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Judiciales

Corte Suprema: preparan pedido de juicio político contra el juez Maqueda

Un grupo de legisladores se encuentran recolectando pruebas para avanzar en un pedido formal de juicio político contra el magistrado, asediado por el escándalo de presunta corrupción en la Obra Social del Poder Judicial

Un grupo de diputados del Congreso Nacional ha estado trabajando estas últimas semanas en la recopilación de pruebas para hacer un pedido formal de juicio político contra el juez de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda, en el marco de las investigaciones que enfrenta el círculo íntimo del magistrado por presunta corrupción en la Obra Social del Poder Judicial.

Los fundamentos del pedido de juicio político -según explicó a este medio uno de los legisladores que impulsa la remoción de Maqueda- son varios.

El principal de ellos es su presunta participación en la Obra Social del Poder Judicial, a través de un grupo de familiares y de su médico personal -y ahora ex director de la obra social-, Aldo Tonón. Hay varias causas judiciales abiertas que se encuentran investigando posibles inconsistencias. Recordemos que la gestión diaria de la entidad médica estaba a cargo de Tonón y de múltiples familiares del magistrado.

Un nuevo dolor de cabeza para Maqueda: investigan su rol en un fallo clave

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Una de ellas era Guadalupe Burgos, sobrina de la esposa de Maqueda, quien reconoció ante la Justicia que, a lo largo de 17 años, firmó cheques por los pagos de la obra social, que son alrededor de mil millones de pesos mensuales, sin tener ninguna designación, sin ser contadora ni tener ninguna otra profesión y con escaso o ningún control. Otro de los nombres incómodos es el de la actual secretaria Maribé Bonucelli, quien también ocupó un cargo de alto rango en la estructura de la obra social.

Además de estas personas de su círculo de confianza, la Justicia planea citar a algunos de los proveedores que, durante años, prestaron servicios a la obra social y que, según confirmaron fuentes judiciales, estarían dispuestos a contar lo que ocurría durante la etapa de Tonón. A este eje se le sumará una serie de auditorías que serán solicitadas por la Justicia en base a denuncias que apuntaron directamente contra licitaciones multimillonarias llevadas a cabo durante la etapa en la que la Obra Social era manejada por gente cercana a Maqueda.

La sobrina de Maqueda quedó al borde del procesamiento por irregularidades en la Obra Social

Según confirmaron legisladores a NEXOFIN, el nuevo presidente de la Corte, Horacio Rosatti, quien tomó las riendas de la Obra Social, negó conocer detalles sobre irregularidades en las licitaciones, pero sí reconoció que el ente atravesó una profunda crisis, aunque aclaró que la misma está en vías de ser solucionada con la nueva conducción.

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Más allá de la Obra Social

Los mencionados desmanejos no son los únicos que impulsaron a los legisladores a recabar pruebas contra Maqueda. Hay otros temas espinosos por los cuales quieren que el ministro de la Corte dé explicaciones.

Uno de ellos es un tema derivado del escándalo de la Obra Social y son las versiones de negociaciones que llevó adelante Maqueda con el fiscal federal Carlos Stornelli, sobre quien pesa una investigación que, tarde o temprano, terminará en los despachos del Máximo Tribunal. El “plan canje” incluiría un cese de la investigación por parte de Stornelli en el caso de la Obra Social, a cambio de un futuro voto favorable por parte del juez cordobés en la causa que tiene al fiscal como procesado en una trama de espionaje ilegal.

Otro tópico sobre el cual los legisladores fundamentarán su pedido de juicio político es un encuentro revelado semanas atrás entre Maqueda y el alcalde de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta. Ambos se habrían encontrado a instancias del vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, pese a que la Corte debe definir sobre el litigio que la Ciudad de Buenos Aires lleva adelante contra Nación por la coparticipación. Este tipo de encuentros privados están prohibidos por acordada de la propia Corte Suprema.

También están analizando el rol que tuvo Maqueda en la paralización durante un año de una causa importante relativa al impuesto por los combustibles en Córdoba, lo que generó un perjuicio importante a las arcas del Estado. Por otro lado, hay personas del Poder Judicial de Córdoba que están dispuestas a declarar por presuntas presiones que recibieron por parte del magistrado para que su hija fuera ascendida en el cargo. Recordemos que la Cámara Federal de Córdoba tuvo que designar a Verónica Ferrer Deheza como Secretaria Civil, pese a que había recibido su título de abogada un año antes.

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Según explicaron a este medio, los legisladores también pondrán como base de acusación la palabra de testigos que aseguraron que Maqueda descalificó en numerosas ocasiones a la actual vicepresidenta, Cristina Kirchner. Esta inquina personal, sin embargo, no llevó a que el juez se abstuviera de participar en definiciones judiciales que tenían a la ex presidenta como principal interesada. “Maqueda llegó a decir que odia a Cristina, y hay testigos que lo pueden confirmar. De hecho, rememoró en varias oportunidades una pelea que tuvo con ella en un ascensor del Congreso“, narró una fuente del Congreso a este medio.

