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Judiciales

Juicio por la Obra Pública: “Báez tenía un trato preferencial dirigido desde el poder presidencial”

En la última jornada de exposición del Ministerio Público, se espera que pida la inhabilitación perpetua de Cristina Kirchner y un decomiso amplio de sus bienes

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola concluirán hoy con el alegato y pedido de condena en la causa contra Cristina Kirchner y otros doce imputados por supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez.

Luciani no adelantó el monto de la pena que pedirá para la expresidenta, pero se descuenta que será una alta pena de prisión.

En primer lugar, porque el fiscal ya afirmó que estaba acreditado que ella cometió los dos delitos por los que se la juzga: el fraude al Estado y la asociación ilícita; este último, en carácter de “jefa”.

La vehemencia del alegato que realizó el fiscal permiten dar por descontado que Luciani pedirá una dura pena para la vicepresidenta, Báez y los ex funcionarios involucrados.

En esta última jornada, Mola inició la audiencia y se refirió al desvío de fondos durante el 2007 para financiar la campaña de CFK en las elecciones presidenciales de aquel año. Al respecto, sostuvo que las empresas de Báez cobraron millonarios anticipos financieros, sobre todo en las obras como la remediación de canteras.

En esta maniobra responsabilizó al por entonces secretario de Obras Públicas, José López, quien “debía velar por los fondos en materia de obra pública pero incumplió con sus funciones al favorecer con estos pagos irregulares” a las empresas de Lázaro Báez.

Otro de los apuntados en la investigación es Abel Fatala,  ex integrante del Ministerio de Planificación comandado por Julio de Vido. Luciani sostuvo que “tenía el control de los programas viales pese a que sólo dijo que bajo su órbita estaban las obras públicas hídricas”. En este aspecto, “no cumplió con el control de legalidad en el área que le correspondía, intentó desconocer sus funciones de ente de contralor, dijo que siempre estuvo alerta ante posibles irregularidades y negó que en este caso puntual hubieran habido alertas que despertaran su atención”.

Durante los alegatos también se mencionaron las responsabilidades de funcionarios provinciales de Santa Cruz, que evitaron llevar el control de las obras públicas. En Vialidad Nacional de aquella provincia, “hubo un jefe y dos supervisores para una gran cantidad de obras”, señaló el fiscal Mola en referencia a Raúl Daurich y Mauricio Colladera.

Por su parte, en la Agencia Provincial de Vialidad, se hizo hincapié en el rol de los presidentes  Héctor Garro, Raúl Pavesi, Raúl Santibañez y Juan Villafañe. En este caso, el fiscal Luciani afirmó que “permitieron que las empresas de Lázaro Antonio Báez no cumplieran en tiempo con los términos que originalmente se estipularon en la mayoría de los contratos de obra pública vial”.

Según Luciani, esta inacción es “lo que habría generado que el Estado nacional debiera pagar sumas de dinero por encima de los montos que correspondían para las obras que se llevaron a cabo”.

Y agregó: “Fueron ellos quienes adjudicaron obras en procesos licitatorios direccionados, limitaron la correcta y sana concurrencia en las licitaciones. Impidieron la participación de los organismos de control, autorizaron obras con sobreprecios, avalaron falsos controles sobre las obras, certificaron que no se condecían con los trabajos realizados”. Todos ellos no están acusados de ser integrantes de una asociación ilícita, sino del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.\

Pese a que los alegatos se enfocaron en la operativa diaria de la inacción de los organismos del estado, el fiscal insistió en que todo ocurría bajo el visto bueno del por, entonces, matrimonio presidencial: “Báez empleó sus empresas como parte indispensable para que la maniobra funcionara. Tenía un trato preferencial. Esto no podría haber sucedido de otro modo si no fuera porque la maniobra se encontraba dirigida desde el poder presidencial”.

La ex presidenta es la principal acusada en la causa como jefa de una asociación ilícita. Además está acusada de los delitos de defraudación al Estado en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Otro revés judicial para Cristina Kirchner: Casación fijó audiencia para resolver la causa Hotesur

Una vez que el fiscal haya presentado los pedidos de condenas, será el turno de alegar de las defensas, que son 13 y tendrán tres jornadas cada una para hacer sus presentaciones.

NOTICIA EN DESARROLLO…

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