Política
Victoria Tolosa Paz combate a los movimientos sociales K, pero mantiene su caja de más de $ 600.000 millones
Son los fondos que administran el Evita, Barrios de Pie y la UTEP de Grabois.

En una nueva escalada del conflicto piquetero con el Gobierno, las organizaciones sociales preparan un plan de lucha con acampes prolongados y una marcha federal, mientras siguen cobrando sumas millonarias por parte de la cartera de Desarrollo Social.
Además, para este viernes tienen acordada “una acción” de la que aún “no están definidas sus características”, por lo que no se descartan movilizaciones, cortes de rutas ni acampes.
Para ir definiendo las acciones que formarán parte del plan de lucha, Unidad Piquetera tiene previsto realizar durante esta semana plenarios en cada una de las provincias, para votar las medidas que luego llevarán al plenario nacional del 3 de marzo, en Plaza de Mayo.
Además, ante la falta de respuesta por parte de Tolosa Paz, alistan un duro documento. “No tuvimos ningún contacto. El miércoles vamos a sacar un comunicado respondiendo las mentiras y difamaciones que dice; va a haber plenarios en todas las provincias y una acción el viernes, que no están definidas sus características”, confirmó Belloboni.
Polémica por la distribución de fondos
“No somos el ministerio de los piqueteros“, denució la funcionaria la semana pasada, en pleno conflicto por el acampe en la 9 de Julio.
Después de que la ministra decidiera dar de baja a 100.000 beneficiarios que no se reempadronaron, los piqueteros de izquierda, liderados por Eduardo Belliboni y Silvia Saravia, del Polo Obrero y Libres del Sur, continuan en queja permanente por la distribución de los fondos del Potenciar Trabajo.
Este 2023, Pérsico tendrá a cargo más de $ 590.000 millones, de los cuales en un mes y medio ya utilizó casi $ 50.000 millones. $ 33.800 es el actual haber del Potenciar Trabajo, es decir, medio Salario Mínimo.
Desde allí se les pagará el beneficio a más de 1,2 millón de personas, sin contabilizar a los 100.000 que redujo Tolosa Paz. Una duda planteada por la oposición, a través de la Coalición Cívica, es qué va a pasar con las transferencias que se les hacía a esas personas. Los malpensados sugieren que pueden ir a engrosar las arcas del Movimiento Evita.
Pero más polémico es el rol de Juan Grabois, representado a través de Ramona Fernanda Miño, que es la actual secretaria de Integración Socio Urbana, con un “humilde” presupuesto anual a cargo de $ 11.123 millones.
Por otro lado, la secretaria de Inclusión Social es Laura Valeria Alonso, dirigente de la agrupación que lidera Máximo Kirchner, con un presupuesto de $ 442.000 millones a cargo de los cuales ya ejecutó más de $ 78.000 millones, todos destinados al pago de la Tarjeta Alimentar.

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