El Gobierno nacional autorizó el ingreso de pistolas Taser para la Policía de la Ciudad

En medio de la creciente ola de violencia que atraviesa el país, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, obtuvo la autorización para ingresar al país unas 60 pistolas eléctricas, que habían generado tensos cruces entre la administracion porteña y la nacional.

De este modo, a través de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMac), se autorizó la compra de 60 pistolas Taser que habían sido adquiridas por la Policía de la Ciudad. Tras varios años de reclamos de Horacio Rodríguez Larreta, que volvió al centro de la discusión pública tras el homicidio de la oficial de la Policía porteña, Maribel Salazar, que fue baleada con su propia arma en la línea de subte C, hace unas semanas atrás.

Desde el gobierno porteño, aseguraron que una vez que las Taser lleguen al país comenzará la capacitación de los agentes de policía. “Confirmo que finalmente ANMAC autorizó la importación de pistolas Taser a CABA”, señaló el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel.

La disputa con el Gobierno nacional por el ingreso de este tipo de dispositivos al país, se intensificó a mediados de febrero, cuando el Ejecutivo porteño había presentado un amparo ante la justicia por la mora en la resolución del expediente administrativo para poder importar el armamento.

El recurso fue aceptado por el juez en lo contencioso administrativo federal Walter Correa, y le impuso al Estado nacional una definición en un plazo de 30 días, fecha que se iba a cumplir la semana que viene.

Tras conocer la decisión de la Casa Rosada, el ministro de Seguridad porteño, en uso de licencia, Marcelo D’Alessandro, comentó: “Tuvimos que insistir y perder oficiales para que hoy el gobierno nacional autorice las Taser”.

“Peleamos durante años para que el falso progresismo entendiera que hay que equipar a los que nos cuidan con lo mejor. Una gran noticia, que llega muy tarde”, indicó en sus redes sociales el funcionario.

Si bien, las armas electrónicas se regulan y controlan por la Ley de Armas y Explosivos N 20.429 de 1975 y los Decretos N° 395/75 y 1039/89. Su uso y adquisición por parte de las Fuerzas de Seguridad y Policías en Argentina fue definido legislativa y políticamente en los años 80, cuando se incorporaron en la normativa nacional de control de armas, como material controlado.