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Notas de Opinión

Un tarifazo con escrache y un Presidente eventero

Massa y Malena le ponen el cuerpo a la polémica suba de tarifas de la que Cristina se aleja. Y Alberto se distrae con una agenda paralela para aferrarse a la fantasía del protagonismo

Columna de opinión publicada originalmente en Infobae

En tiempos de crisis todos se la tienen que rebuscar de alguna manera. Eso les sucede, incluso, a los artistas que gozan del dinero y de la popularidad cuando las cosas marchan bien. Pero que deben recurrir al mismo ingenio del resto de los argentinos cuando la economía del país y la personal van barranca abajo.

Por eso, una de las maniobras a las que acuden los artistas en tiempos de vacas flacas es asistir a los eventos. Son pequeñas fiestas e inauguraciones que auspicia alguna marca, en la que convocan a los famosos para lograr algo más de impacto. Allí, mostrándose y apareciendo en las fotografías o ante las cámaras de TV, puede surgir la oportunidad de algún nuevo trabajo.

Se los conoce como “eventeros”. Hay artistas a los que les cuesta encontrar ofertas atractivas de trabajo pero que, entre evento y evento, van aprovechando las oportunidades para que los empresarios artísticos y las marcas comerciales se acuerden de sus caras y de sus nombres. No todos tienen en la Argentina el talento de Ricardo Darín, el de Anya Taylor-Joy o el de Oscar Martínez, y muchos deben apelar a los eventos para no pasar desapercibidos. Impiadosa, la crisis congela todas las actividades.

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Lo que ha causado impacto en la política argentina es el surgimiento del “Presidente eventero”. Así han catalogado los últimos pasos de Alberto Fernández algunos dirigentes del peronismo, incluso varios funcionarios de su gabinete.

Opacado por el liderazgo negativo de Cristina Kirchner y por la centralidad de la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía, Alberto Fernández ha optado por armar una agenda de eventos para no desaparecer de la mirada de los medios de comunicación y de las redes sociales. El Presidente eventero se muestra en diferentes lugares del país, asoma el rostro cansado y ojeroso ante las cámaras y los smartphones, y pronuncia un par de frases que la prensa estatal y voceros oficialistas reproducen para recrear la fantasía del protagonismo presidencial.

Esta semana, por ejemplo, Alberto Fernández decidió alejarse de la primera marcha que la CGT hizo contra su gobierno. Porque fue contra su gestión a pesar de las consignas gremiales que promocionaron el congestionamiento de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires bajo el eslogan “contra la inflación y los formadores de precios”. La paradoja es que la suba de precios, que va camino a los tres dígitos y llevará la pobreza por encima del 50% del país, es responsabilidad absoluta del Gobierno.

Pero Alberto estaba de eventos en La Rioja. Este miércoles, mientras miles de argentinos no podían atravesar la Ciudad bloqueada para ir a trabajar, el Presidente memoraba el 172º aniversario de la muerte del general José de San Martín y participaba de la inauguración de un jardín de infantes junto al gobernador Ricardo Quintela. “Nos estamos recuperando, estamos creciendo y estamos avanzando”, recitaba Fernández, como si fuera tal vez el mandatario de una potencia europea.

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No era la misma canción que se escuchaba en Buenos Aires. “Alberto; poné lo que tenés que poner”, apretaba con arenga de tablón el camionero Pablo Moyano, en un palco armado sobre la 9 de Julio y avenida Belgrano, frente a las barrabravas de los de sindicatos. Calles cortadas, negocios y oficinas cerradas, refriegas con la Policía y ambulancias que no pudieron llegar al hospital. Mil ciento setenta kilómetros de distancia. Dos países diferentes.

El de La Rioja no fue el único evento de Alberto. El martes había visitado una fábrica de baterías de litio en Berisso, el viernes anterior había distribuído pensiones no contributivas en Núñez y el jueves había entregado viviendas en Villa Angela, Chaco, junto al gobernador Jorge Milton Capitanich. “Los eventos nos sirven para mostrar que él también está haciendo cosas; sino lo tapa la agenda de gobierno de Sergio”, se sincera uno de sus colaboradores. Del litoral al noroeste entonces, la estrategia en la Casa Rosada es mantenerlo activo al Presidente eventero.

