Planes sociales: el Gobierno entregó más de $ 40.000 millones a beneficiarios no autorizados

El cálculo surge luego de que la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz suspendiera a 154.000 beneficiarios que cobraron el Potenciar Trabajo y que no validaron sus datos en la reciente auditoría. Durante todo 2022 percibieron el haber completo, equivalente a medio salario mínimo vital y móvil.

Teniendo en cuenta que el Salario Mínimo fue evolucionando durante el año pasado al ritmo de la inflación, su costo inicial comenzó siendo de $ 33.000 en enero, y terminó diciembre en $ 61.953. Es decir, en mano, un beneficiario del Potenciar Trabajo comenzó 2022 cobrando $ 16.500 y terminó llevándose $30.976, casi el doble, empardado con la inflación del 94,8% que consignó el Indec en los últimos 12 meses.

Entonces, la ministra decidió presentarse ante la Justicia para que se levante el secreto fiscal después de la declaración testimonial que ayer realizó ante el fiscal federal Guillermo Marijuán el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Carlos Castagneto ratificó en la Justicia los informes con las irregularidades detectadas por el ente recaudador aunque aclaró: “La AFIP utilizó las bases de datos que tiene para responder los informes —del ministerio de Desarrollo Social— pero siempre respetando el secreto fiscal. Estos informes contestaron los puntos que fueron requeridos con datos estadísticos, no reflejan una opinión al respecto”.

En su última conferencia de prensa, Tolosa Paz dijo que “154.441 personas no han realizado la validación de identidad”. “Están sujetas a la suspensión del programa Potenciar Trabajo a partir de la liquidación de enero”, confirmó.

Aquellos beneficiarios que serán dados de baja por no haber validado su identidad percibirán, como última liquidación, el 50% de la suma del Potenciar Trabajo que corresponde a enero y que se abonará el 5 de febrero.