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Judiciales

Declaró el testaferro de Muñoz, ex secretario de los Kirchner, y señaló a los verdaderos dueños de su fortuna

El mexicano Isaac Eugenio Esparza Hidalgo, mano derecha del fallecido secretario del exPresidente, es dueño de una fortuna de 70 millones de dólares. En su alegato, sacó a la luz una trama de relaciones políticas del kirchnerismo santacruceño alrededor del blanqueo del dinero.

Daniel Muñoz, exsecretario de Néstor Kirchner y Cristina Ferández, realizó en los últimos años de su vida una serie de inversiones inmobiliarias, que comenzaron con lugares “humildes” en la Patagonia y concluyeron con grandes terrenos en las Islas Turcas y Caicos y departamentos lujosos en los Estados Unidos.

20 años antes de tener una enorme fortuna en dinero y propiedades, Daniel Muñoz manejaba un taxi y su realidad era muy diferente a la de después de conocer a los Kirchner.

Luego de su muerte, su aliado, el mexicano Isaac Eugenio Esparza Hidalgo sacó a la luz una trama de relaciones políticas que dejan en evidencia a los verdaderos dueños de esa fortuna.

¿Cómo adquirió Daniel Muñoz, exsecretario de Néstor y Cristina, un dominio inmobiliario que llegó hasta las Islas Turcas y Caicos?

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Según el juez Julián Ercolini, Daniel Muñoz fue “un engranaje clave en el circuito de acumulación y traslado del dinero de los titulares del Poder Ejecutivo, en particular en lo referido a la recaudación de los fondos ilegales (se logró individualizar más de sesenta entregas de dinero que fueron recibidas personalmente por Muñoz), su derivación a los jefes y organizadores (incluyendo el traslado semanal del dinero en valijas y por medio de aviones oficiales de la Agrupación Aérea Presidencial desde el sector militar del Aeroparque Metropolitano “Jorge Newbery” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta los aeropuertos de Río Gallegos y El Calafate, en la Provincia de Santa Cruz) o la aplicación de esos fondos a otras actividades delictivas”.

La causa es un desprendimiento del caso de los cuadernos de las coimas, ya que el chofer del ministerio de Planificación Federal Oscar Centeno describió que los pagos ilegales de las empresas en ocasiones eran llevados al departamento de los Kirchner en Uruguay y Juncal, donde los recibía Muñoz.

Buena parte de los 70 millones de dólares de Muñoz se perdió y no se sabe nada del dinero. Los acusados dicen que se los quedaron los abogados. Solo una parte menor, la que se invirtió en las parcelas de Turks & Caicos, una isla del mar caribe, pudo ser congelada a pedido de la Justicia argentina en 2019. Pero se adoptó esa medida solo para una de las cuatro parcelas adquiridas.

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Esparza Hidalgo, quien prestó su firma para comprar 40 hectáreas en Turcas y Caicos con unos 30 millones de dólares, producto de ese dinero negro, es el único preso en este caso. Está detenido desde hace un año, primero en Monterrey y desde hace casi un mes -cuando fue extraditado por México- en la cárcel federal de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires.

A pesar de haber sido titular de dos sociedades que compraron los terrenos para montar un complejo hotelero de 500 millones de dólares con 100 habitaciones y 50 villas junto al mar, donde se iba a cobrar casi 1.000 dólares la noche, hoy el mexicano no tiene plata para pagar su fianza de 2.500.000 pesos.

Además, el juez Julián Ercolini está al mando de una investigación contra Muñoz, en la que surgieron nuevas propiedades que se le habían escapado a la Justicia. Muchas de las compras del exsecretario de los Kirchner se hicieron bajo la tutela de las sociedades de Víctor Manzanares, otro aliado de los Kirchner.

Hay 113 propiedades incluidas en la investigación de Ercolini contra Muñoz. Sus adquisiciones comenzaron en Santa Cruz y siguieron por el resto del mundo. Uno de los terrenos más grandes es “La Lucía”, una estancia de 20.000 hectáreas en Santa Cruz. Se estima que el exsecretario K desembolsó alrededor de 500.000 dólares en la maniobra. Unos años después, fue vendida por medio del manejo de Manzanares por cuatro veces más caro que su precio de compra.

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Judiciales

Caso Fernando Báez Sosa: el Tribunal define cómo dará a conocer la sentencia

Los jueces Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari tendrán en cuenta que es una sala diminuta por la gran cantidad de público que se vio en las últimas audiencias

Puntos a considerar en materia judicial. El Tribunal Oral Criminal 1 de Dólores debe definir cómo dará a conocer la decisión sobre los ocho rugbiers acusados de matar a Fernando Báez Sosa.

Las opciones son las de sólo leer el veredicto con la llamada “parte dispositiva”. También está la de ampliar su margen y también dar lectura de la sentencia con una breve reseña de los fundamentos.

Además, los jueces Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari tendrán en cuenta que es una sala diminuta por la gran cantidad de público que se vio en las últimas audiencias.

Emiliano Lázzari, María Claudia Castro y Christian Rabaia

A los abogados tanto de la parte querellante como de la defensa y la fiscalía se les dará por secretaría la sentencia para que a futuro puedan apelar.