Episodios de regresión institucional

A Massa, en cambio, le toca la tarea más difícil. Tratar de ordenar la economía con las restricciones que le impone Cristina. Es lo que ansiaba desde hacía mucho tiempo, y ahora tiene el camino despejado para hacerse responsable del trabajo que nunca quiso hacer la Vicepresidenta. Como se dijo ya en esta columna, ponerle la cara y el cuerpo a la inflación y al ajuste.

Es curioso que, habiendo nombrado hace apenas una semana a la ingeniera Flavia Royón como secretaria de Energía, haya sido Malena Galmarini quien cargó con la ingrata tarea política de explicar el tarifazo de los servicios públicos. La titular de Aysa titubeó al entrar en los detalles de una de las cuestiones más complejas de la gestión de gobierno como es la segmentación de las tarifas de electricidad, gas y agua. Y corregir a la prensa para llamar a la suba de las boletas con el eufemismo “redistribución de los subsidios” es algo que nunca podría terminar bien.

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Claro que esa, la del contrapunto con un periodista, es una pequeña anécdota si se la compara con el ejercicio que acompañó el anuncio de un tarifazo que va en camino de igualar al que puso en marcha Mauricio Macri hace cinco años, y al que todo el peronismo condenó desde su puesta en marcha.

La exhibición de gigantografías con casonas en barrios acomodados, que supuestamente gozan de subsidios tarifarios y que no son muy diferentes de las que poseen el matrimonio Massa y muchos otros funcionarios empezando por la propia Cristina Kirchner, es un ejercicio innecesario de estigmatización al que suelen echar mano otros gobernantes. Los que rechazan las elecciones como mecanismo de recambio en el poder.

Y mucho peor es que los datos de las empresas de servicios públicos, sean privadas como Edenor o Edesur, o estatales como Aysa, con los listados de clientes poderosos o simplemente de famosos lleguen a la prensa oficialista para que puedan publicar los montos que pagan. El escrache jamás será para los amigos. Siempre tronará para los adversarios de los funcionarios de turno.

Esas prácticas hicieron recordar algunos de los peores momentos del final de la gestión de Cristina, entre 2011 y 2015. Aquellos días del “vamos por todo” y los carteles de artistas y periodistas a los que se podía escupir en la Plaza de Tribunales con el auspicio de un programa de la televisión pública. Fue toda una exhibición de despotismo que condujo al kirchnerismo, y a sus muchos aliados con Síndrome de Estocolmo del peronismo, a una derrota electoral que llegó a parecerse a un fin de ciclo.

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Massa y Malena Galmarini conocen perfectamente de que se trata todo aquello. El 20 de julio de 2013, un agente de inteligencia de la Prefectura ingresó a su casa de noche, con aparentes intenciones de robo pero también con una pistola automática con silenciador, que utilizó para dispararle a una cámara de seguridad. El incidente se convirtió en un escándalo nacional que terminó en 2015 con el juicio y condena a 18 años de prisión para el espía, integrante de una fuerza de seguridad que reportaba a Cristina y que recibió apoyo legal de abogados pertenecientes a la organización kirchnerista Justicia Legítima. Cada uno sabe cuánto quema el fuego con el que juega.

Por eso, suena extraño que estos episodios recientes de regresión institucional le hayan sucedido a Massa y a su equipo. El ministro de Economía tuvo sus mejores momentos políticos y electorales cuando enfrentó a Cristina y al kirchnerismo, y ahora aparece para mostrarse como el responsable de las políticas de ajuste y del escrache público a los contribuyentes con información sensible. Es difícil advertir donde está la ganancia.

Los dirigentes de la Mesa de Enlace, que se reunieron con Massa en la tarde del último martes, aseguran que el ministro de Economía les juró que no disputará la candidatura presidencial del peronismo en 2023. Ellos, como el resto de las cúpulas del poder en la Argentina, saben que la Casa Rosada siempre ha sido el oscuro objeto del deseo del ex intendente de Tigre. Pero las maniobras desconcertantes de estas horas y la excesiva exposición de sus debilidades hacen dudar a propios y extraños.

