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Gran Buenos Aires

Paritarias: intendentes del conurbano otorgan un aumento de hasta el 85% a empleados municipales

Solo algunas comunas del distrito cerraron alzas por encima del 60%

A pesar de la crisis económica que azota a la Argentina, intendentes del conurbano bonaerense acordaron subas salariales de hasta 85% para los estatales municipales, aunque son pocos los casos que cerraron alzas por encima del 60%.

Según detalla el canal TN, el municipio de Morón (liderada por Lucas Ghi) otorgará un incremento de al menos el 77% sobre los salarios básicos, que trepará a más del 85% en las cuatro categorías más bajas.

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En el caso de Avellaneda, bastión del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, el cristinista Jorge Ferraresi, el municipio les dará a los empleados un alza de 65% a lo largo del año.

El acuerdo prevé cuatro tramos de subas de 12%. El primero se asignó desde el 1° de marzo, mientras que los siguientes se implementarán desde el 1° de mayo, el 1° de julio y el 1° de septiembre, sumado a un bono fijo de $10 mil desde abril.

Mientras San Martín, territorio del ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis, se cerró un alza salarial del 65% para los trabajadores municipales en tres cuotas, marzo, abril, septiembre, y una nueva reunión en la segunda quincena de agosto.

Gran Buenos Aires

Corrupción: Escobar había contratado a los ex funcionarios de Mayra Mendoza investigados

Sebastián Raspa, ex ladero de la intendenta de Quilmes y administrador de cooperativas, recibió 47 millones de pesos del municipio gobernado por Ariel Sujarchuk

La Justicia investiga si las irregularidades con cooperativas denunciadas en Quilmes (en la administración de Mayra Mendoza) se replicaron en otros municipios. En este caso, se trata de Escobar, donde Sebastián Raspa, recibió cheques por más de 47 millones de pesos.

En base a informes de la AFIP -dos, de 18.000 páginas cada uno- y documentación que provino de la Unidad de Información Financiera (UIF), la justicia investiga un circuito de préstamos entre ex funcionarios del municipio de Quilmes, proveedores de la administración de Mayra Mendoza, empresarios y cooperativas.

Según detalla la periodista Lucía Salinas en el diario Clarín, el juez federal Luis Armella busca determinar si hubo o no un desvío millonario de dinero.

La UIF entregó informes patrimoniales y movimientos de fondos de todos los imputados en el caso. La principal acusada es la referente de La Cámpora, Mayra Mendoza, que cuenta con dos expedientes abiertos por presuntos hechos de corrupción: el que tramita en Quilmes a cargo del juez Armella y el que se abrió en Comodoro Py, investigación que dirige el juez Ariel Lijo.

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El entramado de nombres es mucho más amplio: se investiga también a ex funcionarios del municipio, quienes tienen control o son parte de cooperativas de trabajo que fueron beneficiadas con contrataciones por 535 millones de pesos entre 2020 y 2021.

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, junto al ex funcionario Sebastián Raspa

Para los investigadores, esa red de nombres es más amplia de lo que parecía. Algunos de los ex funcionarios estarían relacionados, de manera directa, a través de participaciones societarias o acuerdos comerciales, con empresarios que también figuran como proveedores del Municipio.

Corrupción en Moreno: denuncian a la intendenta por posible malversación de fondos

A las sospechas iniciales del caso ahora se sumaron cheques que recibió Sebastián Raspa, ex subsecretario de Hábitat, área que entregaba los contratos millonarios. Esos pagos fueron realizados por otro municipio kirchnerista, el de Escobar, gobernado por Ariel Sujarchuk hasta que Alberto Fernández lo designó titular del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable. En su reemplazo, de forma interina, se encuentra Carlos Ramil.

Respuesta oficial

Desde el municipio de Escobar señalaron que los pagos y contratos se formalizaron con las cooperativas “que iniciaron su relación con la Municipalidad en diciembre de 2016: bajo la ley orgánica de municipios, se realizó una compra de plantas para la mejora del espacio público”.

