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Notas de Opinión

Diez pifies de Sergio Massa en su paso del humo a la realidad

El “salvavidas” ya empezó a hacer agua: tardó una semana en asumir y apenas cinco días más en dejar a la vista que el aval de Cristina es acotado, que ni el plan ni el equipo prometidos existían y que lo único seguro de sus medidas es aumentar la deuda

Columna publicada originalmente en TN

Es difícil hacer que este gobierno funcione mejor de lo que lo ha hecho hasta acá. Pero cuando se sobreoferta e improvisa desde el comienzo, habiendo ya a esta altura tan poco margen para el error, no se puede esperar que los resultados acompañen.

Desde que asumió, o mejor dicho desde el acto mismo de asunción, Sergio Massa falló en asegurarse un arranque auspicioso, que mínimamente satisfaciera las expectativas que había generado: en algunos casos porque las alimentó demasiado, y evidentemente no solo incurrió en un engaño sino también en un autoengaño, y en otras porque dejó pasar oportunidades que no le van a sobrar para consolidar su autoridad.

Claro que no todo se puede atribuir a pifies del nuevo ministro, ya ex “superministro”. El entorno también ayuda a complicar las cosas, porque el oficialismo sigue siendo un hormiguero pateado, como desde las PASO del 2021. Es tal el desbarajuste del Frente de Todos que, como vamos, en poco tiempo puede convertir la mejor “bala de plata” en una cebita.

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Veamos entonces cuáles han sido los errores de Massa hasta acá, y qué nos dicen sobre su posible desempeño en adelante. Del que todos dependemos, a menos que surja una muy improbable alternativa mejor, para no pasarla pésimo en el año y medio que le queda a esta gestión.

1 – Una fiesta de presentación pésimamente organizada, con muchos invitados que no tenían por qué estar y el faltazo de los únicos dos que no podían fallar

La cosa empezó bastante mal el miércoles, con una festichola sin pies ni cabeza: nadie controló los ingresos y egresos así que un grupo de exaltados le abolló el auto al cumpleañero. De pura casualidad la cosa no pasó a mayores.

Para asegurar masividad se llenó el Museo del Bicentenario de jóvenes empleados públicos vinculados al Frente Renovador, una suerte de “Camporita” que se dedicó a cantar consignas de facción como si hubieran ganado una elección, un campeonato, o tuvieran algún otro mérito del que vanagloriarse.

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Alberto Fernández introdujo al protagonista del evento con una retahila de incongruencias sobre la pandemia, la guerra en Ucrania y otras desgracias desligadas de su responsabilidad y en las que por enésima vez quiso excusarse, un flaco favor a quien le tomaba juramento.

Sobraban amigos empresarios del juramentado, que dieron a pensar muy mal sobre las posibilidades de que su gestión se vuelva un festival de tráfico de influencias.

Y por sobre todas las cosas, además de esa y otra gente que sobraba, faltaban los dos únicos referentes del Frente de Todos que sí o sí debían estar, para que Massa pudiera decir que su ingreso marcaba un quiebre con lo sucedido con Martín Guzmán y Silvina Batakis: Cristina y Máximo Kirchner.

2 – El equipo prometido no fue tal: los amigos economistas de Massa se escondieron apenas empezó el revoleo de cargos

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En general sucede lo contrario: cuando alguien llega a una posición de poder, le nacen como hongos nuevos amigos, colaboradores y confidentes de toda la vida. Bueno, da para pensar que a Massa le haya pasado que sus muchos amigos economistas se borraran apenas se confirmó que entraba al gobierno de Alberto Fernández y necesitaba voluntarios para llenar cargos que en otras circunstancias son muy codiciados.

Primera señal de que mucho equipo no tenía preparado, y/o de que con esos y otros economistas no había demasiado acuerdo, ni siquiera expectativas, sobre lo que iba a poder hacer desde el ministerio.

Finalmente, el “equipo” que se anunció carece de nombres destacados, y no hay uno solo que entienda sobre planes de estabilización y macroeconomía.