Massa es uno de los dirigentes con mayor conocimiento de las estructuras del Estado, y son reconocidas sus buenas relaciones con parte del empresariado argentino así como con inversores financieros en el exterior, y funcionarios y legisladores de los Estados Unidos. ¿Qué lo lleva a poner la cara para cargar con las críticas generalizadas de una sociedad agobiada por la mala praxis y los desaciertos del gobierno del Frente de Todos?

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“El video de Malena peléandose con los periodistas por los aumentos de tarifas es el sueño de Cristina hecho realidad”, explica un dirigente kirchnerista que cree que la evolución del mundo ha respondido siempre a una estrategia genial de la Vicepresidenta. Ya se sabe que el objetivo central de Massa y el de Cristina pasa por volver a disputar el poder el año próximo.

Para lograr esa meta, la Vicepresidenta y el ministro que quiere ser súper se necesitan. Quizás esa coincidencia justifique los disparates de estos días. Pero para ambos está claro también que sus movimientos entrarán en colisión muy pronto, cuando la inflación, el tarifazo de los servicios públicos y los compromisos con el Fondo Monetario Internacional empiecen a ser un estorbo para la Vicepresidenta. En primavera se verá hasta donde llega la concordia entre la necesidad de Cristina, la ansiedad de Massa y el presidente tan concentrado en eventos intrascendentes.

Judiciales

El principio de reserva de ley en relación a la libertad personal

Nicolás Fernández analiza el fallo de la CIDH Fernández Prieto y Tumbeiro Vs Argentina

A manera de introito es destacable reflejar que se han ido transformando las soberanías jurídicas de los Estados, en tanto se han ido abriendo al menos instancias de interpretación a las exigencias de instrumentos internacionales de derechos humanos, que se valen de principios, reglas y valores que garantizan a las personas individuales frente al poder político local.

En este sentido, con la firma de los sucesivos tratados internacionales se ha ido forjando la idea de una instancia de al menos observación supranacional. En esa línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido lo que denomina “control de convencionalidad”, en virtud del cual es obligación de las instancias judiciales del orden nacional determinar la congruencia de la legislación y las decisiones tomadas con fundamente en este mismo control enunciado.

Asimismo, conforme lo enunciara Boggiano en el fallo Arancibia, “Los estados y entre ellos la Argentina han reducido grandemente el ámbito de su respectiva jurisdicción interna por vía de acuerdo con muchos tratados y declaraciones sobre derechos humanos y participando en la formación de un delineado cuerpo de derecho consuetudinario internacional sobre derechos humanos”

Como enfatizamos supra, analizaremos la exigencia mencionada ut supra, en relación a la restricción del derecho a la libertad personal. En ese sentido es imperioso advertir que la Convención Americana de Derechos Humanos la regula en su art. 7.

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Como primera medida es importante señalar que el derecho a la libertad comprende la facultad de realizar los comportamientos corporales vinculados con la actividad física que se expresan normalmente con el movimiento del cuerpo sin limitaciones o restricciones impuestas por terceros (Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iniguez). En un mismo sentido, la misma Corte ha señalada que a los efectos del articulo 7.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, una detención, sea por un breve periodo, una “demora”, así sea con meros fines de identificación, constituyen formas de privación a la libertad física (Fleury y otros Vs. Haití).

Con referencia a la exigencia de reserva de ley, por imperativo del art. 7.2 “Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.” Con estas aclaraciones, pasaremos a analizar al principio enunciado en aras al fallo Fernandez Prieto y Tumbeiro Vs Argentina en su sentencia del 01 de septiembre del 2020.

En ese sentido el principio de reserva de ley también prohíbe la detención que se funde en causas y condiciones establecidas en la ley que se hallen ausentes en el caso concreto, asi como también cualquier privación de la libertad producida a partir de una deficiente interpretación de la norma jurídica que las prevea (Palmara Iribarne Vs. Chile).

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señalo que cualquier requisito establecido en la ley que no sea cumplido al privar a una persona de su libertad, originara que tal restricción sea ilegal y contraria a la CIDH (Garcia Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú).