Historial de juicios políticos en la Corte

La última vez que el Congreso destituyó a funcionarios mediante juicio político fue cuando se inició el cambio de la Corte Suprema en el comienzo del gobierno de Kirchner, que impulsó el juicio político de 5 de los 9 jueces del máximo tribunal que había conformado Carlos Menem: Julio Nazareno, Guillermo López, Adolfo Vázquez, Eduardo Moliné O’Connor y Antonio Boggiano. Sin embargo, Nazareno, López y Vázquez renunciaron durante el proceso de enjuiciamiento para evitar la destitución.

Moliné O’Connor fue destituido en diciembre de 2003. La Cámara de Diputados lo había acusado por 9 cargos y el Senado alcanzó la mayoría necesaria de dos tercios de los presentes en 2 de esas 9 acusaciones. No alcanzó esa mayoría, sin embargo, para dictar la inhabilitación para ocupar cargos públicos.

El último caso se dio en 2005. En septiembre de ese año, el Senado destituyó a Boggiano. En este caso, se alcanzó la mayoría en 6 de las 14 acusaciones y además se resolvió la inhabilitación por tiempo indeterminado para ocupar cargos públicos.

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Otro revés judicial para Cristina Kirchner: Casación fijó audiencia para resolver la causa Hotesur

Al mismo tiempo que se dan los alegatos del juicio por corrupción en la obra pública, la Vicepresidenta fue notificada que el 10 de noviembre se resolverá su situación en la causa por asociación ilícita.

Mientras se llevan adelante los alegatos del juicio contra la Vicepresidenta, por irregularidades en la obra pública de Santa Cruz, en donde cada vez aparecen más pruebas comprometedoras contra la ex mandataria, las adversidades judiciales no dejan de llegar, ya que la Cámara Federal de Casación Penal fijó este viernes, una audiencia para el 10 de noviembre con el propósito de analizar el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa Los Sauces-Hotesur.

En esa fecha, a partir de las 10:30 de la mañana, el máximo tribunal penal del país analizará las apelaciones contra el fallo que declaró el sobreseimiento de todos los imputados, acusados por el delito de lavado de dinero y asociación ilícita.

La audiencia estará a cargo de la Sala I de la Casación, presidida por el juez Diego Barroetaveña, e integrada también por los vocales Daniel Petrone y Ana María Figueroa.

En tanto, las partes pueden optar por una audiencia presencial con exposiciones orales, como en el caso de las causas Dólar Futuro y Memorándum de Entendimiento con Irán, o presentar sus argumentos por escrito para la evaluación de los jueces.

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Por su parte, Cristina Kirchner y el resto de los imputados, entre ellos sus hijos Máximo y Florencia, llegarán a esta instancia, sobreseídos por una decisión adoptada por el Tribunal Oral Federal N°5, que a fines del año pasado tomó esa determinación por mayoría.

Del resultado de esa audiencia dependerá que los sobreseimientos sean confirmados o que, en su defecto, Casación los revoque y ordene que se sustancie el debate oral y público.

En ese caso, lo más probable es que el máximo tribunal penal disponga el sorteo de un nuevo tribunal para realizar el juicio, con el objetivo de preservar la garantía de imparcialidad.

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Juicio a Cristina Kirchner por la obra pública: “Hubo una connivencia insostenible entre Lázaro Báez y Néstor y Cristina Kirchner”

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola exponen en la octava audiencia de alegatos y ya anunciaron que culminarán su exposición con pedidos de condena para los trece imputados de la causa, entre los que se encuentra la vicepresidenta

La Fiscalía inició este viernes la octava audiencia de alegatos en el juicio contra Cristina Kirchner y Lázaro Báez por la obra pública en Santa Cruz. Diego Luciani y Sergio Mola comenzarán a cerrar su intervención y se acerca un momento clave.

Apenas comenzó la audiencia, Luciani se refirió a la jornada anterior, en la que expuso mensajes del exsecretario de Obras Públicas José López y al peritaje realizado sobre su celular: “Hemos dejado al descubierto la intervención de Cristina Fernández, Julio De Vido y Abel Fatala, entre otros para beneficiar a Lázaro Báez y sus empresas”.

El fiscal dijo que los ex funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas, el presidente del Banco Nación y los entonces funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad y los colaboradores de Lázaro Báez mantenían una relación “codo a codo”.

“Eran lisa y llanamente como una misma parte (…) a costa de los fondos del erario”, sostuvo y una vez más aludió al “canal privilegiado que tenía Lázaro Báez. “Lázaro Báez era Néstor Kirchner”, aseveró. En este sentido resaltó que Austral Construcciones “vivió a la luz de las tres presidencias kirchneristas”. Fue un “eslabón para sustraer fondos del Estado y cuando Cristina Fernández dejó el gobierno, la empresa desapareció, porque sólo podía subsistir bajo el amparo de la entonces presidenta”, insistió.