3 – El affaire Rubinstein, un patinazo que lo deja en ridículo haga lo que haga

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Massa, no siendo economista, necesitaba un viceministro que lo fuera y en lo posible lo fuera en serio, con experiencia de gestión, mínimo prestigio como técnico, aceptable para los mercados pero también para el frente interno. En suma, algo así como el unicornio azul.

Como le costaba lógicamente encontrarlo no cubrió el cargo en los primeros días. Pero la incógnita había que resolverla, y pronto. Se ve que, una vez más, el tigrense echó mano a la improvisación, porque al final promovió al simpático consultor Gabriel Rubinstein, sin siquiera chequear que no hubiera andado diciendo barrabasadas contra sus socios en la cúpula oficial, al menos no en los últimos tiempos.

Ahora ya el ministro no va a poder zafar de papelón: si insiste y Rubinstein asume, lo implicará en sus dichos contra Cristina y Alberto y debilitará la poca confianza interna que haya podido construir, sobre todo con la primera. y si vuelve a buscar candidatos quedará aún más debilitado su equipo, su autoridad y a la luz su falta de previsión.

Empezar la gestión con el equipo a medio armar ya era un mal comienzo, pero pifiarla de un modo tan patente cuando se intentó completarlo fue el colmo de la chantada.

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4 – Entre el “no quiero” y el “no puedo” devaluar

En la conferencia de prensa donde presentó sus medidas, Massa fue en general muy poco contundente y preciso. Habló más bien de objetivos, sin instrumentos claros para alcanzarlos, casi igual que Batakis unas semanas antes.

También sus respuestas a los periodistas fueron imprecisas: declaraciones de buena voluntad más que otra cosa, que lo comprometieron con la cadena de dilaciones y fracasos de quienes lo precedieran en el cargo.

Un buen ejemplo de ello fue lo que dijo sobre un aspecto decisivo de su “plan”: se seguirá disimulando y dilatando en el tiempo la permanente devaluación de la moneda, como hicieron tanto Guzmán como Batakis.

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El nuevo ministro afirmó que no pensaba devaluar “porque aumentaría la pobreza”, y tampoco hizo ningún anuncio concreto sobre la esperada mejora del tipo de cambio de exportación. Decepcionó con ello las expectativas creadas, tal vez con su propia ayuda, sobre una corrección de la cotización del dólar, algo de lo que se habló mucho antes de la asunción, o al menos un incremento de la mezquina concesión anunciada días antes a través del “dólar soja”. Y lo peor: no brindó ninguna explicación razonable al respecto. Porque lo cierto es que si hay algo que ya está subiendo a toda marcha, con los precios, es la pobreza, pese a que el Gobierno se niega a corregir su política cambiaria, consistente en retrasar cada vez más el dólar oficial.

Massa quiso presentar esa rigidez y terquedad como fruto de su supuesta sensibilidad social, pero dejó ver más bien su impotencia: para convencer a Cristina de hacerle concesiones al campo, y para administrar, en el poco tiempo que tiene antes de que empiece la campaña electoral en las provincias, un salto discreto del tipo de cambio (como hizo la propia Cristina en 2014).

Y es que si hay algo que le va a faltar a Massa es tiempo. Además de apoyo político.

5 – Cambios en Energía, te lo debo

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Parece que, finalmente, Darío Martínez va a dejar de ser secretario del área, uno de estos días. Pero no está claro quién lo va a reemplazar, ni mucho menos si va a cambiar el plantel que tiene debajo, que es el verdadero problema. Porque Martínez nunca controló realmente lo que los funcionarios de Cristina hacen y deshacen en el área. Así que el riesgo que se corre es doble: que lo reemplace alguien aún peor, otro promotor del caos energético, u otro figureti que no logre que Basualdo y compañía le den bolilla. Y que el cambio confirme y consolide esa línea de conducta, y ella conspire contra cualquier modificación mínimamente razonable de la política de subsidios.

El punto es importante porque una de las pocas noticias concretas que hubo el día de la asunción fue sobre esa cuestión: se buscaría aumentar los recortes afectando incluso a quienes solicitaron conservar los subsidios. La medida, una al menos en el camino de la austeridad, corre el riesgo de quedar trabada en los vericuetos de una interna envenenada.