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Pues bien, volviendo al fallo que nos compete, el 1 de septiembre de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dicto sentencia determinando la responsabilidad internacional de la Republica Argentina, por las violaciones de los arts. 7 (derecho a la libertad personal), 8 (garantías judiciales), 11 (protección de la honra y de la dignidad) y 25.1 (protección judicial) de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Dicho caso se correspondió con dos premisas distintas de restricción de derechos por el accionar de la policía; la interceptación y registro de un automóvil por parte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en la ciudad de Mar del Plata en 1992, y la detención con fines de identificación y posterior requisa del señor Tumbeiro por parte de la Policía Federal Argentina en 1998.

Pues bien, El 26 de mayo de 1992, un inspector y dos sargentos que se encontraban recorriendo la jurisdicción, divisaron un automóvil, en una zona casi despoblada de la ciudad de Mar del Plata, advirtiendo que los tres hombres dentro del automóvil contenían una “actitud sospechosa”. Razón por la cual, procedieron a interceptar el vehículo, requisándolo y encontrando tanto estupefacientes como también armas de fuego. Los sujetos, entre los cuales se encontraba el señor Fernandez Pietro, fueron condenados por el delito de trafico de estupefacientes.

En otro hecho, el 15 de enero de 1998, el señor Tumbeiro fue interceptado por agentes de la Policía Federal Argentina “con fines de identificación”. Dichos agentes manifestaron que al notarlo “sumamente nervioso”, lo “invitaron a subir” al patrullero hasta tanto se comprobara su identidad. Seguidamente, mientras esperaban la comprobación de antecedentes penales, uno de los agentes diviso que el señor Tumbeiro portaba dentro de un diario una sustancia que parecía resultar cocaína, con lo cual, previo requerir la presencia de testigos, procedieron a su detención. Pues bien, según la versión de dichos agentes, la actitud del señor Tumbeiro “resultaba sospechosa” porque “su vestimenta era inusual para la zona”.

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Lo primero y llamativo para enunciar es que este fallo se expide justamente sobre detenciones que se dieron en una situación de normalidad jurídica en el país. En otros fallos también de la CIDH, por supuesto ya se habían analizado estas cuestiones, pero siempre en torno a cuestiones de índole anormal de las instituciones, situaciones en las cuales se palpaba de manera manifiesta su arbitrariedad y su encuadramiento dentro de las limitaciones a la libertad personal.

Este fallo establece de manera contundente que tanto para la situación de detención en flagrancia como en la requisa están involucrados aspectos que hacen a la libertad personal. No contempla per se la posibilidad de afectación mínima de la libertad, sino que afectan claramente y de manera absoluta a la libertad personal.

En ese sentido en el fallo interesa respecto al principio de reserva de ley en cuanto estipula la necesidad al referirse a las injerencias de legalidad de las detenciones, que justamente las detenciones estén previstas por ley, que dicha ley fije los casos y condiciones particulares para que esta prospere, y como tercer estamento, que dicha ley sea clara y de calidad o grado de determinación a los efectos de un buen entendimiento y que no se tergiverse su aplicación; presupuestos estos que no se dieron en los casos según la Corte IDH violentando el principio enunciado.

Asimismo, determina esta Corte, que a los efectos de una detención legitima es importante analizar la necesidad de datos suficientes capaces de satisfacer un observador objetivo, como parámetro para establecer el estándar de sospecha. Ergo, las referencias a actitud sospechosa, nerviosismo, intuición policial y vestimenta inadecuada, no proceden y tornan ilegitima la detención.

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Ahora bien, independientemente de lo enunciado precedentemente, que en algunos aspectos hasta puede rozar lo discriminatorio y así lo hace ver la CIDH, lo verdaderamente relevante y que determina la Corte es que se infringe la legalidad propiamente dicha, por tanto, que los supuestos enunciados no eran compatibles con las letras de los códigos vigentes en ese momento.

Por otro lado, la Corte también critica la calidad de las normas internas argentinas en cuanto a lo concerniente a las detenciones privativas de la libertad y las requisas enunciando que las mismas no serian satisfactorias. No resulta muy claro en este sentido y quizá se entiende que lo que pretende esbozar es que no están suficientemente aclarados los supuestos. En los supuestos de las requisas, la Corte también dictamina que los códigos internos no definen la “urgencia” que posibilita al funcionario policial sin la orden judicial a proceder.

Pues bien, como una critica a dicho fallo, quizá no resultaría posible detallar minuciosamente y prever todos los supuestos posibles que se podrían subsumir a los posibles casos que pudiesen surgir.

