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Política

Juicio político a la Corte: el kirchnerismo evalúa investigar primero a Horacio Rosatti

El oficialismo apunta los misiles contra el titular del máximo tribunal, mientras estudia el proceso a partir de las acusaciones a cada juez.

Luego de darle luz verde a la apertura de la investigación por el juicio político a la Corte Suprema, el Frente de Todos define si inicia el proceso contra el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, en primer lugar.

En un paso más en su avance contra la Corte Suprema, el oficialismo aprobó el pasado jueves una resolución de admisibilidad en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que habilita formalmente el inicio de la investigación por mal desempeño contra los cuatro miembros del tribunal.

De esta manera el Frente de Todos, logró imponerse como mayoría, ya que cuenta con 16 de los 31 miembros de la comisión, para votar en favor de las 14 acusaciones en una misma resolución, algo que era cuestionado por la Coalición Cívica.

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Así, el kirchnerismo pretende que las acusaciones se voten por separado para así avanzar únicamente con sus denuncias contra Ricardo Lorenzetti.

A partir de ahora, la comisión que preside la oficialista Carolina Gaillard, inicia la etapa de instrucción, en la que los diputados deberán recolectar testimonios y aportar pruebas para sustentar las acusaciones por mal desempeño de sus funciones contra los 4 miembros.

Ante el avance K, diputados de Juntos por el Cambio expresaron: “El pedido de juicio político impulsado por el oficialismo es un acto abiertamente destituyente, que intenta alterar el orden democrático y disciplinar a los jueces por el contenido de ciertas sentencias que incomodan al Poder Ejecutivo”.

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“Los jueces pueden interpretar el derecho según su leal saber y entender. Sin temor a sufrir una represalia por parte del Congreso, por el mero hecho de no coincidir con esa interpretación”, concluyeron los legisladores opositores.

“Por eso, el mecanismo de juicio político no puede ser utilizado para sancionar a los jueces por sus opiniones, errores de juicio o el contenido de sus sentencias. Se debe evitar caer en la tentación de usar este mecanismo constitucional de control por motivos de mera conveniencia político-partidaria“, agrega la resolución.

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