6 – La fusión de ministerios y la coordinación prometida chocaron con la resistencia de Alberto, que ya no gobierna pero puede jorobar a quienes traten de hacerlo

Massa pretendió fusionar Transporte y Obras Públicas, poniendo una porción decisiva de la distribución del dinero a las provincias bajo su control. Buscaba así completar su rol de supervisión sobre el gasto discrecional, el único que se puede recortar en el corto plazo. O esa medida se la prometieron y después Alberto cambió de opinión, o fue otro tema en el que Massa improvisó y le salió mal. En cualquier caso, no es un buen antecedente para evaluar los límites que enfrenta para lidiar con una gestión que no deja de mostrar signos de descoordinación y anarquía.

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7 – El secretario que empezó agrediendo del peor modo a los ruralistas que se suponía venía a tranquilizar

Varios de los miembros del equipo de Massa están ahí porque poseen una sola virtud: son sus amigos. El secretario de Agricultura Juan José Bahillo ilustró el punto: será propietario de todo el campo entrerriano que quieran, pero se ve que mucha sintonía con los productores del sector no tiene, ni tampoco sensibilidad política, ni mucho sentido común que digamos. Apenas llegado a la secretaría, le exigió a sus interlocutores del campo que “confesaran” sus filiaciones políticas, como condición para que se dignara a sentarse con ellos.

8 – Massa acordó con Cristina un bono pero se olvidó de acordarlo con los sindicatos, que quieren mantener abiertas las paritarias y se niegan a bajar su movilización

El nuevo ministro necesitaba dar alguna buena noticia en su arranque, en medio de tantas pálidas, con el consumo y el nivel de actividad estancados, y pensó en un bono para “compensar” la suba de precios. Se anunció para los jubilados de la mínima, y se dejó saber que se extendería el mecanismo para los asalariados. El problema es que Massa habló del asunto con Cristina, pero no se sentó a conversarlo con los gremios, ni mucho menos con los empresarios. Así que la idea generó resistencias antes de nacer.

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En los gremios, en particular, porque temen, con algo de razón, que el bono en cuestión sirva como excusa para no volver a abrir o postergar las paritarias, que saben es el único mecanismo que protege a sus afiliados de no pagar masivamente los costos de la inflación.

La consecuencia de dejar este frente abierto fue que los sindicatos confirmaron la movilización del 17 de agosto, que como están las cosas no va a ser en apoyo de Alberto, como previeron algunos cuando aún tenía algún sentido apoyar al Presidente, sino para ponerle los puntos a Massa.

Empieza mal la nueva gestión económica, si no logra siquiera evitar protestas gremiales en su contra a días de asumir. Los gestos amistosos con los Moyano no sirvieron para nada.

9 – El anuncio de auditorías de los planes sociales no alcanzó para hacer creíble su reforma, pero sí para alentar la protesta de los movimientos de desocupados

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También se abrió un frente complicado Massa con los grupos piqueteros, que vienen protagonizando crecientes protestas, soliviantados por la pretensión de una porción del oficialismo de pasar el control de las transferencias de ingresos que ellos hasta aquí controlan, a los gobernadores e intendentes.

El ministro pareció alinearse con la postura de Cristina, que ha sido prometer a los jefes territoriales esa transferencia, y dejar que Alberto lidie con las consecuencias: más cortes de calle, más amenazas de caos de parte de Grabois y compañía, más quejas de los gobernadores porque los cambios no se concretan y la campaña se acerca.

El problema es que Massa está ahora en la posición en que antes estaba Alberto. Debería entender lo difícil que va a ser para él quedar en medio del fuego cruzado y no poder satisfacer a ninguna de las partes involucradas.

10 – Todo se reduce a tomar más deuda, más rápido, a mayores tasas y más plazo, e igual no alcanza

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Lo que quedó claro es que Massa entró al gabinete para “alargar la mecha de la bomba”, según la gráfica expresión de Luis Juez, y que ella no estalle antes de diciembre del año próximo. O no estalle del todo.

