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Notas de Opinión

Basta de improvisados

La colonización de nuestro cuerpo diplomático por parte de las más retrógradas usinas ideológicas debe cesar. La política exterior argentina, hace no tanto tiempo respetada por todo el mundo, está teñida por mal manejo y contenido en los países cuya opinión importa a los argentinos.

La semana termina, pero sigue siendo difícil pasar al olvido el enorme traspié protagonizado por nuestro embajador ante la República Popular China. Como se sabe, Sabino Vaca Narvaja decidió tomar partido públicamente por Beijing en el caso Taiwán, un conflicto de China con Estados Unidos completamente ajeno a la Argentina, que enfrenta gravísimamente nada menos que a las dos más grandes superpotencias del planeta. No importa si tiene razón o no, importa que no obró bajo instrucciones del Gobierno al que representa y que, con ello, metió por su cuenta a nuestro país en el centro de una tormenta perfecta en la que no tenemos ningún interés nacional en juego.

Desafortunadamente, no parece tratarse solamente del desliz propio de un embajador no profesional, que carece de suficiente experiencia diplomática. Así, desde la más alta autoridad se decidió exhibir la creciente metástasis de una alarmante matriz de incompetencia profesional con defectos ya escandalosos: conocida la boutade de Vaca Narvaja, el canciller Santiago Cafiero decidió intervenir usando el verbo “convalidando” lo actuado. Solo con ello, confirma que no habían existido instrucciones previas y el embajador se había cortado solo: si se convalida es forzosamente a posteriori, con anticipación no es posible. Menudo trabajo para Jorge Argüello, correcto embajador en Washington, donde nuestro flamante ministro de Economía se apresta a viajar para rogar por auxilios económicos y donde el presidente Alberto Fernández continúa procurando una ya más que devaluada entrevista con Joe Biden.

Desgraciadamente no se trata de un caso único. Hay varios embajadores políticos, todos devotos militantes del oficialismo, que vienen aportando lo suyo.

Hace apenas semanas, nuestro embajador ante Bolivia consideró apropiado terciar en el espinoso tema del avión venezolano/iraní, asegurando que se trataba de un avión-escuela que inocentemente sobrevolaba los cielos argentinos apagando su sistema electrónico de identificación y apareciéndose sin aviso previo. No se detuvo en explicar qué tiene eso que ver con nuestra relación con Bolivia, asombrosamente ocupado en aclarar que él se había enterado de la muerte de un ciudadano argentino en territorio boliviano -sin atención médica- recién cuando salió en los diarios.

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Al respecto, el periódico Perfil informó que “tomó conocimiento del asunto (recién) cuando el mismo tomó estado público, casi cinco días después de la muerte del salteño Alejandro Benítez”. Y continúa Perfil: “El funcionario relativizó su responsabilidad, al declarar que ‘la jurisdicción que toma cartas en estos asuntos son los consulados, la embajada no tiene capacidad operativa’ aclarando luego que la embajada interviene para reuniones con el Gobierno”. Por lo visto, no en cosas tan menores.

A pesar de que todo el mundo sabe que la experiencia con Bolivia resulta históricamente muy mala en materia de atención de salud a los argentinos, que los hijos del ciudadano argentino denunciaron que la policía se quedó con el dinero que este portaba y el personal médico que debía trasportarlo exigió cobrar previamente sin aceptar moneda argentina, no se ha dado a conocer resultado alguno de la correspondiente investigación que debiera haber abierto la embajada argentina y exigido al gobierno de La Paz.

Inquirido por la prensa, Ariel Basteiro explicó: “No lo estoy justificando, pero hay que entender el sistema de salud boliviano”. Cabe preguntarse si a los senadores que le aprobaron su pliego como embajador todo esto no los llevará a poner más cuidado en el futuro: el pasaje de los candidatos por el Senado para revisar su idoneidad y representación es una adquisición reciente de la democracia argentina, con el propósito de garantizar la calidad de quienes nos representen en el exterior, sin importar el peso político que los acompañe.

