Natalia Hilda Monayer, que, como lo señalan todos los testigos, era una suerte de “sombra” de Silvio Robles. Es quien estuvo en la audiencia de conciliación de la CABA, junto con Robles y D’Alessandro; además, es quien maneja todos los vínculos de Robles y también su teléfono.

Monayer está indicada como alguien tan responsable como Robles en las conexiones ocultas que tiene Rosatti con la CABA y la Coalición Cívica, y es muy probable que sea denunciada penalmente. Es policía y está en una situación clara: o dice la verdad, o estará sometida a proceso.

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