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Judiciales

Un informe de auditoría de la Obra Social pone en riesgo el futuro de Maqueda en la Corte

En el ejercicio 2019 existió una diferencia entre el Estado de Resultados y la sumatoria de los importes de ingresos y egresos de $ 153.275.009, reveló la auditoría ordenada por la Corte durante los años en los que la Obra Social estuvo en manos de Maqueda

En las últimas horas, se conocieron los resultados del informe de los auditores de la Obra Social del Poder Judicial, creada por la Acordada 22/2021 del Máximo Tribunal, con el objetivo de analizar el período que va desde el 7 de abril de 2008 hasta el 28 de septiembre de 2021.

El informe, que ya está agregado al expediente penal que sigue el juez federal Ariel Lijo, abre las puertas para una investigación criminal que puede jaquear el futuro del juez de la Corte, Juan Carlos Maqueda, a cargo del manejo de la Obra Social a través de familiares y personas de su máxima confianza.

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La auditoría reveló que en esos años de gestión de Aldo Tonón, médico personal de Maqueda, no hubo presupuesto oficial, ni existieron balances o información confiable para dar seguimiento a los gastos; tampoco se llevaron a cabo controles sobre los prestadores, ni sobre las licitaciones realizadas. Otro punto que deja al desnudo esta auditoría es que existieron contrataciones discrecionales de personal, con 78 contratos de locación de servicio que no siguieron los pasos formales indicados por el Artículo 8 del Reglamento para la Justicia Nacional. “La consecuencia es que hubo un marco legal creado para que un grupo de personas vinculadas entre sí pudiera hacer favores a sus amigos y negara, a su vez, prestaciones a las personas que no formaban parte de su círculo“, explicó una fuente judicial que tuvo acceso al resultado de la auditoría.

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Este comentario es particularmente preocupante para las personas cercanas a Maqueda que se desempeñaron en la Obra Social. Recordemos que el juez del Tribunal Superior tomó las riendas de la Obra Social a través de su médico personal y amigo, Aldo Tonón, en 2008, quien salió eyectado en 2021 tras la difusión de múltiples desmanejos internos en la Obra Social. Ese mismo año, en agosto, Maqueda envió una comunicación a sus colegas informándoles que dejaba de estar a cargo del manejo de la Obra Social. De esa manera, reconoció que estuvo a cargo y ejerciendo un control de hecho. Además de Tonón, Maqueda designó a su sobrina, María Guadalupe Burgos, como tesorera de la Obra Social, quien declaró haber manejado enormes sumas de dinero sin contar con un título habilitante para semejante responsabilidad. A María Guadalupe Burgos también se sumó su hermana, María Candelaria Burgos, y al esposo. Incluso la secretaria personal de Maqueda, Maribe Bonucelli, participó ordenando las prestaciones para algunos afiliados.

“En el ejercicio 2019 existió una diferencia entre el Estado de Resultados y la sumatoria de los importes de ingresos y egresos de $ 153.275.009”, reveló la auditoría.

“El círculo de plena confianza le permitió a Maqueda manejar la Obra Social como un kiosko, pero con una partida presupuestaria multimillonaria. Todo se hizo sin control alguno, ni auditores, ni balances, ni análisis de idoneidad previos a la contratación de nuevo personal”, comentó una fuente que accedió a la auditoría de la Corte.

Qué reveló la auditoría

NEXOFIN tuvo acceso al documento completo de la auditoría de la Corte y la misma expuso los desmanejos a los que se vio sometida la Obra Social durante el paso de Tonón.

Los auditores explicaron que, a partir del 1 de diciembre del 2016, Tonón pasó a ser el único integrante del directorio de la Obra Social.  Recién el 15 de octubre del 2021 se sumó Mariano Althabe, y el 5 de noviembre Cora Borensztejn. Tras explicar esto, en la auditoría advierten que siguen vacantes hasta ahora los cargos al frente de la Auditoría General y de la Auditoría Interna. Este vacío de poder, según la Comisión de Auditoría, permitió que las decisiones no guardaran relación con lo establecido por el Estatuto de la Obra Social.

La ausencia de auditores dentro de la Obra Social, como está previsto en el Estatuto, provocó una ausencia de control total en el organismo. Según la Comisión de Auditoría, el organismo no cuenta con manuales de procedimiento para sus tareas internas, así como tampoco tiene auditor de prestadores ni un “controller” de las prestaciones a los afiliados, lo que abrió el juego a posibles prestaciones a “amigos” del poder.

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Además, no existió en este lapso de tiempo analizado, ninguna digitalización de la documentación, lo que vuelve tarea imposible dar seguimiento a lo sucedido de manera eficaz. A esto se sumó -siempre según los auditores- una falta en la integración de los procedimientos llevados a cabo por las diferentes áreas, lo que afectó la gestión de la institución. También se quebró el estatuto al haberse delegado la firma para la resolución de diferentes trámites, cuando ésta sólo correspondía al Directorio. Esto último permitió que se tomen decisiones sin control alguno.

