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Política

La Justicia investiga a funcionarios de la TV Pública por enriquecimiento ilícito

El principal apuntado es Roberto Gambuzza, sobre quien aseguran nunca asistió a las oficinas centrales desde que asumió como gerente tres años atrás.

Luego de que trascendiera la información de que un directivo de la TV Pública y ex asesor de la Primera Dama, Fabiola Yáñez, cobra todos los meses casi un millón de pesos sin asistir a las oficinas, el fiscal federal Guillermo Marijuán decidió avanzar con la investigación que busca determinar si se cometieron los delitos de enriquecimiento ilícito y defraudación al Estado.

El principal apuntado en cuestión es Roberto Gambuzza, histórico vocero del publicista José “Pepe” Albistur y también ex asesor de su esposa, la ministra Victoria Tolosa Paz.

De acuerdo a las diversas versiones que circulan incluso dentro de la entidad, jamás se lo vio en los actos oficiales del canal, ni los empleados recuerdan haber recibido alguna instrucción suya desde que asumió como gerente de Prensa y Relaciones Institucionales de la TV Pública tres años atrás.

En ese sentido, la investigación no sólo gira en torno a Gambuzza, cuyo último recibo de sueldo fue de 826.500 pesos, sino también a sus empleados, sobre quienes la Justicia busca establecer si son “ñoquis” o tienen una tarea asignada.

Según consigna Clarín, el proceso inició con la toma de testimonios a Radio y Televisión Argentina (RTA), la empresa estatal que preside Rosario Lufrano y que maneja tanto la TV Pública como Radio Nacional.

En este marco, la titular solicitó un informe al director ejecutivo del canal, Claudio Martínez, en la búsqueda por esclarecer qué tareas realizaron estos tres años Gambuzza y sus empleados, así como las actividades que llevan a cabo cotidianamente en el canal.

Rosario Lufrano, Roberto Gambuzza y Claudio Martínez

Los argumentos de Gambuzza

Entre las justificaciones que planteó el gerente, esbozó que “las tareas vinculadas a las relaciones institucionales de la dirección ejecutiva del canal no son tareas vinculadas a la presencia en una oficina”.

“No utilizo ninguna oficina en particular, porque las tareas que realizo implican reuniones y dinámicas diversas en otras oficinas y espacios de trabajo. Los gerentes tenemos ciertas prerrogativas por nuestra función. Y en función del plan de gestión determinamos cómo, cuándo y dónde es conveniente realizar nuestra tarea”, aseguró Gambuzza en diálogo con Clarín.

“En mi caso, la gestión determinó que mi rol sea de asesoría directa de los directores ejecutivos del canal, ya sea en la gestión de Alvarez como ahora en la actual”, concluyó Gambuzza.

La postura de funcionarios nacionales

Varios representantes del sector público se pronunciaron respecto a la polémica en cuestión. En ese sentido, el diputado Hernán Lombardi (PRO), ex titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, fue tajante: “Esto muestra que son impúdicos en el manejo de los dineros públicos. Han perdido todo recato. Defienden privilegios, mientras la Argentina se hunde“, opinó.

Por su parte, la diputada Karina Banfi, vicepresidenta del bloque radical, planteó que “el problema de las empresas públicas es que tienen que rendir cuentas no solo de su efectividad en el trabajo sino de cómo se usan los recursos públicos. Y la responsable de estas anomalías es la presidenta de RTA, Lufrano, porque ella debería controlar que estas cosas no pasen”.

Por otro lado, Silvana Giudici, directora por la oposición parlamentaria en el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) sostuvo: “Los sueldos de la TV Pública son de los más altos en la administración pública nacional, mientras que el ingreso que tiene el canal es uno de los más bajos. Hay un 1.400% de diferencia. Y termina pagando sueldos altísimos de gente que ni siquiera tiene funciones en el canal”.

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