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Judiciales

Piden al Consejo de la Magistratura protección para jueces y fiscales por la escalada de violencia en Rosario

Los jueces de la ciudad santafecina asediada por la violencia narco, ya habían reclamado acciones concretas del gobierno nacional de la provincia.

En medio de la creciente violencia narco en la ciudad santafecina de Rosario, uno de los integrantes del Consejo de la Magistratura, solicitó que el organismo garantice la protección para jueces y fiscales.

De este modo, el magistrado Alberto Lugones, pidió que de “manera urgente” al titular del organismo Horacio Rosatti, que le solicite a las autoridades nacionales y de Santa Fe que se garantice la seguridad de los jueces y fiscales de la provincia ante los ataques y amenazas que sufren diariamente.

El pedido, que fue expuesto a través de un documento escrito va en línea con lo que la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), planteó el pasado fin de semana ante las amenazas que sufrieron el juez y el fiscal federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa y Javier Arzubi Calvo, respectivamente.

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“La alarmante situación en materia de seguridad que atraviesa desde hace tiempo y con un dramático incremento la Provincia de Santa Fe”, consta en la misiva entregada por el representante ante el también titular de la Corte Suprema de Justicia.

Asimismo, agrega que “desde allí es que se solicita que, de manera urgente, se efectúe una petición institucional a las autoridades nacionales, provinciales y municipales para garantizar la debida protección y seguridad de los integrantes de los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos Fiscales y de la Defensa, así como también de sus oficinas judiciales”.

“Instamos enérgicamente a las autoridades nacionales y provinciales a que adopten todas las medidas conducentes, no sólo para prevenir cualquier episodio que pueda llegar a resultar lamentable y que derive en responsabilidad internacional del Estado Argentino, sino para hacerlos cesar de manera inmediata, identificando a sus posibles autores a los fines de que los tribunales que correspondan determinen sus eventuales responsabilidades penales”, indicó en un comunicado el presidente de la AMFJN, Marcelo Gallo Tagle.

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Es que en las últimas semanas en Rosario, fueron atacados a tiros edificios judiciales, viviendas de jueces y fiscales, unidades penitenciarias y comisarías. De hecho, en la madrugada de ayer fue baleada la sede de la Policía Comunitaria, en el barrio Acindar del sur rosarino, en donde se dejó una amenaza de muerte contra los uniformados.

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