Por su parte, en Venezuela, a nuestro flamante embajador Oscar Laborde, de antigua militancia en el marxismo prosoviético, cuando debió comparecer ante nuestro Senado se le inquirió acerca de si el régimen de Maduro respeta los derechos humanos. Y con gran soltura contestó que ”es un tema muy complejo para contestarlo por sí o por no”, aceptando que aparentemente en algún momento “había insuficiencia en el cumplimiento de los derechos humanos”.

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Laborde conoce bien Venezuela: a finales de 2021 fungió como observador de comicios provinciales y de alcaldías y se encontraba allí cuando Maduro expulsó lisa y llanamente a los observadores de la Unión Europea por haber reportado irregularidades en ese proceso electoral. No se conoce informe u opinión del actual embajador a ese respecto. Y ya embajador, declamó, en pleno Legislativo venezolano, un incendiario discurso denunciando al imperialismo con un contenido absolutamente coincidente con el catecismo castrista de la década de los 70. Hay gente para la cual el tiempo no pasa. Vaca Narvaja no debe sentirse tan solo.

Apenas ayer, los periódicos de toda Sudamérica publican una foto del día anterior en que nuestro embajador Laborde aparece estrechando la mano del legislador venezolano Pedro Carreño que la semana anterior llamó públicamente “pelele, títere y jalabolas” al Presidente de la Nación Argentina. Definitivamente, esta gente practica una diplomacia rarísima.

En Nicaragua, hace pocos meses Daniel Capitanich participó de la asunción por cuarta vez consecutiva del muy “demócrata” Daniel Ortega como presidente de Nicaragua. Se hizo presente la flor y nata de la izquierda latinoamericana más violenta, con el cubano Díaz Canel como representante de la casa matriz. En tales compañías, al embajador argentino no pareció sorprenderse el estrechar la mano (acto protocolar en que obligatoriamente tiene que haber participado) de otro de los invitados al palco, Moshen Rezani, archiconocido ex jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica durante nada menos que 16 años y oficialmente requerido por la Justicia argentina por la causa AMIA.  Capitanich no se habría dado cuenta, a pesar de que es de rigor que en casos como ese, de que se recabe previamente a las autoridades el nombre de quienes estarán presentes. Para peor, tuvo tiempo hasta casi 48 horas después para pedir a Interpol y a Daniel Ortega que cumplan el requerimiento argentino de detener a Rezani, que se quedó en cónclaves varios timoneados por Díaz Canel.

En la OEA, contamos con los aportes de Carlos Raimundi, otro embajador no profesional, que ha protagonizado varios desencuentros y rebeldías cuando las instrucciones de la Cancillería contra el régimen de Maduro no parecían coincidir con su opinión personal o del Instituto Patria. Y sin embargo continúa en su cargo, a pesar que tiene varias veces declarado que la OEA es un organismo de poco valor y su Secretario general, el uruguayo Luis Almagro, poco menos que un agente de los poderosos más malvados del mundo.

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Gustavo Martínez Pandiani, éste sí diplomático con carrera en la Cancillería y en el Frente Renovador, a la sazón nada menos que Subsecretario de Asuntos de América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores, votó en la CELAC el ingreso de Nicaragua, Venezuela y Cuba y, cuando fue consultado sobre si, como ocurre en otros bloques regionales como el Mercosur, podría incluirse una cláusula democrática para los integrantes de la CELAC, eligió ilustrarnos de la siguiente manera: “Todos los países de la CELAC son democráticos, es justamente democrático aceptar todos los sistemas de gobierno. No hay aquí una mirada ideológica, sino unidad en la diversidad”. Una especie de garantismo diplomático con la Biblia junto al calefón.

La colonización de nuestro cuerpo diplomático por parte de las más retrógradas usinas ideológicas debe cesar. La política exterior argentina, hace no tanto tiempo respetada por todo el mundo, está teñida por mal manejo y contenido en los países cuya opinión importa a los argentinos, con la consiguiente pérdida de prestigio que ello acarrea. Pero además, de esta manera, con actuaciones como las relatadas, que ojalá no se repitieran, al desprestigio agregamos la peor de las cucardas: la humillación por incompetentes. La Argentina merece un destino mejor.