Alargar la mecha significa, en esencia, tomar deuda. Y a eso se ve que el tigrense le va a dedicar sus mejores esfuerzos. ¿Le alcanzarán? Es posible, y es posible por tanto que este no sea realmente un pifie de Massa, sino uno del sistema político en general, que permitirá un festival de bonos y créditos impagables, simplemente para mantener a flote al gobierno de turno, y que él pueda “no devaluar”, “no ajustar”, mientras la moneda y la economía se siguen hundiendo.

Judiciales

El principio de reserva de ley en relación a la libertad personal

Nicolás Fernández analiza el fallo de la CIDH Fernández Prieto y Tumbeiro Vs Argentina

A manera de introito es destacable reflejar que se han ido transformando las soberanías jurídicas de los Estados, en tanto se han ido abriendo al menos instancias de interpretación a las exigencias de instrumentos internacionales de derechos humanos, que se valen de principios, reglas y valores que garantizan a las personas individuales frente al poder político local.

En este sentido, con la firma de los sucesivos tratados internacionales se ha ido forjando la idea de una instancia de al menos observación supranacional. En esa línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido lo que denomina “control de convencionalidad”, en virtud del cual es obligación de las instancias judiciales del orden nacional determinar la congruencia de la legislación y las decisiones tomadas con fundamente en este mismo control enunciado.

Asimismo, conforme lo enunciara Boggiano en el fallo Arancibia, “Los estados y entre ellos la Argentina han reducido grandemente el ámbito de su respectiva jurisdicción interna por vía de acuerdo con muchos tratados y declaraciones sobre derechos humanos y participando en la formación de un delineado cuerpo de derecho consuetudinario internacional sobre derechos humanos”

Como enfatizamos supra, analizaremos la exigencia mencionada ut supra, en relación a la restricción del derecho a la libertad personal. En ese sentido es imperioso advertir que la Convención Americana de Derechos Humanos la regula en su art. 7.

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Como primera medida es importante señalar que el derecho a la libertad comprende la facultad de realizar los comportamientos corporales vinculados con la actividad física que se expresan normalmente con el movimiento del cuerpo sin limitaciones o restricciones impuestas por terceros (Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iniguez). En un mismo sentido, la misma Corte ha señalada que a los efectos del articulo 7.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, una detención, sea por un breve periodo, una “demora”, así sea con meros fines de identificación, constituyen formas de privación a la libertad física (Fleury y otros Vs. Haití).

Con referencia a la exigencia de reserva de ley, por imperativo del art. 7.2 “Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.” Con estas aclaraciones, pasaremos a analizar al principio enunciado en aras al fallo Fernandez Prieto y Tumbeiro Vs Argentina en su sentencia del 01 de septiembre del 2020.

En ese sentido el principio de reserva de ley también prohíbe la detención que se funde en causas y condiciones establecidas en la ley que se hallen ausentes en el caso concreto, asi como también cualquier privación de la libertad producida a partir de una deficiente interpretación de la norma jurídica que las prevea (Palmara Iribarne Vs. Chile).

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señalo que cualquier requisito establecido en la ley que no sea cumplido al privar a una persona de su libertad, originara que tal restricción sea ilegal y contraria a la CIDH (Garcia Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú).

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Pues bien, volviendo al fallo que nos compete, el 1 de septiembre de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dicto sentencia determinando la responsabilidad internacional de la Republica Argentina, por las violaciones de los arts. 7 (derecho a la libertad personal), 8 (garantías judiciales), 11 (protección de la honra y de la dignidad) y 25.1 (protección judicial) de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Dicho caso se correspondió con dos premisas distintas de restricción de derechos por el accionar de la policía; la interceptación y registro de un automóvil por parte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en la ciudad de Mar del Plata en 1992, y la detención con fines de identificación y posterior requisa del señor Tumbeiro por parte de la Policía Federal Argentina en 1998.