Ahora bien, con respecto a la normativa aplicable del caso en ese contexto histórico, en relación al señor Fernandez Pietro, la Corte noto que el art. 4 del Código de Procedimientos en lo Criminal, vigente en la época que fue detenido, disponía que: “El jefe de la Policía de la Capital y sus agentes tienen el deber de detener a las personas que sorprendan in fraganti delito y a aquellas contra quienes hayan indicios vehementes o semivehementes o semiplena prueba de culpabilidad, debiendo ponerlas inmediatamente a disposición del juez competente”. Al examinar los hechos, la CIDH considero que la presunta “actitud sospechosa” que motivo la interceptación del vehículo no era un presupuesto asimilable a la fragancia o bien un posible indicio vehemente o semiprueba de culpabilidad, y por lo tanto no era un supuesto previsto por el Código de Procedimientos en lo Criminal.

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En un sentido asimilable al anterior, con respecto a la detención del señor Tumbeiro, el Código Procesal Penal de la Nación, establecía en su articulo 284 que “los funcionarios y auxiliares de la policía tienen el deber de detener, aun sin orden judicial a quien intentare un delito de acción publica reprimido con pena privativa de la libertad, en el momento de disponerse a cometerlo; a quien se fugare, estando legalmente detenido; de manera excepcional, contra quien hubiere indicios vehementes de culpabilidad y exista peligro inminente de fuga o de serio entorpecimiento de la investigación y al solo efecto de conducirlo ante el juez competente de inmediato para que resuelva su detención; y por ultimo quien sea sorprendido en flagrancia en la comisión de un delito de acción publica reprimido con pena privativa de libertad”.

Pues bien, la CIDH considero que ninguna de las razones que dio la policía para detener al señor Tumbeiro y solicitarle su identificación constituían en si mismas, o en conjunto, hechos o informaciones suficientes y concretas que permitieran a un observador razonable inferir objetivamente que probablemente había cometido o estado por cometer una infracción penal o contravencional. Aquí notamos como la CIDH hace suyas las palabras del Tribunal Europea de Derechos Humanos, desterrando, pareciera, como se enfatizo ut supra, la idea de calificativos como actitud sospechosa, vestimenta inadecuada y/o intuición policía.

Otra critica que se le podría esbozar al fallo es que no hace ninguna mención al argumento de la requisa por motivo de seguridad del funcionario policial, argumento que había sido mencionado en el proceso judicial interno y que tomaba como referencia el fallo Terry Vs. Ohio de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América.

Por lo tanto, a modo de colofón, se podría interpretar entonces que hasta que los códigos internos no prevean estos casos y condiciones en sus cuerpos, se debería intuir que no es un caso previsto por la ley y por lo tanto ilegitimo por contario al principio de reserva de ley conforme lo plantea el art. 7.2. de la Convención Americana de Derechos Humanos.

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Notas de Opinión

Interna en la PFA: cuestionamientos contra el comisario preferido de Aníbal

El frustrado atentado contra Cristina Fernández de Kirchner y la ineficiencia en la investigación dejaron en evidencia la interna dentro de la cúpula. Pelea entre el jefe Hernández y el número dos Matto. El predilecto del ministro avanza pero genera cuestionamientos

Columna publicada originalmente en MDZ

La ineficiencia y las desprolijidades que se generaron antes, durante y después del intento de ataque a Cristina Fernández de Kirchner han puesto en evidencia la dura interna que se vive en la conducción de la Policía Federal con críticas al comisario preferido del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, Alejandro Ñamandu y peleas porque nadie quiere pagar el costo político de la mala praxis.

La principal interna, al igual que en la Policía bonaerense, se da entre el jefe de la Federal, comisario Juan Carlos Hernández y el número dos, comisario Osvaldo Matto. El titular de la fuerza no es percibido por los efectivos como un jefe operativo, sino más bien un “jefe de relaciones públicas”, comentan a MDZ fuentes policiales. “Ni siquiera estaba en el país cuando le gatillaron a Cristina, vive viajando y no es un verdadero conductor de nuestra institución”, comentan en el edificio de la calle Moreno.

