La Procuración pidió al Gobierno que tome “medidas urgentes” sobre el uso de celulares en las cárceles

En medio de la escalada de violencia que se vive en el país, la Procuración General de la Nación le pidió al Gobierno Nacional que “de manera urgente” tome medidas para evitar el uso de celulares dentro de las cárceles, que facilitan el crimen organizado.

Según surge de un informe realizado por el organismo en 2021, que ya había sido presentado ante la administración de Alberto Fernández, desde las prisiones federales los jefes narcos siguen manejando el negocio de la droga y ordenen crímenes, secuestros y amenazas, como surgió en varias investigaciones judiciales.

Ante esto, la Procuración General, volvió a enviar una serie de propuestas, como la instalación de inhibidores de celulares, más requisas en los pabellones y menos beneficios para delincuentes de alto rango y peligrosidad.

El pedido surge después de una reunión, en la que participaron distintos fiscales que analizaron el estado de situación después de los hechos ocurridos en las últimas semanas en la ciudad de Rosario, que visibilizaron la grave crisis institucional frente al delito.

La iniciática fue remitida al ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, de quien depende el Servicio Penitenciario Federal, en cuyas cárceles de máxima seguridad están detenidos los principales jefes narcos del país.

“En función de la extrema gravedad y relevancia de la problemática expuesta, reitérense al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, las recomendaciones formuladas por este Ministerio Público Fiscal el 12 de octubre de 2021, para que, de manera urgente, todos los organismos de la Administración Pública Nacional, extremen las medias”, indica el texto.

Asimismo, los funcionarios judiciales agregaron que se deben “evitar los diversos factores que facilitan o promueven, este tipo de maniobras y mitigar los serios deterioros que estos delitos representan para la sociedad, la seguridad interna dentro de los establecimientos penitenciarios y los distintos actores del proceso penal (jueces, fiscales, funcionarios y agentes de los poderes judiciales y ministerios públicos, víctimas, testigos y personal policial), atendiendo a la finalidad de la prevención general y, eventualmente, que informe las acciones que se hayan adoptado a esos fines”.

Por otra parte, el organismo a cargo de Eduardo Casal, solicitó a la Corte Suprema de Justicia, que promueva un abordaje entre distintos organismos del Poder Judicial, para continuar con el análisis de propuestas sobre el tema.