Pues bien, El 26 de mayo de 1992, un inspector y dos sargentos que se encontraban recorriendo la jurisdicción, divisaron un automóvil, en una zona casi despoblada de la ciudad de Mar del Plata, advirtiendo que los tres hombres dentro del automóvil contenían una “actitud sospechosa”. Razón por la cual, procedieron a interceptar el vehículo, requisándolo y encontrando tanto estupefacientes como también armas de fuego. Los sujetos, entre los cuales se encontraba el señor Fernandez Pietro, fueron condenados por el delito de trafico de estupefacientes.

En otro hecho, el 15 de enero de 1998, el señor Tumbeiro fue interceptado por agentes de la Policía Federal Argentina “con fines de identificación”. Dichos agentes manifestaron que al notarlo “sumamente nervioso”, lo “invitaron a subir” al patrullero hasta tanto se comprobara su identidad. Seguidamente, mientras esperaban la comprobación de antecedentes penales, uno de los agentes diviso que el señor Tumbeiro portaba dentro de un diario una sustancia que parecía resultar cocaína, con lo cual, previo requerir la presencia de testigos, procedieron a su detención. Pues bien, según la versión de dichos agentes, la actitud del señor Tumbeiro “resultaba sospechosa” porque “su vestimenta era inusual para la zona”.

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Lo primero y llamativo para enunciar es que este fallo se expide justamente sobre detenciones que se dieron en una situación de normalidad jurídica en el país. En otros fallos también de la CIDH, por supuesto ya se habían analizado estas cuestiones, pero siempre en torno a cuestiones de índole anormal de las instituciones, situaciones en las cuales se palpaba de manera manifiesta su arbitrariedad y su encuadramiento dentro de las limitaciones a la libertad personal.

Este fallo establece de manera contundente que tanto para la situación de detención en flagrancia como en la requisa están involucrados aspectos que hacen a la libertad personal. No contempla per se la posibilidad de afectación mínima de la libertad, sino que afectan claramente y de manera absoluta a la libertad personal.

En ese sentido en el fallo interesa respecto al principio de reserva de ley en cuanto estipula la necesidad al referirse a las injerencias de legalidad de las detenciones, que justamente las detenciones estén previstas por ley, que dicha ley fije los casos y condiciones particulares para que esta prospere, y como tercer estamento, que dicha ley sea clara y de calidad o grado de determinación a los efectos de un buen entendimiento y que no se tergiverse su aplicación; presupuestos estos que no se dieron en los casos según la Corte IDH violentando el principio enunciado.

Asimismo, determina esta Corte, que a los efectos de una detención legitima es importante analizar la necesidad de datos suficientes capaces de satisfacer un observador objetivo, como parámetro para establecer el estándar de sospecha. Ergo, las referencias a actitud sospechosa, nerviosismo, intuición policial y vestimenta inadecuada, no proceden y tornan ilegitima la detención.

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Ahora bien, independientemente de lo enunciado precedentemente, que en algunos aspectos hasta puede rozar lo discriminatorio y así lo hace ver la CIDH, lo verdaderamente relevante y que determina la Corte es que se infringe la legalidad propiamente dicha, por tanto, que los supuestos enunciados no eran compatibles con las letras de los códigos vigentes en ese momento.

Por otro lado, la Corte también critica la calidad de las normas internas argentinas en cuanto a lo concerniente a las detenciones privativas de la libertad y las requisas enunciando que las mismas no serian satisfactorias. No resulta muy claro en este sentido y quizá se entiende que lo que pretende esbozar es que no están suficientemente aclarados los supuestos. En los supuestos de las requisas, la Corte también dictamina que los códigos internos no definen la “urgencia” que posibilita al funcionario policial sin la orden judicial a proceder.

Pues bien, como una critica a dicho fallo, quizá no resultaría posible detallar minuciosamente y prever todos los supuestos posibles que se podrían subsumir a los posibles casos que pudiesen surgir.