 

Columna publicada originalmente en Infobae.

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Judiciales

El principio de reserva de ley en relación a la libertad personal

Nicolás Fernández analiza el fallo de la CIDH Fernández Prieto y Tumbeiro Vs Argentina

A manera de introito es destacable reflejar que se han ido transformando las soberanías jurídicas de los Estados, en tanto se han ido abriendo al menos instancias de interpretación a las exigencias de instrumentos internacionales de derechos humanos, que se valen de principios, reglas y valores que garantizan a las personas individuales frente al poder político local.

En este sentido, con la firma de los sucesivos tratados internacionales se ha ido forjando la idea de una instancia de al menos observación supranacional. En esa línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido lo que denomina “control de convencionalidad”, en virtud del cual es obligación de las instancias judiciales del orden nacional determinar la congruencia de la legislación y las decisiones tomadas con fundamente en este mismo control enunciado.

Asimismo, conforme lo enunciara Boggiano en el fallo Arancibia, “Los estados y entre ellos la Argentina han reducido grandemente el ámbito de su respectiva jurisdicción interna por vía de acuerdo con muchos tratados y declaraciones sobre derechos humanos y participando en la formación de un delineado cuerpo de derecho consuetudinario internacional sobre derechos humanos”

Como enfatizamos supra, analizaremos la exigencia mencionada ut supra, en relación a la restricción del derecho a la libertad personal. En ese sentido es imperioso advertir que la Convención Americana de Derechos Humanos la regula en su art. 7.

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Como primera medida es importante señalar que el derecho a la libertad comprende la facultad de realizar los comportamientos corporales vinculados con la actividad física que se expresan normalmente con el movimiento del cuerpo sin limitaciones o restricciones impuestas por terceros (Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iniguez). En un mismo sentido, la misma Corte ha señalada que a los efectos del articulo 7.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, una detención, sea por un breve periodo, una “demora”, así sea con meros fines de identificación, constituyen formas de privación a la libertad física (Fleury y otros Vs. Haití).

Con referencia a la exigencia de reserva de ley, por imperativo del art. 7.2 “Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.” Con estas aclaraciones, pasaremos a analizar al principio enunciado en aras al fallo Fernandez Prieto y Tumbeiro Vs Argentina en su sentencia del 01 de septiembre del 2020.

En ese sentido el principio de reserva de ley también prohíbe la detención que se funde en causas y condiciones establecidas en la ley que se hallen ausentes en el caso concreto, asi como también cualquier privación de la libertad producida a partir de una deficiente interpretación de la norma jurídica que las prevea (Palmara Iribarne Vs. Chile).

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señalo que cualquier requisito establecido en la ley que no sea cumplido al privar a una persona de su libertad, originara que tal restricción sea ilegal y contraria a la CIDH (Garcia Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú).

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Pues bien, volviendo al fallo que nos compete, el 1 de septiembre de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dicto sentencia determinando la responsabilidad internacional de la Republica Argentina, por las violaciones de los arts. 7 (derecho a la libertad personal), 8 (garantías judiciales), 11 (protección de la honra y de la dignidad) y 25.1 (protección judicial) de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Dicho caso se correspondió con dos premisas distintas de restricción de derechos por el accionar de la policía; la interceptación y registro de un automóvil por parte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en la ciudad de Mar del Plata en 1992, y la detención con fines de identificación y posterior requisa del señor Tumbeiro por parte de la Policía Federal Argentina en 1998.

Pues bien, El 26 de mayo de 1992, un inspector y dos sargentos que se encontraban recorriendo la jurisdicción, divisaron un automóvil, en una zona casi despoblada de la ciudad de Mar del Plata, advirtiendo que los tres hombres dentro del automóvil contenían una “actitud sospechosa”. Razón por la cual, procedieron a interceptar el vehículo, requisándolo y encontrando tanto estupefacientes como también armas de fuego. Los sujetos, entre los cuales se encontraba el señor Fernandez Pietro, fueron condenados por el delito de trafico de estupefacientes.