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Sobre este punto, hizo hincapié en lo fraudulenta que fue la quiebra, una vez que el kirchnerismo dejó el poder en 2015. La quiebra finalmente se decretó tras el reclamo de un acreedor por una deuda superior a los tres millones de pesos. “Era un crédito insignificante para los millones y millones que otorgó ilegalmente la administración pública durante doce años, cobraron más de 537 millones de pesos antes de abandonar las rutas y van a la quiebra por 3 millones de pesos”, explicó Luciani.

En este contexto “Austral Construcciones ni siquiera se intentó defender pese a que le pidieron la quiebra por un monto tan insignificante. Abandonaron las rutas y también abandonaron a la empresa”, señaló. “Hubo una connivencia insostenible entre Lázaro Báez y Néstor y Cristina Kirchner”. “Hubo una connivencia insostenible entre Lázaro Báez y Néstor y Cristina Kirchner”, resaltó más tarde.

Fue un “eslabón para sustraer fondos del Estado y cuando Cristina Fernández dejó el gobierno, la empresa desapareció, porque sólo podía subsistir bajo el amparo de la entonces presidenta”, insistió.

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La conclusión no puede ser otra: “Austral Construcciones fue una cáscara que más allá de las personas que aparecieron, fue creada por orden de personas para direccionar fondos públicos, los intereses públicos fueron gravemente afectados. Los fondos direccionados a Lázaro Báez correspondían a fondos que debían ser administrados correctamente por el Estado”, dijo Luciani.

En otro punto de su exposición, Luciani se refirió a la compra de bienes con el dinero de las obras inconclusas, los adelantos que le daba el Gobierno y los retiros extraordinarios de la empresa, que no tenían correlación con las ganancias que tenía Austral Construcciones: “Ahí está la plata que no pusieron en las rutas, en los bolsillos de quienes encabezaron la corrupción más grande en la historia de este país”, señaló.

Finalizada su lectura, comenzó la exposición del fiscal Sergio Mola, quien buscó destruir la excusa de persecución y “lawfare” que sostienen los acusados: “El lawfare no existe, este vocablo tuvo buen marketing con el fin de desacreditar las investigaciones penales”. Y agregó: “Es usual que cuando las personas no pueden revertir la prueba se empleen estos términos y autoproclamado perseguidos. Negar que el proceso transita el carril legal, es más bien una herramienta para amedrentar o perseguir a los magistrados para cumplir con su deber de hacer cumplir la justicia”.

Una vez que concluya la etapa de alegatos de los fiscales, el próximo lunes 22 de agosto comenzará la ronda de exposiciones de las defensas.

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La jueza Sandra Arroyo Salgado opinó sobre la causa Vialidad y pidió “estar muy atentos”

Ahí tendrán la posibilidad de exponer Carlos Beraldi en representación de Cristina Kirchner; Maximiliano Rusconi en representación del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y Juan Villanueva en representación de Lázaro Báez, además de los letrados del resto de las personas acusadas.

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Hotesur-Los Sauces: la Justicia rechazó el pedido de Cristina Kirchner para apartar a una jueza

Se trata de Adriana Palliotti. El Tribunal que tomó la decisión ahora tiene que definir si confirma el sobreseimiento de la Vicepresidenta y el resto de los imputados

Nuevo revés judicial sobre Cristina Kirchner: durante las últimas horas, la Cámara Federal de Casación rechazó el recurso que la defensa de la vicepresidenta había presentado para apartar a la jueza Adriana Paliotti del caso Hotesur-Los Sauces.

La medida fue tomada por la Sala I del máximo tribunal penal del país, que tiene bajo estudio, los sobreseimientos que dictó en ese caso el Tribunal Oral Federal 5, que integra Paliotti junto a los jueces Adrián Grünberg y Daniel Obligado.

Detalle clave: Pallioti había votado en disidencia. Cristina había pedido impugnar a la magistrada porque ya había intervenido en el juicio contra el empresario de la construcción Lázaro Báez por la ruta del dinero K. Ahora, la ex presidente, si quiere llevar adelante el reclamo, deberá recurrir a la Corte Suprema.

Adriana Palliotti

En noviembre del año pasado, el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) sobreseyó a Cristina Kirchner y a sus hijos Máximo y Florencia en las causas por lavado de dinero Hotesur SA y Los Sauces, sin realizar el juicio oral. También estaban acusados los empresarios K Lázaro Báez y Cristóbal López.

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La maniobra que se investigaba era el lavado de dinero que hacían la vicepresidenta y sus hijos a través de los hoteles que tienen en el sur del país. Incluían en este esquema a los empresarios beneficiados por el estado durante todo el kirchnerismo.

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