También destacan que nunca quedó claro el sospechoso choque que protagonizó a fines de 2020 con una camioneta Ranger que provocó heridos en los ocupantes de otros autos. Se comenta entre los hombres de azul que Hernández llegó al cargo mayor exclusivamente por su amistad con el amigo del presidente Alberto Fernández, Claudio Ferreño, presidente del bloque del Frente de Todos en la Legislatura porteña. El dirigente del PJ de CABA pasó por las filas de la Federal y perteneció a la promoción 82 al igual que Hernández donde se hicieron muy amigos.

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De todas formas, también exhibe un CV muy completo ya que es licenciado en Ciencia Política y Gobierno, egresado de la UCES, con posgrados en Historia Política y en Estudios Estratégicos y Prospectiva. Aunque sus detractores sostienen que aprovechó muy bien su larga estadía en el área de Custodias que le permitió construir excelentes vínculos políticos.

Lo concreto es que Matos, el números dos, intenta consolidarse por mayor liderazgo. Pero también tiene algunas cuestiones que hacen ruido dentro de la fuerza. Fue parte del Centro de Entrenamiento y Doctrina Policial, que enfocaba a los policías en cuestiones de derechos humanos, un programa del Ministerio de Seguridad bajo la gestión de Nilda Garré que no dejó precisamente buenos recuerdos.

Pero tiene una trayectoria de un cuadro muy operativo. Se trata del primer efectivo del GEOF llega a comisario general y a subjefe de la fuerza. Un activo valioso para una policía que está en plena transición a convertirse en una especie de FBI local al no tener más el manejo de las comisarías de CABA.

Precisamente, por esa nueva función es que resulta inaceptable la ineficiencia demostrada por la conducción policial donde quedaron en evidencia las diferencias internas y el poder ascendente del comisario preferido de Aníbal. Ñamandu es el hombre de mayor confianza del jefe de cartera de Seguridad desde hace varios años. El vínculo comenzó cuando fue de la custodia de Fernández. Las fuentes policiales y expertos en inteligencia cuentan que Ñamandu desautorizó a Matto en la madrugada del intento de ataque a la vicepresidenta y quedó a cargo de la investigación. “El desastre comenzó ahí cuando decidieron enviar el celular del detenido en forma improvisada y estropearon todo”, comenta un vocero de Seguridad.

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“Sospechosamente la movida de ese día se pareció mucho a lo qué pasó con el teléfono de Alberto Nisman, embarraron la cancha y por eso hay malestar contra el ministro y Ñamandu”, comentan con preocupación en fuentes de la Justicia Federal. Aníbal ha quedado golpeado luego de la ineficiencia demostrada por el manejo de la custodia y lo que ocurrió con el celular del detenido.

Seguramente el presidente Alberto Fernández lo va a sostener esperando que baje la espuma del escándalo, aunque sea el blanco de duras críticas provenientes del camporismo. “También aprovechan para pegarle porque fue uno de los pocos funcionarios del Gobierno nacional que se animaron a criticar a Máximo Kirchner por su renuncia a la presidencia del bloque y por haber militado contra el acuerdo con el FMI”, sostienen en la Casa Rosada.

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Notas de Opinión

El problema de la inflación es la distorsión de los precios relativos

La Argentina está enfrentando los efectos del exceso de emisión de pesos en los últimos dos años para financiar la expansión del gasto público. Brecha con los países vecinos

Columna publicada originalmente en Infobae

A punto de salir el IPC de agosto del Indec, todas las estimaciones muestran que la inflación del mes último mes se acercó al 7 por ciento.

Aun suponiendo una inflación del 6,7%, una vez más el aumento del IPC en Argentina estuvo muy por encima de la tasa que registraron los países vecinos. El más “complicado” parece ser Chile que tuvo una aceleración a 1,2%, en tanto, por el contrario, Brasil registró deflación por segundo mes consecutivo.

El gráfico más abajo muestra cómo se cae el relato del Gobierno cuando sostiene que la inflación es culpa de los que remarcan los precios, de los que ganan “mucho”, de los especuladores y demás argumentos de política de barricada, porque eso significaría afirmar que solo en Argentina están los empresarios malvados que remarcan precios.