En otro hecho, el 15 de enero de 1998, el señor Tumbeiro fue interceptado por agentes de la Policía Federal Argentina “con fines de identificación”. Dichos agentes manifestaron que al notarlo “sumamente nervioso”, lo “invitaron a subir” al patrullero hasta tanto se comprobara su identidad. Seguidamente, mientras esperaban la comprobación de antecedentes penales, uno de los agentes diviso que el señor Tumbeiro portaba dentro de un diario una sustancia que parecía resultar cocaína, con lo cual, previo requerir la presencia de testigos, procedieron a su detención. Pues bien, según la versión de dichos agentes, la actitud del señor Tumbeiro “resultaba sospechosa” porque “su vestimenta era inusual para la zona”.

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Lo primero y llamativo para enunciar es que este fallo se expide justamente sobre detenciones que se dieron en una situación de normalidad jurídica en el país. En otros fallos también de la CIDH, por supuesto ya se habían analizado estas cuestiones, pero siempre en torno a cuestiones de índole anormal de las instituciones, situaciones en las cuales se palpaba de manera manifiesta su arbitrariedad y su encuadramiento dentro de las limitaciones a la libertad personal.

Este fallo establece de manera contundente que tanto para la situación de detención en flagrancia como en la requisa están involucrados aspectos que hacen a la libertad personal. No contempla per se la posibilidad de afectación mínima de la libertad, sino que afectan claramente y de manera absoluta a la libertad personal.

En ese sentido en el fallo interesa respecto al principio de reserva de ley en cuanto estipula la necesidad al referirse a las injerencias de legalidad de las detenciones, que justamente las detenciones estén previstas por ley, que dicha ley fije los casos y condiciones particulares para que esta prospere, y como tercer estamento, que dicha ley sea clara y de calidad o grado de determinación a los efectos de un buen entendimiento y que no se tergiverse su aplicación; presupuestos estos que no se dieron en los casos según la Corte IDH violentando el principio enunciado.

Asimismo, determina esta Corte, que a los efectos de una detención legitima es importante analizar la necesidad de datos suficientes capaces de satisfacer un observador objetivo, como parámetro para establecer el estándar de sospecha. Ergo, las referencias a actitud sospechosa, nerviosismo, intuición policial y vestimenta inadecuada, no proceden y tornan ilegitima la detención.

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Ahora bien, independientemente de lo enunciado precedentemente, que en algunos aspectos hasta puede rozar lo discriminatorio y así lo hace ver la CIDH, lo verdaderamente relevante y que determina la Corte es que se infringe la legalidad propiamente dicha, por tanto, que los supuestos enunciados no eran compatibles con las letras de los códigos vigentes en ese momento.

Por otro lado, la Corte también critica la calidad de las normas internas argentinas en cuanto a lo concerniente a las detenciones privativas de la libertad y las requisas enunciando que las mismas no serian satisfactorias. No resulta muy claro en este sentido y quizá se entiende que lo que pretende esbozar es que no están suficientemente aclarados los supuestos. En los supuestos de las requisas, la Corte también dictamina que los códigos internos no definen la “urgencia” que posibilita al funcionario policial sin la orden judicial a proceder.

Pues bien, como una critica a dicho fallo, quizá no resultaría posible detallar minuciosamente y prever todos los supuestos posibles que se podrían subsumir a los posibles casos que pudiesen surgir.

Ahora bien, con respecto a la normativa aplicable del caso en ese contexto histórico, en relación al señor Fernandez Pietro, la Corte noto que el art. 4 del Código de Procedimientos en lo Criminal, vigente en la época que fue detenido, disponía que: “El jefe de la Policía de la Capital y sus agentes tienen el deber de detener a las personas que sorprendan in fraganti delito y a aquellas contra quienes hayan indicios vehementes o semivehementes o semiplena prueba de culpabilidad, debiendo ponerlas inmediatamente a disposición del juez competente”. Al examinar los hechos, la CIDH considero que la presunta “actitud sospechosa” que motivo la interceptación del vehículo no era un presupuesto asimilable a la fragancia o bien un posible indicio vehemente o semiprueba de culpabilidad, y por lo tanto no era un supuesto previsto por el Código de Procedimientos en lo Criminal.