Siguiendo en la línea de la falta de profesionalismo, la auditoría señaló que no se elaboró nunca un Presupuesto de Gastos y Recursos anual, tal como lo prevé el Estatuto. Además de esta falta de planificación presupuestaria, en la Obra Social controlada por Maqueda no existió un sistema formal de contabilidad que permitiera registrar operaciones y confeccionar estados contables. “Esto es uno de los ejes más preocupantes, porque sin sistema contable no podés tener ningún tipo de organización interna y facilitás el descontrol“, se lamentó una fuente interna de la Obra Social consultada por NEXOFIN. “El sistema contable es poco fiable porque permitía hacer cambios una vez ya cerrado y cargado el dato, y esto permite dibujar números a piaccere“, agregó.

Por otro lado, los auditores advirtieron que los balances fueron realizados por profesionales externos, elegidos discrecionalmente, y sus firmas no están certificadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

Diferencias multimillonarias

La Comisión de Auditoría explicó en su informe que en el ejercicio 2019 existió una diferencia entre el Estado de Resultados y la sumatoria de los importes de ingresos y egresos de $ 153.275.009.

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Por otra parte, la Comisión de Auditoría afirma que los inventarios de los medicamentos -realizados por una empresa externa- tienen diferencias en los resultados arribados y los que constan en los sistemas informáticos de la Obra Social. “No se realizaron ajustes para su conciliación desde el 2008”, reveló una fuente interna. Según el resultado de la auditoría, esto lleva a que la cifra de los Estados Contables no resulte correcta si se extrae directamente de los informes que no son corregidos.

Pero las irregularidades halladas no terminan acá. El documento señala que no se realizaron controles de la dispensa de medicamentos, ni se efectuaron controles sobre las liquidaciones mensuales presentadas por FARMANDAT S.A.. “Esto genera que no se puedan saber dónde están los medicamentos faltantes”, completó una fuente interna.

Deudas arrastradas desde 2008

La Comisión de Auditoría también informó que hay saldos impagos desde el 2008 y que no se informaron conciliaciones ni registraciones tendientes a darle certeza a las deudas allí mencionadas. “Se hacían pagos muchas veces sobre bases incomprobables, o deudas que no se podía chequear que existieran”, argumentaron fuentes con acceso al documento. Y sumaron: “Esto lleva a que las deudas desde el 2008 no se puedan chequear si fueron por servicios o productos efectivamente recibidos por la Obra Social”.

Licitaciones irregulares

Los pliegos de licitaciones no se encuadraban con los pliegos que exige el régimen legal vigente. Los presupuestos oficiales de las licitaciones se elaboraban a partir de un sólo presupuesto, lo que es contrario a la ley y la transparencia en la gestión. No se cumplían, además, con los requisitos legales vigentes vinculados a la habilidad de contratar de los oferentes, ni se les exigía la documentación necesaria para acreditar el régimen jurídico especial al cual se encontraban sometidos. “Las órdenes de compra no incluían los ítems a proveer y demás datos básicos de contratación”, explicaron fuentes judiciales a NEXOFIN.

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Sobre las licitaciones, el informe advierte que tampoco se ponían a consideración del Tribunal todas las licitaciones públicas para que éste emita el acto administrativo adjudicatario. En la misma línea, la Comisión de Auditoría explicó que no existía un criterio objetivo fijado por valor de la licitación que dé cuenta en qué casos debía adjudicar el Tribunal y en cuáles podía hacerse por resolución de la Obra Social. “No existía un acto administrativo que diera el marco de legalidad a la contratación”, resume el informe. A esto se sumaba la ausencia en el proceso de adjudicación de una consulta a la Subdirección de Administración y a la Asesoría Jurídica.

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Atentado a CFK: la PSA desmiente los dichos de la jueza Capuchetti sobre la “banda de los copitos”

El informe elaborado sobre las conversaciones entre los acusados del ataque contra la Vicepresidenta, niega que sean una organización conformada para el hecho.

La investigación judicial sobre el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, sigue su curso, esta mañana se conoció el análisis de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), sobre el teléfono del denominado jefe de “la banda de los copitos”, Gabriel Carrizo, que concluye que “desconocía” la relación Brenda Uliarte, “con el delito aquí investigado”.

Con estas pruebas aportadas, se desestiman los dichos de la titular de la investigación, la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que sostiene que la banda es una organización criminal creada con el fin de perpetrar el ataque contra la ex mandataria y otros referentes políticos, como el presidente Alberto Fernández y Máximo Kirchner.

En tanto, el informe elaborado por la PSA sobre la base de las comunicaciones por Whatsapp de Carrizo con Uliarte es taxativo: “esta instancia presume que Carrizo confiaba en la inocencia de Uliarte y desconociendo su relación con el delito aquí investigado”.

Gabriel Nicolás Carrizo

A pesar de las pruebas, la magistrada dispuso el procesamiento de Carrizo al considerar que fue parte del “acuerdo premeditado para darle muerte a Cristina Fernández de Kirchner”, y lo caracterizó como el “jefe de la banda”.