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Estatización de la salud: denuncian un plan de Kicillof para tomar clínicas privadas

La cartera que dirige Nicolás Kreplak como la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), que conduce Pedro Borgini, estarían llevando adelante una estrategia para controlar esas instituciones

La salud privada es una linda “caja” y una oportunidad de negocios para la política argentina; en especial, en el conurbano bonaerense.

Según el sitio Realpolitik, las clínicas privadas de la ciudad de La Plata aseguraron que la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), junto al ministerio de Salud dirigido por Nicolás Kreplak, estarían protagonizando una arremetida con el objetivo de quedarse con las mismas, en detrimento del sistema de salud local.

¿Cuál sería la estrategia? Ahogar a los organismos económica y financieramente, para luego clausurarlas y comprarlas a bajos costos.

“Los trabajadores y los pacientes están muy preocupados por la situación que están atravesando los prestadores de salud”, aseguraron.

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En las próximas horas, la Federación de Clínicas, Sanatorios, Hospitales y Otros Establecimientos de la Provincia de Buenos Aires (FECLIBA) llevará adelante numerosas denuncias al respecto, a la vez que realizarán presentaciones ante el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien viene haciendo caso omiso a las múltiples denuncias por el despilfarro de los fondos del IOMA.

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De acuerdo a los trabajadores de las clínicas que se encuentran envueltas en el conflicto, “la presión la ejercen los sindicalistas de ATSA, especialmente Alfredo Villacorta, quien se hizo conocido por ser acusado de pedir coimas y ahora quiere ser parte en una estrategia para que el ministerio se quede con los nosocomios”, aseguraron.

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Corrupción en Moreno: denuncian a la intendenta por posible malversación de fondos

El diputado de la Coalición Cívica Luciano Bugallo presentó una denuncia penal contra Mariel Fernández por la construcción de un importante chalet en un lujoso barrio privado

Problemas judiciales para la intendenta de Moreno, Mariel Fernández. El diputado de la Coalición Cívica Luciano Bugallo junto con el abogado Jeremías Rodríguez, presentaron una denuncia penal contra la funcionaria a quien acusa de enriquecimiento ilícito y malversación de caudales públicos por la construcción de un importante chalet en un lujoso barrio privado.

Ambos se hicieron eco de una investigación publicada por el portal periodístico “El Disenso” en la que se expone la supuesta operatoria de corrupción en connivencia con la Secretaria de Obras, María Gimenez (cuñada de la intendente) y dos arquitectos beneficiados por contratos municipales, Ricardo Fernandez, titular de la “Cooperativa 2 de Septiembre” y Juan Alejandro Miceli Galeazzi, quien fuera contratado para la construcción de un Polideportivo municipal.

Según expone Bugallo, la mandataria local adquirió un lote de 1327m2 e inicio una obra para la construcción de una lujoso Chalet en la zona de quintas de “La Reja”, en el barrio privado llamado “El Dique”, que cuenta con 300 m2 cubiertos, 119 m2 semicubiertos y piscina.

“Encomendó la construcción al arquitecto Ricardo Fernández, responsable técnico de la ‘Cooperativa de Trabajo 2 de septiembre Limitada’, favorecido con adjudicaciones de obras por parte de la Municipalidad y beneficiario de subsidios del Ministerio de Desarrollo Social de Nación; y al arquitecto Juan Alejandro Miceli, quien por pedido de la Secretaria de Obras Públicas del Municipio, se lo contrató de forma directa para realizar el anteproyecto de obra para el polideportivo de Cuartel V, por la suma de $5.445.000”, detalló Bugallo.

En la presentación judicial, realizada en la UFI 4 de Moreno, el legislador precisó que Miceli figura en el visado como proyectista de la vivienda, es contratista de la Municipalidad de Moreno y durante 2021 adjudicó contratos por un total de $14.120.350.

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De acuerdo a la denuncia, “de lo narrado se desprende que existe un aumento del patrimonio desproporcionado por parte de la intendenta de Moreno y se desconoce la presentación de las Declaraciones Juradas para justificar la compra del Terreno y la realización de la obra con dichas dimensiones”.

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