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En un sentido asimilable al anterior, con respecto a la detención del señor Tumbeiro, el Código Procesal Penal de la Nación, establecía en su articulo 284 que “los funcionarios y auxiliares de la policía tienen el deber de detener, aun sin orden judicial a quien intentare un delito de acción publica reprimido con pena privativa de la libertad, en el momento de disponerse a cometerlo; a quien se fugare, estando legalmente detenido; de manera excepcional, contra quien hubiere indicios vehementes de culpabilidad y exista peligro inminente de fuga o de serio entorpecimiento de la investigación y al solo efecto de conducirlo ante el juez competente de inmediato para que resuelva su detención; y por ultimo quien sea sorprendido en flagrancia en la comisión de un delito de acción publica reprimido con pena privativa de libertad”.

Pues bien, la CIDH considero que ninguna de las razones que dio la policía para detener al señor Tumbeiro y solicitarle su identificación constituían en si mismas, o en conjunto, hechos o informaciones suficientes y concretas que permitieran a un observador razonable inferir objetivamente que probablemente había cometido o estado por cometer una infracción penal o contravencional. Aquí notamos como la CIDH hace suyas las palabras del Tribunal Europea de Derechos Humanos, desterrando, pareciera, como se enfatizo ut supra, la idea de calificativos como actitud sospechosa, vestimenta inadecuada y/o intuición policía.

Otra critica que se le podría esbozar al fallo es que no hace ninguna mención al argumento de la requisa por motivo de seguridad del funcionario policial, argumento que había sido mencionado en el proceso judicial interno y que tomaba como referencia el fallo Terry Vs. Ohio de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América.

Por lo tanto, a modo de colofón, se podría interpretar entonces que hasta que los códigos internos no prevean estos casos y condiciones en sus cuerpos, se debería intuir que no es un caso previsto por la ley y por lo tanto ilegitimo por contario al principio de reserva de ley conforme lo plantea el art. 7.2. de la Convención Americana de Derechos Humanos.

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Notas de Opinión

Interna en la PFA: cuestionamientos contra el comisario preferido de Aníbal

El frustrado atentado contra Cristina Fernández de Kirchner y la ineficiencia en la investigación dejaron en evidencia la interna dentro de la cúpula. Pelea entre el jefe Hernández y el número dos Matto. El predilecto del ministro avanza pero genera cuestionamientos

Columna publicada originalmente en MDZ

La ineficiencia y las desprolijidades que se generaron antes, durante y después del intento de ataque a Cristina Fernández de Kirchner han puesto en evidencia la dura interna que se vive en la conducción de la Policía Federal con críticas al comisario preferido del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, Alejandro Ñamandu y peleas porque nadie quiere pagar el costo político de la mala praxis.

La principal interna, al igual que en la Policía bonaerense, se da entre el jefe de la Federal, comisario Juan Carlos Hernández y el número dos, comisario Osvaldo Matto. El titular de la fuerza no es percibido por los efectivos como un jefe operativo, sino más bien un “jefe de relaciones públicas”, comentan a MDZ fuentes policiales. “Ni siquiera estaba en el país cuando le gatillaron a Cristina, vive viajando y no es un verdadero conductor de nuestra institución”, comentan en el edificio de la calle Moreno.

También destacan que nunca quedó claro el sospechoso choque que protagonizó a fines de 2020 con una camioneta Ranger que provocó heridos en los ocupantes de otros autos. Se comenta entre los hombres de azul que Hernández llegó al cargo mayor exclusivamente por su amistad con el amigo del presidente Alberto Fernández, Claudio Ferreño, presidente del bloque del Frente de Todos en la Legislatura porteña. El dirigente del PJ de CABA pasó por las filas de la Federal y perteneció a la promoción 82 al igual que Hernández donde se hicieron muy amigos.

