Denuncian maniobras oscuras en la AFIP

Las prematuras salidas de los cargos públicos que protagonizan algunos políticos dejan asentado en el ambiente un clima de sospecha ante los motivos que conducen a tomar decisiones de este calibre. Tal es el caso de Silvia Brunilda Traverso, quien supo estar al frente de la Dirección General de Aduanas y que, tras ser reemplazada recientemente por el massista Guillermo Michel, volvió a reflotar las polémicas no sólo en torno a su gestión si no también a los escalafones superiores.

Si bien Traverso se había jubilado con categoría básica en la Caja de Abogados de la Provincia de Santa Fe el 9 de septiembre de 2016, Mercedes Marcó del Pont, titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos -organismo estatal del cual depende la Aduana-, decidió otorgarle el cargo de directora el pasado 13 de diciembre de 2019 mediante Disposición 487/2019.

Las oscuras maniobras comenzaron a registrarse septiembre de 2020, cuando la ex diputada decidió hacer uso de las arcas del Estado y desembolsar más de $8.190.000 en cortinados dorados para sus oficinas con la excusa de “aumentar el confort y mejorar la imagen” de las distintas dependencias de la AFIP. En ese ínterin, Traverso, había contratado al marido y al cuñado de su hija, Hernán y Diego De Martini, con sueldos que superaban los cuatrocientos mil pesos.

Como si fuera poco, Marcó del Pont le delegó a la camporista María Cecilia Rodríguez, tanto la potestad de autorizar pases a planta permanente de personal sin título universitario, como la facultad de firmar nombramientos excepcionales en los casos en que los funcionarios no acrediten condiciones previas para el cargo.

Sin embargo, no fue hasta abril de 2021 que la gestión tomó un rumbo más polémico. Por aquel entonces las autoridades belgas habían secuestrado el mayor cargamento de cocaína de la historia europea, según calificó el periódico El País, de España. Aunque en un principio la policía de Bélgica mantenía la investigación en reserva, publicaron descuidadamente una foto en la que se veía el número de container, sobre el que cual El Disenso logró rescatar datos claves.

La investigación iniciada por el mismo medio arrojó que la carga había sido transbordada desde una barcaza paraguaya en el puerto de Buenos Aires el 9 de febrero. Los europeos confiscaron un total de 27.64 toneladas de cocaína, por un valor total de los envíos que rondan los 1.630 millones de dólares.

Si bien desde la Aduana argumentaron que “la mercadería en tránsito nunca ingresa al país“ (por lo que los excedería del deber de controlar cualquier tráfico entre barcazas en base a sus fundamentos), los artículos 410, 415 y concordantes del código sostienen que cualquier “transbordo sólo podrá efectuarse previa autorización y bajo control del servicio aduanero, en los lugares y durante los horarios habilitados para ello”.

La presunta desatención se condeciría con la principal hipótesis que barajan en el ambiente de la política, donde aseguran la existencia de una aduana paralela, avalada por Marcó del Pont, para coimear a los contrabandistas de granos.