Política
Los gobernadores del PJ quieren tomar el control de los planes sociales
Preparan un proyecto para eliminar la intermediación de las organizaciones piqueteras, y apuntan contra el opositor Polo Obrero y el Movimiento Evita

El proyecto aún no tiene fecha de presentación, pero se está trabajando con el aval y la supervisión de Cristina Kirchner. En lo formal, son los gobernadores del PJ los que tomaron la iniciativa. Sin embargo, en el plano político, la vicepresidenta y La Cámpora son los principales interesados en el traspaso de los planes sociales a las provincias y municipios, sobre todo los del conurbano bonaerense. Los potenciales perjudicados son las organizaciones piqueteras, oficialistas y opositoras, que no están bajo el control del kirchnerismo.
En términos metodológicos, los gobernadores del PJ arman la propuesta, se la presentan al Gobierno nacional -que da su visto bueno en aras de la “unidad” del Frente de Todos– y luego algún senador oficialista la firma para comenzar a tratarlo en el Congreso. Así se aprobó en la Cámara alta la iniciativa sobre el máximo tribunal y del mismo modo se diseña ahora un plan para eliminar la intermediación de las organizaciones sociales.
“El objetivo es descentralizar y federalizar”, dijo un gobernador peronista que participa de las reuniones preparatorias de la iniciativa. Aunque debajo de la letra oficial, el proyecto también esconde una necesidad político-electoral para el oficialismo: evitar que las organizaciones sociales financien su actividad con los planes -como lo admitió el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni– y que los utilicen como plataforma para competir en las urnas.

El Movimiento Evita, liderado por Emilio Pérsico, es otro que está en la mira del kirchnerismo. El referente es señalado por ubicarse “de ambos lados del mostrador”, ya que al mismo tiempo es funcionario de Desarrollo Social y jefe de una organización que creció exponencialmente. Pérsico controla unos 300.000 planes Potenciar Trabajo, un cuarto del total del programa que destina $19.000 mensuales a los beneficiarios.
La sospecha de que las “orgas” oficialistas y las opositoras –estas últimas mayormente vinculadas al trotskismo- se coordinan en una acción de “apriete” al Estado para conseguir más subsidios, se alimenta en las oficinas gubernamentales. Y llega hasta el despacho de Cristina Kirchner en el Senado, que se muestra muy interesada en la gestión de los planes. A tal punto, que citó en dos oportunidades al ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, para interrogarlo sobre aspectos puntuales de programas como el Potenciar Trabajo.
Se trata de un plan que reciben 1,2 millones de personas en todo el país y que se concentra en los tres cordones del Conurbano, donde el kirchnerismo tiene su base electoral. Cristina Kirchner y “Juanchi” Zabaleta son recientes aliados en la interna oficialista luego de que por dos años el intendente de Hurlingham en uso de licencia fue “el primer albertista”, aunque Alberto Fernández nunca terminó de habilitar el armado de su propia línea en el Frente de Todos. Y mantiene un pesado silencio sobre la propuesta para traspasar los planes.

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