Mientras avanza el juicio político en el Congreso, la Corte Suprema retoma su agenda

Termina la feria judicial y la Corte Suprema retoma sus actividades normales, mientras avanza en el Congreso, el pedido de juicio político contra los cuatro miembros del tribunal, que inició en presidente Alberto Fernández.

La ofensiva del oficialismo contra los ministros de la Corte, dio inicio la semana pasada con la primera reunión de la Comisión de Juicio Político, en la Cámara de Diputados, en donde el kirchnerismo y la oposición debatieron de forma acalorada.

Sin embargo, para el tribunal supremo del país, la agenda de este año, estará signada por su postura frente a dos temas que preocupan mucho a la coalición gobernante, por un lado la definición sobre el conflicto por los fondos coparticipables, con la Ciudad de Buenos Aires.

Es que el gobierno porteño, reclama el pago de los 1.100 millones de pesos diarios de la coparticipación federal que la Nación le debe, luego de que en 2020 eligiera retirar ese porcentaje de manera arbitraria, para derivarlo al ministerio de Seguridad bonaerense que conduce Sergio Berni.

Ante esta decisión de la Corte, la Casa Rosada prepara una ampliación de la recusación de todos sus magistrados y un eventual pedido de nulidad del fallo que ordena pagar, mientras que la administración de Horacio Rodríguez Larreta, analiza pedir el embargo de las cuentas nacionales.

Por este conflicto, es que desde el oficialismo se inició el pedido de juicio político contra los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, que ahora, deberán definir la entrega de fondos entre gobiernos, ante el cuestionamiento en el Congreso.

Por otro lado, el máximo tribunal también deberá sentar postura sobre las designaciones de los representantes del Congreso para integrar el Consejo de la Magistratura. Ya que este órgano, está integrado por jueces, abogados, académicos, y legisladores nacionales.

Sin embargo, tras la maniobra de la vicepresidenta Cristina Kirchner, de partir el bloque del Frente de Todos, en el Senado, para quedarse con dos bancas dentro del organismo que controla y designa a los magistrados del país, la oposición presentó una denuncia penal para impugnar este acto.

A pesar de que la Corte se expidió sobre el tema y le dio la razón al legislador del PRO, Luis Juez, quien fue el perjudicado por el accionar de la presidenta del Senado, tras la contrademanda del oficialismo, el alto tribunal deberá definir el tema.