Ahora bien, con respecto a la normativa aplicable del caso en ese contexto histórico, en relación al señor Fernandez Pietro, la Corte noto que el art. 4 del Código de Procedimientos en lo Criminal, vigente en la época que fue detenido, disponía que: “El jefe de la Policía de la Capital y sus agentes tienen el deber de detener a las personas que sorprendan in fraganti delito y a aquellas contra quienes hayan indicios vehementes o semivehementes o semiplena prueba de culpabilidad, debiendo ponerlas inmediatamente a disposición del juez competente”. Al examinar los hechos, la CIDH considero que la presunta “actitud sospechosa” que motivo la interceptación del vehículo no era un presupuesto asimilable a la fragancia o bien un posible indicio vehemente o semiprueba de culpabilidad, y por lo tanto no era un supuesto previsto por el Código de Procedimientos en lo Criminal.

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En un sentido asimilable al anterior, con respecto a la detención del señor Tumbeiro, el Código Procesal Penal de la Nación, establecía en su articulo 284 que “los funcionarios y auxiliares de la policía tienen el deber de detener, aun sin orden judicial a quien intentare un delito de acción publica reprimido con pena privativa de la libertad, en el momento de disponerse a cometerlo; a quien se fugare, estando legalmente detenido; de manera excepcional, contra quien hubiere indicios vehementes de culpabilidad y exista peligro inminente de fuga o de serio entorpecimiento de la investigación y al solo efecto de conducirlo ante el juez competente de inmediato para que resuelva su detención; y por ultimo quien sea sorprendido en flagrancia en la comisión de un delito de acción publica reprimido con pena privativa de libertad”.

Pues bien, la CIDH considero que ninguna de las razones que dio la policía para detener al señor Tumbeiro y solicitarle su identificación constituían en si mismas, o en conjunto, hechos o informaciones suficientes y concretas que permitieran a un observador razonable inferir objetivamente que probablemente había cometido o estado por cometer una infracción penal o contravencional. Aquí notamos como la CIDH hace suyas las palabras del Tribunal Europea de Derechos Humanos, desterrando, pareciera, como se enfatizo ut supra, la idea de calificativos como actitud sospechosa, vestimenta inadecuada y/o intuición policía.

Otra critica que se le podría esbozar al fallo es que no hace ninguna mención al argumento de la requisa por motivo de seguridad del funcionario policial, argumento que había sido mencionado en el proceso judicial interno y que tomaba como referencia el fallo Terry Vs. Ohio de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América.

Por lo tanto, a modo de colofón, se podría interpretar entonces que hasta que los códigos internos no prevean estos casos y condiciones en sus cuerpos, se debería intuir que no es un caso previsto por la ley y por lo tanto ilegitimo por contario al principio de reserva de ley conforme lo plantea el art. 7.2. de la Convención Americana de Derechos Humanos.

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Notas de Opinión

Interna en la PFA: cuestionamientos contra el comisario preferido de Aníbal

El frustrado atentado contra Cristina Fernández de Kirchner y la ineficiencia en la investigación dejaron en evidencia la interna dentro de la cúpula. Pelea entre el jefe Hernández y el número dos Matto. El predilecto del ministro avanza pero genera cuestionamientos

Columna publicada originalmente en MDZ

La ineficiencia y las desprolijidades que se generaron antes, durante y después del intento de ataque a Cristina Fernández de Kirchner han puesto en evidencia la dura interna que se vive en la conducción de la Policía Federal con críticas al comisario preferido del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, Alejandro Ñamandu y peleas porque nadie quiere pagar el costo político de la mala praxis.

La principal interna, al igual que en la Policía bonaerense, se da entre el jefe de la Federal, comisario Juan Carlos Hernández y el número dos, comisario Osvaldo Matto. El titular de la fuerza no es percibido por los efectivos como un jefe operativo, sino más bien un “jefe de relaciones públicas”, comentan a MDZ fuentes policiales. “Ni siquiera estaba en el país cuando le gatillaron a Cristina, vive viajando y no es un verdadero conductor de nuestra institución”, comentan en el edificio de la calle Moreno.

También destacan que nunca quedó claro el sospechoso choque que protagonizó a fines de 2020 con una camioneta Ranger que provocó heridos en los ocupantes de otros autos. Se comenta entre los hombres de azul que Hernández llegó al cargo mayor exclusivamente por su amistad con el amigo del presidente Alberto Fernández, Claudio Ferreño, presidente del bloque del Frente de Todos en la Legislatura porteña. El dirigente del PJ de CABA pasó por las filas de la Federal y perteneció a la promoción 82 al igual que Hernández donde se hicieron muy amigos.