Más aún, la resolución sostiene que Carrizo y Agustina Díaz, la otra detenida, “confiaron la ejecución” del intento de homicidio contra la Vicepresidenta a Uliarte y a Fernando Sabag Montiel.

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Por su parte, el análisis llevado a cabo por la fuerza federal, cita los mensajes que intercambiaron Uliarte y Carrizo después del ataque y el reproche que este último le formula a la mujer cuando se entera que había acompañado a Sabag Montiel a la escena del crimen.

Ahora, por favor te lo pido, o sea vamos con la verdad, vamos a decirle la verdad y la verdad es que nosotros no sabíamos lo que iba a hacer y yo estoy seguro que vos no sabías, a no ser que me digas la verdad ahora, boluda, si vos sabías qué iba a hacer eso decímelo boluda”, le cuestiona Carrizo a Uliarte durante la conversación.

A lo que, el dueño del carrito de los copos de azúcar, agrega: “Porque vos me dijiste yo no sé nada, entonces listo, o sea si no lo sabés y vos me estás diciendo a mi che la verdad yo no sabía nada, bueno boluda, entonces vamos y lo declaramos, si vos no sabías nada, vos no tenías nada que ver, tenés que quedarte tranquila boluda porque va a saltar todo eso”.

Por su parte, Uliarte responde a nte la insistencia de Carrizo: “Sí, pero me quieren dejar pegada (…), estoy hasta la p… (…), no sabía que iba a hacer eso”. Con lo que la  PSA, concluye que ese diálogo indica que Uliarte le insistió a Carrizo “en el desconocimiento del acto delictivo llevado a cabo por su pareja, Sabag Montiel”, a lo que el tercer imputado confía en ella.

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Judiciales

Caso María Marta García Belsunce: se reanuda el juicio contra Nicolás Pachelo

La audiencia comenzará en los Tribunales de San Isidro. Los funcionarios judiciales habían anunciado que restan dos audiencias para terminar de exponer a todos sus testigos

Comienza la recta final del juicio por el crimen de María Marta García Belsunce. Se retoman las audiencias en los Tribunales de San Isidro con la anteúltima jornada con testigos de la parte acusadora.

Luego, será el turno de las defensas de Nicolás Pachelo y los ex vigiladores del country Carmel, Norberto Glennon y José Ortíz; todos acusados del asesinato de la socióloga en el marco de un robo.

Previo al receso, Pedro Apiroz Achával, la última persona que vio con vida a García Belsunce, confirmó que había visto a Pachelo la tarde del crimen trotando en dirección a la vivienda de la víctima.

Hasta el momento, Pachelo admitió haber cometido seis de los robos que le imputaban. A horas de volver al banquillo de los acusados desde el penal N°9 de La Plata, el imputado posteó en su cuenta de Instagram sobre la declaración del trío de amigos (Pedro Apiroz Achával, Santiago Asorey y Marco Cristiani) con ironía y, según sus dichos, en base a un comentario que le llegó a su cuenta.

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“Pachelo ve que María Marta está yendo en bicicleta para su casa y dice: ‘¡Oh, qué buena ocasión para ir a robar la casa ahora que no está vacía! Llevaré un arma, ya que como mi vecina sabe quién soy, después de robar tendré que matarla para que no me denuncie. Claro que podría robar la casa en cualquier otra mejor oportunidad, pero hoy tengo ganas de complicármela!’”, escribió el acusado del crimen.

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Y concluyó: “Muy razonable todo. Este es un comentario que recibimos por aquí (Instagram). Nos pareció muy original y, sobre todo, resume lo ilógica que es la acusación hecha, sobre todo, teniendo en cuenta el accionar de Pachelo en los hechos reconocidos. ¿Ustedes qué opinan?”.

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Consejo de la Magistratura: la Justicia habilitó la candidatura del juez Alberto Lugones

El fallo de la jueza federal con competencia electoral María Servini deja sin efecto la impugnación del magistrado por no cumplir con el intervalo necesario para volver a postularse

Finalmente, la Justicia habilitó la candidatura de Alberto Lugones en el Consejo de la Magistratura.

“Se hace saber a la Junta Electoral que el Dr. Alberto Lugones se encuentra habilitado como candidato para integrar la lista celeste para los comicios a celebrase el próximo 18 de octubre del corriente”, dice el fallo de la jueza federal con competencia electoral, María Servini.

La ley establece que los integrantes del Consejo de la Magistratura no pueden ser reelectos y deben dejar pasar un período para volver a presentarse. Lugones asumió como consejero en el año 2018 y tiene mandato hasta noviembre próximo.

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Por el lado de los jueces se postulan Lugones, por la lista Celeste; Diego Barroetaveña y Agustina Díaz Cordero, por la Lista Bordó, y Eduardo Machín y María Alejandra Provítola, por la lista Compromiso Judicial.

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