La fiscalía y los padres de Fernando Báez Sosa reclaman la pena de prisión perpetua por homicidio doblemente calificado por premeditación y alevosía.

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Crimen de Lucio Dupuy: denunciaron a la jueza que le otorgó la tenencia a la madre

La defensa planteó un delito menor, el de homicidio preterintensional o por dolo eventual.

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Judiciales

Aseguran que Sabag Montiel quiso asesinar a CFK para reafirmarse como “macho alfa” ante su novia

El denominado líder de “la banda de los copitos”, amplió su declaración en el marco de la causa que investiga el intento de magnicidio a la Vicepresidenta.

La investigación judicial por el atentado contra la vida de la vicepresidenta Cristina Kirchner, sigue su curso, esta tarde el detenido Nicolás Carrizo, amigo de Fernando Sabag Montiel, quien disparó en la cabeza de la ex mandataria, sostuvo que la causa del hecho fue la humillación a la que el joven era sometido por su novia.

El jefe de los vendedores de copos de algodón de azúcar involucrados en el atentado contra la Vicepresidenta, declaró ante la Justicia que su empleado, intentó matar a CFK  como una forma de reafirmar su masculinidad ante su novia Brenda Uliarte, por las humillaciones a la que ella lo sometía.

De este modo indicó que la joven lo empujaba a hacerlo, lo dominaba y quiso actuar como un “macho alfa” ante las degradaciones de tono sexual a las que lo sometía, según dijeron fuentes judiciales.

Además, Carrizo explicó que Uliarte siempre indicaba que “admiraba” al youtuber conocido como “El Presto”, por sus dichos violentos contra la primera dama Fabiola Yañez, y lo comparaba constantemente con su desempeño sexual.

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Por lo que señaló que Sabag Montiel no quería matarla, sino demostrarle a su novia que podía hacerlo. Y de hecho dijo que la única vez que escuchó a Brenda hablar bien de su pareja fue cuando cometió la tentativa de homicidio.

El líder de la banda, sostuvo también que este quiso “hacerse el macho” delante de Brenda y por eso cometió el atentado, agregó el detenido, defendido por su abogado Gastón Marano, quien amplió esta mañana su declaración indagatoria, durante más de seis horas ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo.

Durante la audiencia se exhibieron nuevos chats encontrados en su el teléfono del imputado, donde él mismo se colocaba como parte de la organización que cometió el intento de magnicidio y mencionaba no solo que el arma utilizada era suya sino que Sabag Montiel era su empleado.

Aunque en la indagatoria, el detenido insistió en quitarle relevancia a estas afirmaciones y señalar que eran en tono de broma. Explicó cada uno de los chats que lo incriminan, las circunstancias en las que en envió cada mensaje y las razones que lo llevaron a hacerlo.

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Judiciales

Recompra de deuda: la Justicia investiga si los operadores contaron con información privilegiada de Economía

Tras la denuncia de la oposición por una posible filtración de datos, antes de que los bonos salieran al mercado, la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Ramiro González, encabezan la causa.

El anuncio del ministro de Economía, Sergio Massa, de la recompra de bonos de la deuda argentina, se tiño de sospechas cuando miembros de la oposición denunciaron que agentes de bolsa, habrían contado con “información privilegiada”.

Es decir, que desde el Palacio de Hacienda, se habría filtrado la información, ya que, horas antes de la publicación de la medida, el valor de los bonos se disparó un 53%. Por ello, dirigentes de distintas fuerzas políticas presentaron en la Justicia, diversos recursos para que se investigue la cuestión. Ante esto, el Ministerio Público Fiscal de Comodoro Py, impulsa una investigación sobre la maniobra.

La causa quedó a cargo del fiscal Ramiro González, y la jueza María Eugenia Capuchetti, conocida por llevar adelante la investigación por el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. Los magistrados, ordenaron que se levante el secreto bursátil y se llame a declarar al titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sebastián Negri, para que dé explicaciones de cómo se sucedió la resolución del área económica.

Todo inició, el pasado 19 de enero, cuando el abogado Abel Ignacio Uriburu, presentó un pedido de informes, ante la Justicia, por la recompra de bonos de deuda externa por más de mil millones de dólares, establecida en la resolución conjunta 1/2023.

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Allí, el denunciante describió un supuesto entramado de convenio de valores negociables por medio de información privilegiada que habría salido, a su criterio, desde Economía o desde algunas de las áreas del Poder Ejecutivo.

La presentación se basa en la sospecha sobre los valores históricos que tomaron bonos como el GD30, el AE38, el AL35 y el AL410. El documento jurídico, pretende que se “informa cómo se realizó el proceso de recompra de los bonos aludidos a partir de dicha resolución, debiendo consignarse a la fecha que bonos efectivamente fueron objeto de la medida, y si con posterioridad a la fecha 18-01-23 estos subieron su cotización en comparación con sus valores históricos”.

Por lo que, además se solicita que se dicte el levantamiento del secreto bursátil para que la CNV envíe “las listas de las personas humanas y jurídicas que adquirieron bonos denominados en dólares, en las semanas previas a la implementación de la decisión del gobierno nacional”.

 

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