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De todas formas, también exhibe un CV muy completo ya que es licenciado en Ciencia Política y Gobierno, egresado de la UCES, con posgrados en Historia Política y en Estudios Estratégicos y Prospectiva. Aunque sus detractores sostienen que aprovechó muy bien su larga estadía en el área de Custodias que le permitió construir excelentes vínculos políticos.

Lo concreto es que Matos, el números dos, intenta consolidarse por mayor liderazgo. Pero también tiene algunas cuestiones que hacen ruido dentro de la fuerza. Fue parte del Centro de Entrenamiento y Doctrina Policial, que enfocaba a los policías en cuestiones de derechos humanos, un programa del Ministerio de Seguridad bajo la gestión de Nilda Garré que no dejó precisamente buenos recuerdos.

Pero tiene una trayectoria de un cuadro muy operativo. Se trata del primer efectivo del GEOF llega a comisario general y a subjefe de la fuerza. Un activo valioso para una policía que está en plena transición a convertirse en una especie de FBI local al no tener más el manejo de las comisarías de CABA.

Precisamente, por esa nueva función es que resulta inaceptable la ineficiencia demostrada por la conducción policial donde quedaron en evidencia las diferencias internas y el poder ascendente del comisario preferido de Aníbal. Ñamandu es el hombre de mayor confianza del jefe de cartera de Seguridad desde hace varios años. El vínculo comenzó cuando fue de la custodia de Fernández. Las fuentes policiales y expertos en inteligencia cuentan que Ñamandu desautorizó a Matto en la madrugada del intento de ataque a la vicepresidenta y quedó a cargo de la investigación. “El desastre comenzó ahí cuando decidieron enviar el celular del detenido en forma improvisada y estropearon todo”, comenta un vocero de Seguridad.

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“Sospechosamente la movida de ese día se pareció mucho a lo qué pasó con el teléfono de Alberto Nisman, embarraron la cancha y por eso hay malestar contra el ministro y Ñamandu”, comentan con preocupación en fuentes de la Justicia Federal. Aníbal ha quedado golpeado luego de la ineficiencia demostrada por el manejo de la custodia y lo que ocurrió con el celular del detenido.

Seguramente el presidente Alberto Fernández lo va a sostener esperando que baje la espuma del escándalo, aunque sea el blanco de duras críticas provenientes del camporismo. “También aprovechan para pegarle porque fue uno de los pocos funcionarios del Gobierno nacional que se animaron a criticar a Máximo Kirchner por su renuncia a la presidencia del bloque y por haber militado contra el acuerdo con el FMI”, sostienen en la Casa Rosada.

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Notas de Opinión

El problema de la inflación es la distorsión de los precios relativos

La Argentina está enfrentando los efectos del exceso de emisión de pesos en los últimos dos años para financiar la expansión del gasto público. Brecha con los países vecinos

Columna publicada originalmente en Infobae

A punto de salir el IPC de agosto del Indec, todas las estimaciones muestran que la inflación del mes último mes se acercó al 7 por ciento.

Aun suponiendo una inflación del 6,7%, una vez más el aumento del IPC en Argentina estuvo muy por encima de la tasa que registraron los países vecinos. El más “complicado” parece ser Chile que tuvo una aceleración a 1,2%, en tanto, por el contrario, Brasil registró deflación por segundo mes consecutivo.

El gráfico más abajo muestra cómo se cae el relato del Gobierno cuando sostiene que la inflación es culpa de los que remarcan los precios, de los que ganan “mucho”, de los especuladores y demás argumentos de política de barricada, porque eso significaría afirmar que solo en Argentina están los empresarios malvados que remarcan precios.

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Lo concreto es que la expansión monetaria de 2020 hasta julio de 2022 generó una depreciación del peso que, aún sin que en agosto se haya emitido moneda para financiar al Tesoro, igual el deterioro continúa como consecuencia de la caída en la demanda de moneda.