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De todas formas, también exhibe un CV muy completo ya que es licenciado en Ciencia Política y Gobierno, egresado de la UCES, con posgrados en Historia Política y en Estudios Estratégicos y Prospectiva. Aunque sus detractores sostienen que aprovechó muy bien su larga estadía en el área de Custodias que le permitió construir excelentes vínculos políticos.

Lo concreto es que Matos, el números dos, intenta consolidarse por mayor liderazgo. Pero también tiene algunas cuestiones que hacen ruido dentro de la fuerza. Fue parte del Centro de Entrenamiento y Doctrina Policial, que enfocaba a los policías en cuestiones de derechos humanos, un programa del Ministerio de Seguridad bajo la gestión de Nilda Garré que no dejó precisamente buenos recuerdos.

Pero tiene una trayectoria de un cuadro muy operativo. Se trata del primer efectivo del GEOF llega a comisario general y a subjefe de la fuerza. Un activo valioso para una policía que está en plena transición a convertirse en una especie de FBI local al no tener más el manejo de las comisarías de CABA.

Precisamente, por esa nueva función es que resulta inaceptable la ineficiencia demostrada por la conducción policial donde quedaron en evidencia las diferencias internas y el poder ascendente del comisario preferido de Aníbal. Ñamandu es el hombre de mayor confianza del jefe de cartera de Seguridad desde hace varios años. El vínculo comenzó cuando fue de la custodia de Fernández. Las fuentes policiales y expertos en inteligencia cuentan que Ñamandu desautorizó a Matto en la madrugada del intento de ataque a la vicepresidenta y quedó a cargo de la investigación. “El desastre comenzó ahí cuando decidieron enviar el celular del detenido en forma improvisada y estropearon todo”, comenta un vocero de Seguridad.

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“Sospechosamente la movida de ese día se pareció mucho a lo qué pasó con el teléfono de Alberto Nisman, embarraron la cancha y por eso hay malestar contra el ministro y Ñamandu”, comentan con preocupación en fuentes de la Justicia Federal. Aníbal ha quedado golpeado luego de la ineficiencia demostrada por el manejo de la custodia y lo que ocurrió con el celular del detenido.

Seguramente el presidente Alberto Fernández lo va a sostener esperando que baje la espuma del escándalo, aunque sea el blanco de duras críticas provenientes del camporismo. “También aprovechan para pegarle porque fue uno de los pocos funcionarios del Gobierno nacional que se animaron a criticar a Máximo Kirchner por su renuncia a la presidencia del bloque y por haber militado contra el acuerdo con el FMI”, sostienen en la Casa Rosada.

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Notas de Opinión

El problema de la inflación es la distorsión de los precios relativos

La Argentina está enfrentando los efectos del exceso de emisión de pesos en los últimos dos años para financiar la expansión del gasto público. Brecha con los países vecinos

Columna publicada originalmente en Infobae

A punto de salir el IPC de agosto del Indec, todas las estimaciones muestran que la inflación del mes último mes se acercó al 7 por ciento.

Aun suponiendo una inflación del 6,7%, una vez más el aumento del IPC en Argentina estuvo muy por encima de la tasa que registraron los países vecinos. El más “complicado” parece ser Chile que tuvo una aceleración a 1,2%, en tanto, por el contrario, Brasil registró deflación por segundo mes consecutivo.

El gráfico más abajo muestra cómo se cae el relato del Gobierno cuando sostiene que la inflación es culpa de los que remarcan los precios, de los que ganan “mucho”, de los especuladores y demás argumentos de política de barricada, porque eso significaría afirmar que solo en Argentina están los empresarios malvados que remarcan precios.

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Lo concreto es que la expansión monetaria de 2020 hasta julio de 2022 generó una depreciación del peso que, aún sin que en agosto se haya emitido moneda para financiar al Tesoro, igual el deterioro continúa como consecuencia de la caída en la demanda de moneda.