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Lo concreto es que la expansión monetaria de 2020 hasta julio de 2022 generó una depreciación del peso que, aún sin que en agosto se haya emitido moneda para financiar al Tesoro, igual el deterioro continúa como consecuencia de la caída en la demanda de moneda.

Pero el problema principal de la inflación no es que los precios suben, en realidad es una ilusión óptica porque es el peso el que se deprecia. El problema principal de esta emisión es que se distorsionan los precios relativos, lo que implica que unos sectores salen ganadores y otros salen perdedores.

Es que cuando el gobierno expande moneda para financiar el gasto público, el proceso de aumento de los precios no ocurre en todos los bienes y servicios al mismo tiempo y a la misma velocidad, sino en la medida que los pesos emitidos empiezan a circular en la economía y van llegando a diferentes sectores vinculados inicialmente con el Estado.

Este proceso es más instantáneo en Argentina que en otros países, por la larga tradición inflacionaria y porque la caída en la demanda de moneda ya es casi simultánea. Es más, el rechazo a los nuevos pesos emitidos por el BCRA se produce ni bien entran en circulación. Un país como Argentina que destruyó 5 signos monetarios, que tuvo procesos inflacionarios, megainflacionarios e hiperinflacionarios tiene entrenada a la población para defenderse de la pérdida de poder adquisitivo de sus ingresos.

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Si todos los precios aumentaran en el mismo momento y a la misma tasa, el único problema que habría es que las transacciones se harían con valores nominalmente más altos, pero no habría ganadores y perdedores porque todos mantendrían su capacidad de compra y de ahorro.

Este ya no es el caso de Argentina porque la gente sabe que la suba de precios es producto de la emisión monetaria y, por lo tanto, no aumenta la demanda real de bienes y servicios, y los productores tratan de defender su capital de trabajo. Esta defensa del capital del trabajo es los que los populistas llaman especulación para buscar un culpable y no hacerse cargo del problema que ellos generan.

Si, llegado un punto, el gobierno, ante la espiral inflacionaria, decide bajar el gasto público para dejar de emitir, el que primero recibió la emisión e invirtió para abastecer la mayor demanda artificial descubre que le cae la demanda de sus bienes y se queda con lo que se dice en economía capacidad ociosa, que en realidad no es la consecuencia de una inversión errada basada en la distorsión de precios relativos que generó la emisión monetaria inicial.

Un ejemplo de este proceso se puede observar en EE.UU. ya que el mismo presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, advirtió que bajar la inflación llevará tiempo y provocará “algo de dolor” para las familias y para las empresas, pero también agregó que no frenar la inflación sería más doloroso: “Es probable que la reducción de la inflación requiera un período sostenido de crecimiento por debajo de la tendencia. Además, es muy probable que las condiciones del mercado laboral se debiliten. Mientras que los tipos de interés más altos, el crecimiento más lento y las condiciones del mercado laboral más débiles reducirán la inflación, también supondrán cierto dolor para los hogares y las empresas. Estos son los desafortunados costes de la reducción de la inflación. Pero si no se restablece la estabilidad de los precios, el dolor será mucho mayor”.

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Lo que está diciendo Powell es que se acabó el efecto de la droga de la emisión de moneda de los dos años anteriores y que ahora habrá que asumir el costo que produce la inflación, porque de lo contrario el sacrificio posterior será mayor.

En el caso argentino, la droga inflacionaria ya ha hecho tal desastre que hoy quitarse de encima esa adicción de emitir pesos para financiar el gasto público tiene el costo no solo de pésimas inversiones, que ya no las hay, sino que mucha gente vive sin trabajar.

¿En qué sentirá la gente el impacto para frenar la inflación?

En tasas de interés más altas; planes sociales insostenibles; caída del salario real; menor actividad; más desocupación; caída del poder de compra de las jubilaciones; y suba de las tarifas de los servicios públicos, entre otros efectos. Más aún cuando todavía no hay como contrapartida un plan económico y condiciones institucionales que permitan vislumbrar una salida de crecimiento.

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Una política antinflacionaria que se limita a frenar la emisión, pero que no tiene detrás un plan económico que atraiga inversiones y condiciones institucionales que lo respalden, tendrá un costo elevado y pocos beneficios.

El costo del populismo finalmente llega, y mayor es cuanto más precario es el plan antinflacionario que busque implementar en la emergencia.

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