Pero el problema principal de la inflación no es que los precios suben, en realidad es una ilusión óptica porque es el peso el que se deprecia. El problema principal de esta emisión es que se distorsionan los precios relativos, lo que implica que unos sectores salen ganadores y otros salen perdedores.

Es que cuando el gobierno expande moneda para financiar el gasto público, el proceso de aumento de los precios no ocurre en todos los bienes y servicios al mismo tiempo y a la misma velocidad, sino en la medida que los pesos emitidos empiezan a circular en la economía y van llegando a diferentes sectores vinculados inicialmente con el Estado.

Este proceso es más instantáneo en Argentina que en otros países, por la larga tradición inflacionaria y porque la caída en la demanda de moneda ya es casi simultánea. Es más, el rechazo a los nuevos pesos emitidos por el BCRA se produce ni bien entran en circulación. Un país como Argentina que destruyó 5 signos monetarios, que tuvo procesos inflacionarios, megainflacionarios e hiperinflacionarios tiene entrenada a la población para defenderse de la pérdida de poder adquisitivo de sus ingresos.

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Si todos los precios aumentaran en el mismo momento y a la misma tasa, el único problema que habría es que las transacciones se harían con valores nominalmente más altos, pero no habría ganadores y perdedores porque todos mantendrían su capacidad de compra y de ahorro.

Este ya no es el caso de Argentina porque la gente sabe que la suba de precios es producto de la emisión monetaria y, por lo tanto, no aumenta la demanda real de bienes y servicios, y los productores tratan de defender su capital de trabajo. Esta defensa del capital del trabajo es los que los populistas llaman especulación para buscar un culpable y no hacerse cargo del problema que ellos generan.

Si, llegado un punto, el gobierno, ante la espiral inflacionaria, decide bajar el gasto público para dejar de emitir, el que primero recibió la emisión e invirtió para abastecer la mayor demanda artificial descubre que le cae la demanda de sus bienes y se queda con lo que se dice en economía capacidad ociosa, que en realidad no es la consecuencia de una inversión errada basada en la distorsión de precios relativos que generó la emisión monetaria inicial.

Un ejemplo de este proceso se puede observar en EE.UU. ya que el mismo presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, advirtió que bajar la inflación llevará tiempo y provocará “algo de dolor” para las familias y para las empresas, pero también agregó que no frenar la inflación sería más doloroso: “Es probable que la reducción de la inflación requiera un período sostenido de crecimiento por debajo de la tendencia. Además, es muy probable que las condiciones del mercado laboral se debiliten. Mientras que los tipos de interés más altos, el crecimiento más lento y las condiciones del mercado laboral más débiles reducirán la inflación, también supondrán cierto dolor para los hogares y las empresas. Estos son los desafortunados costes de la reducción de la inflación. Pero si no se restablece la estabilidad de los precios, el dolor será mucho mayor”.

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Lo que está diciendo Powell es que se acabó el efecto de la droga de la emisión de moneda de los dos años anteriores y que ahora habrá que asumir el costo que produce la inflación, porque de lo contrario el sacrificio posterior será mayor.

En el caso argentino, la droga inflacionaria ya ha hecho tal desastre que hoy quitarse de encima esa adicción de emitir pesos para financiar el gasto público tiene el costo no solo de pésimas inversiones, que ya no las hay, sino que mucha gente vive sin trabajar.

¿En qué sentirá la gente el impacto para frenar la inflación?

En tasas de interés más altas; planes sociales insostenibles; caída del salario real; menor actividad; más desocupación; caída del poder de compra de las jubilaciones; y suba de las tarifas de los servicios públicos, entre otros efectos. Más aún cuando todavía no hay como contrapartida un plan económico y condiciones institucionales que permitan vislumbrar una salida de crecimiento.

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Una política antinflacionaria que se limita a frenar la emisión, pero que no tiene detrás un plan económico que atraiga inversiones y condiciones institucionales que lo respalden, tendrá un costo elevado y pocos beneficios.

El costo del populismo finalmente llega, y mayor es cuanto más precario es el plan antinflacionario que busque implementar en la emergencia.

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