Pero el problema principal de la inflación no es que los precios suben, en realidad es una ilusión óptica porque es el peso el que se deprecia. El problema principal de esta emisión es que se distorsionan los precios relativos, lo que implica que unos sectores salen ganadores y otros salen perdedores.

Es que cuando el gobierno expande moneda para financiar el gasto público, el proceso de aumento de los precios no ocurre en todos los bienes y servicios al mismo tiempo y a la misma velocidad, sino en la medida que los pesos emitidos empiezan a circular en la economía y van llegando a diferentes sectores vinculados inicialmente con el Estado.

Este proceso es más instantáneo en Argentina que en otros países, por la larga tradición inflacionaria y porque la caída en la demanda de moneda ya es casi simultánea. Es más, el rechazo a los nuevos pesos emitidos por el BCRA se produce ni bien entran en circulación. Un país como Argentina que destruyó 5 signos monetarios, que tuvo procesos inflacionarios, megainflacionarios e hiperinflacionarios tiene entrenada a la población para defenderse de la pérdida de poder adquisitivo de sus ingresos.

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Si todos los precios aumentaran en el mismo momento y a la misma tasa, el único problema que habría es que las transacciones se harían con valores nominalmente más altos, pero no habría ganadores y perdedores porque todos mantendrían su capacidad de compra y de ahorro.

Este ya no es el caso de Argentina porque la gente sabe que la suba de precios es producto de la emisión monetaria y, por lo tanto, no aumenta la demanda real de bienes y servicios, y los productores tratan de defender su capital de trabajo. Esta defensa del capital del trabajo es los que los populistas llaman especulación para buscar un culpable y no hacerse cargo del problema que ellos generan.

Si, llegado un punto, el gobierno, ante la espiral inflacionaria, decide bajar el gasto público para dejar de emitir, el que primero recibió la emisión e invirtió para abastecer la mayor demanda artificial descubre que le cae la demanda de sus bienes y se queda con lo que se dice en economía capacidad ociosa, que en realidad no es la consecuencia de una inversión errada basada en la distorsión de precios relativos que generó la emisión monetaria inicial.

Un ejemplo de este proceso se puede observar en EE.UU. ya que el mismo presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, advirtió que bajar la inflación llevará tiempo y provocará “algo de dolor” para las familias y para las empresas, pero también agregó que no frenar la inflación sería más doloroso: “Es probable que la reducción de la inflación requiera un período sostenido de crecimiento por debajo de la tendencia. Además, es muy probable que las condiciones del mercado laboral se debiliten. Mientras que los tipos de interés más altos, el crecimiento más lento y las condiciones del mercado laboral más débiles reducirán la inflación, también supondrán cierto dolor para los hogares y las empresas. Estos son los desafortunados costes de la reducción de la inflación. Pero si no se restablece la estabilidad de los precios, el dolor será mucho mayor”.

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Lo que está diciendo Powell es que se acabó el efecto de la droga de la emisión de moneda de los dos años anteriores y que ahora habrá que asumir el costo que produce la inflación, porque de lo contrario el sacrificio posterior será mayor.

En el caso argentino, la droga inflacionaria ya ha hecho tal desastre que hoy quitarse de encima esa adicción de emitir pesos para financiar el gasto público tiene el costo no solo de pésimas inversiones, que ya no las hay, sino que mucha gente vive sin trabajar.

¿En qué sentirá la gente el impacto para frenar la inflación?

En tasas de interés más altas; planes sociales insostenibles; caída del salario real; menor actividad; más desocupación; caída del poder de compra de las jubilaciones; y suba de las tarifas de los servicios públicos, entre otros efectos. Más aún cuando todavía no hay como contrapartida un plan económico y condiciones institucionales que permitan vislumbrar una salida de crecimiento.

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Una política antinflacionaria que se limita a frenar la emisión, pero que no tiene detrás un plan económico que atraiga inversiones y condiciones institucionales que lo respalden, tendrá un costo elevado y pocos beneficios.

El costo del populismo finalmente llega, y mayor es cuanto más precario es el plan antinflacionario que busque implementar en la emergencia.

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